El embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pablo Solón, celebró ayer que la Asamblea General de la ONU corrigiera "una injusticia" al adoptar una resolución propuesta por Bolivia que reconoce el agua potable y los servicios sanitarios básicos como un derecho humano.

La Asamblea General de la ONU adoptó ayer la resolución presentada por Bolivia que reconoce el agua potable como "un derecho humano básico" e insta a que se garantice su disfrute a los 884 millones de personas que carecen de acceso a ese elemento esencial para la vida.

La propuesta recibió el respaldo de 122 países, ni un solo votó en contra, aunque se registraron 41 abstenciones. La resolución también declara que el acceso a servicios sanitarios básicos es un derecho, ya que la contaminación del agua con materia fecal es una de las principales causas de mortalidad en los países más pobres del planeta.

"Esto es evidentemente histórico, y a partir de hoy podremos decir en las Naciones Unidas que el agua y el saneamiento son derechos humanos", dijo el diplomático tras la reunión del órgano de Naciones Unidas.

Solón señaló que con esa decisión se aborda un asunto "esencial para la vida que, por una serie de intereses particulares, no fue reconocido como un derecho humano".

Los países que se abstuvieron de votar, entre ellos EEUU, Suecia, Dinamarca, Japón y Reino Unido, se quejaron de que los promotores del escrito rechazaron las modificaciones propuestas. También consideraron que la resolución interfiere en los trabajos en esta materia de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra y señalaron que carece de sustento jurídico suficiente. Para el embajador boliviano, la resolución "tiene grandes implicaciones", ya que hay "más personas que mueren por enfermedades relacionadas con el agua contaminada que por las guerras".

Consideró que la aprobación del texto representa "un fuerte empuje" a la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio y será un asunto central en la cumbre sobre esas metas que se celebrará el próximo septiembre en la sede de la ONU.

Fuente: http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20100729/onu-reconoce-el-agua-como-%E2%80%9Cderecho-humano%E2%80%9D_82641_156964.html

Hizo saber que la Ley Federal del Trabajo vigente contiene en sus artículos 513 y 514 las denominadas “Tablas de Enfermedades de Trabajo” y “Tabla de Valuación de Incapacidades Permanentes”, respectivamente.

En las Tablas mencionadas radica en que, si un trabajador llega a tener alguna de las enfermedades ahí enumeradas, se presume que esa enfermedad se originó por el trabajo que desempeñaba, lo que puede generar significativas consecuencias jurídicas, como el derecho a disfrutar de las prestaciones sociales previstas en la ley.

Sostuvo que con base en las referidas tablas, se determina el grado de incapacidad de un trabajador y las indemnizaciones a que tiene derecho.

El Delegado Federal del Trabajo en la entidad, al abundar en el tema, indicó que además dichas tablas, “No han tenido ninguna modificación desde la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en el año de 1970, de manera que a pesar de los avances de la ciencia, han transcurrido más de cuarenta años sin que se hayan actualizado”.

En tal sentido, sostuvo que “estas disposiciones de la Ley son obsoletas, ya que no se han considerado las nuevas actividades desempeñadas en algunos puestos de trabajo, que debido a los adelantos de la tecnología, la utilización y manejo de nuevas substancias y materias primas, han modificado las condiciones laborales y los riesgos a que están expuestos los trabajadores”.

Recalcó que lo anterior se debe, en gran medida, a la dificultad que representa modificar la Ley Federal del Trabajo a través del proceso legislativo correspondiente.

Es por ello que en este importante tema relacionado con la salud de los trabajadores, la Iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo dispone que sea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (COCONASHT), la que realice la actualización de las tablas de enfermedades y de valuación de incapacidades.

Recordó que citada Comisión es un organismo tripartito previsto en la Ley Federal del Trabajo, en el que participan representantes de los trabajadores, de los patrones y del sector gubernamental, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud.

En la citada Iniciativa se propone también, que las Tablas sean revisadas cada vez que se considere necesario y conveniente, siempre y cuando existan estudios e investigaciones que así lo justifiquen.

Para ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la COCONASHT, deberán tomar en cuenta los progresos de la medicina, para lo cual podrán auxiliarse de los técnicos y médicos especialistas que se requieran.

Fuente: http://www.milenio.com/node/497115

José Luis Carazo Preciado, integrante del Consejo Técnico del IMSS y del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de México, explicó que si la Secretaría de Hacienda aplica dicha jurisprudencia y ordena al IMSS disminuir el monto de las pensiones a las personas que ganan alrededor de 17 mil pesos mensuales, el gobierno de Felipe Calderón se va a enfrentar a un “estallido social” casi al término de su sexenio.

