RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA Y CORRUPCIÓN PÚBLICA

Editorial:
B DE F / EUROS EDITORES
Año de edición:
ISBN:
978-9974-745-47-6
Páginas:
474
Encuadernación:
Rústica

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Capítulo I. La lucha contra la corrupción pública como eje central de la necesidad político-criminal de sancionar la participación de las personas jurídicas

Capítulo II. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Capítulo III. Extinción de la acción

Capítulo IV. Determinación de la responsabilidad penal en las relaciones internas de la empresa

Capítulo V. Sanciones penales y graduación de la pena

Capítulo VI. Exención de pena

Capítulo VII. Decomiso

Capítulo VIII. Situación procesal de la persona jurídica

Capítulo IX. Acuerdo de colaboración eficaz

Capítulo X. Programa de integridad

Capítulo XI. Contrataciones con el estado nacional

Capítulo XII. Registro nacional de reincidencia

Capítulo XIII. Disposiciones comunes

Capítulo XIV. Disposiciones penales

La presente obra tiene por objeto un análisis doctrinario y práctico de la nueva ley de responsabilidad de la empresa. Esa responsabilidad corporativa está limitada a ciertos delitos relacionados con la corrupción pública. La realidad social de cada día nos demuestra que las sociedades comerciales han tenido un papel preponderante en la participación de esos delitos de funcionario público, en especial en lo relativo a las contrataciones y licitaciones con el Estado. El caso "Odebrecht" constituye un botón de prueba para explicar el alcance y la importancia de las empresas multinacionales en el entramado de la corrupción pública. Lo trascendente de esta ley acá comentada es que pone el foco de atención sobre uno de los extremos del acuerdo venal y que muchas veces permanece en las sombras: la empresa cohechadora. Los esfuerzos del Poder Judicial se centraron casi siempre en la conducta codiciosa del funcionario público, pero, quizá por ausencia de herramientas jurídicas eficaces como la presente, desatendió investigar y sancionar a los particulares que habían tomado parte en el acuerdo ilícito y, lo que es más grave aún, se beneficiaron de manera ilícita con fondos públicos desviados para acrecentar las ventajas económicas de los contratos y licitaciones, al tiempo que condenaron a toda una sociedad al atraso social y económico que se refleja en una falta de crecimiento y sustentabilidad de la infraestructura crítica de una nación.

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