GUÍA PRÁCTICA PARA EL LITIGANTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO

Editorial:
FLORES EDITOR Y DISTRIBUIDOR
Año de edición:
ISBN:
978-607-610-483-5
Páginas:
336
Encuadernación:
Rústica
Colección:
AUTORAL

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La idea de realizar esta guía surgió cuando culminé la capacitación para ser operador del nuevo sistema penal acusatorio y oral, en la que se me instruyó sobre los lineamientos a seguir en las diversas audiencias que se llevan ante el juez de control o ante el tribunal de enjuiciamiento. Aunado a ello, ya se cuenta con un Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contiene las directrices y los requisitos que deben observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para cumplir con los fines del proceso, lo que trae como consecuencia asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver los evidentes conflictos que surgen con motivo la comisión de delitos en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Todo ello derivado de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia de seguridad y justicia, la cual tiene estrecha relación con la reforma constitucional de fecha 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, lo que conllevó a que las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en coordinación con los gobiernos federal y estatal, implementaran y se coordinaran para capacitar a los operadores como agentes del Ministerio Público, mediadores, asesores jurídicos y defensores públicos, así como de los jueces que estarían en dicho sistema. En el entendido de que el propósito es transitar hacía un modelo acusatorio adversarial, en el que el abogado, litigante u operador del sistema, en su calidad de parte, que no se prepare, quedará fuera, al desconocer las técnicas y estrategias de litigación y, por decirlo de alguna manera, las reglas a seguir en cada etapa o audiencia, sin que sea válido homologar las actuaciones o figuras jurídicas que se realizan en el sistema tradicional o mixto con el sistema acusatorio de corte adversarial.

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