La decisión de la SCJN de reducir el monto de las pensiones tiene su antecedente en dos controversias: en una el IMSS exigió tasar la pensión de un trabajador de acuerdo a la Ley del Seguro Social de 1973, que marca un tope de 10 salarios mínimos, y ganó, y en la segunda un trabajador obtuvo un amparo y se le aplicó la Ley del Seguro Social de 1997, que establece un tope de 25 salarios mínimos.

Al respecto, la SCJN informó en un comunicado que “se concluyó que fue intención del legislador establecer en el segundo párrafo del citado artículo 33, como límite superior del salario base de cotización para los seguros de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y que por ello el salario promedio base para cuantificar esas pensiones no podía rebasar dicho tope”.

Pero aclaró que “la jurisprudencia mencionada no resulta aplicable a los asegurados que decidan pensionarse conforme a la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio de 1997.

“La jurisprudencia tampoco deja sin efectos el texto del artículo 28 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1º de julio de 1997, pues, se insiste, únicamente interpretó el texto del artículo 33 de la Ley del Seguro Social derogada, vigente hasta el 30 de junio de 1997”, de acuerdo a la SCJN.

Sin embargo, entre el sector obrero hay temor de que Hacienda opte por ordenar al IMSS apegarse a la jurisprudencia de la SCJN.

“Estamos conscientes que esta decisión de verdad va a impactar mucho a la sociedad y que es necesarios tomar en cuenta, antes de asumir una decisión, que la sociedad ha encontrado en esto una cuestión injusta y que debe de ser analizada por la Secretaría de Hacienda.

¿Podría haber un estallido social? Yo no quisiera decir que sí, pero en realidad es una medida que ha lacerado muy fuerte a la sociedad mexicana”, dijo en entrevista con Milenio Diario el representante obrero ante el IMSS.

Carazo Preciado consideró absurdo que se pretenda hacer creer a la población que se afectará únicamente a “muy pocos” al 7 por ciento de la población que se va a pensionar en los próximos años, es decir, alrededor de 3 millones 850 mil, considerando que el IMSS atiende a 55 millones de mexicanos.

“No importa si son poco o si son muchos, como se nos ha querido decir; no importa si son clase-medieros o gente con una mejor condición de vida, realmente ellos, con sus cotizaciones, han aportado lo suficiente, incluso para subsidiar el servicio del IMSS para trabajadores de más bajos ingresos”.

Por tal razón, el sector obrero, dijo, ya se manifestó ante el IMSS contra dicha jurisprudencia de la SCJN y encontró apoyo de su director general, Daniel Karam, y estará muy atento sobre la resolución que emita la Secretaría de Hacienda, ya que es la encargada de pagar, conforme al acuerdo tripartita, una parte de las pensiones.

“Hay una información equivocada de que con esta reducción de 25 a 10 salarios mínimos se va a beneficiar las finanzas del IMSS. No es así, incluso podrían verse más afectada ya que una disposición de tal magnitud es una seria una invitación a que muchos trabajadores ya no reporten los salarios completos, sino que los mantengan en índices más bajos, lo que afectaría la recaudación de las cuotas obrero-patronales”.

Pero además, el IMSS se enfrentaría a una demanda legal de parte del Sindicato Nacional del Trabajadores del Seguro Social con el que tiene firmado un contrato colectivo del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP).

Para la CTM y el Consejo Técnico del IMSS dicha disposición “es legalmente equivocada porque no se atendió a los artículos que da vigencia, en particular a la Ley del Seguro Social de 1997, que establece que los trabajadores en transito debe de recibir de pensión hasta 25 salarios mínimos en el momento de su retiro”.

Además, es socialmente equivocada, porque una de las misiones del IMSS es buscar “la mejora en la salud de sus de los trabajadores y que tengan el mejor retiro posible. Esto también es injusto porque se está olvidando que es el sector cautivo, más importante que tiene el erario del país, que son los que pagan impuestos antes de recibir su salario, y es a ellos a los que se está afectando”.

Fuente: http://www.milenio.com/node/496478

El Banco de México (Banxico) se mantendrá atento a la evolución de las comisiones que aplican los bancos a sus productos y servicios, ya que no están impedidos para crear nuevos cargos.

La medida cautelar obtenida por Iusacell que impediría que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregue los títulos de concesión derivados de las licitaciones de las bandas 1.9 y 1.7 Gigahertz (Ghz) no ha surtido efecto alguno, por lo que no incurre en desacato.

En un comunicado, la SCT enfatiza que lo anterior es debido a que no ha sido legalmente notificada ni se han reunido los requisitos que señala el artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

“En cuanto sea legalmente notificada, la dependencia y la Cofetel –como sucede en cualquier juicio- harán valer los medios de defensa que tiene a su alcance”.

Los procesos de licitación de ambas frecuencias de espectro continúan, ya que no existe impedimento legal alguno para la entrega de las concesiones a los ganadores de dichos procesos, conducidos por la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Refiere que a lo largo de los procesos, varias empresas han interpuesto más de 60 medios de impugnación en contra de las licitaciones, sin embargo, ninguno de éstos ha derivado en detenerlas o suspenderlas.

“En este sentido, la SCT y la Cofetel harán valer todos los medios de defensa, oposición e impugnación que les permite la Ley en contra de las medidas provisionales que se emitan sin audiencia de parte”.

Mientras, la dependencia señala que se encuentra a la espera de la determinación de la Comisión respecto de la licitación de la banda 1.7 Ghz.

Fuente: http://www.milenio.com/node/495526

Con la reducción de 25 a 10 veces el salario mínimo vigente en la ciudad de México, de la cifra que se utiliza para calcular la pensión de los jubilados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ignoró el artículo 25 transitorio de la Ley del Seguro Social que entró en vigor el 1 de julio de 1997 (LSS-97) y deja indefensos a los trabajadores que pueden ver cortada su pensión hasta en un 60%, si el IMSS decide aplicar la jurisprudencia dictada por la Corte.

Ante esta situación, el trabajador no puede tomar una acción legal, sino hasta que sea jubilado y través de un amparo o de un procedimiento contencioso que podría ser valorado por un especialista, en este caso de la ley en particular, dijo Brenda Terán, gerente de Impuestos y Servicios Legales, en Deloitte México.

"En nuestra opinión, el único que puede llevar a cabo una acción legal es el jubilado. Sin embargo, puede haber otros afectados en el camino como las empresas que tengan un plan de pensiones privado complementario a las pensiones del seguro social, sin embargo, éstas no fueron afectadas en su esfera jurídica, su problema es contractual", dice Efaín Bastida, Socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte México.

Dejan en claro que el trabajador en activo no puede hacer nada porque está cobrando un sueldo, no una pensión y podría llevar una acción legal hasta que se jubile.

Sin embargo, advierte del efecto negativo que esta medida tendrá sobre la pensión del jubilado. Por ejemplo, si una persona de 65 años que cotizó  durante 35 años, y únicamente tiene a su esposa como dependiente económico y su cotización estaba en los límites máximos, estaría percibiendo una pensión de entre 35 y 40,000 pesos mensuales.

Estima que esa pensión disminuiría a un nivel de entre 13 y 15,000 pesos aproximadamente. Menos de la mitad, es decir, se convertiría en un 40% aproximadamente de lo que viene percibiendo hoy en día.

La decisión de aplicar la jurisprudencia queda en manos del IMSS, pero si en este momento el Consejo Técnico optara por aplicarla, las pensiones de un grupo muy importante de jubilados disminuirían 60%, pero automáticamente el IMSS cancelaría del balance general una parte del pasivo que es muy importante y el balance se vería mejor.

"No sabemos si el IMSS le esté apostando a la estadística y que probablemente sea un tema que tenga elementos para ganarlo en los tribunales. Sin embargo, no todos de los pensionados que se verían afectados van a iniciar un litigio, en el camino si algunos demandan probablemente cometerán errores en el proceso legal y de 100 ganarían 20 jubilados, con lo que el IMSS tendría un buen terreno".

Este es un tema fiscal, legal, financiero y contable, pero más que nada es un tema social "por el grupo de gente de la que estamos hablando, que se encuentra en la última etapa de su vida, y ya sufrió un desgaste físico, mental y de repente quitarle el 60% de la pensión, le cambias la vida", dice, Bastida.

El artículo transitorio 25 de la LSS

Este artículo establece que el límite máximo para cotizar en las ramas de invalidez y vida, y cesantía y vejez se incrementaba a partir de esa fecha de 10 a 15 veces. Por lo tanto, esto necesariamente debió tomarse en cuenta al establecer la Ley actual que el salario para el pago de las jubilaciones será el promedio del de las últimas 250 semanas de cotización.

En el artículo 25 transitorio de dicha ley, se menciona que el límite máximo de cotización al cual  puede llegar un trabajador será de 25 veces el salario mínimo vigente en la ciudad de México, mencionan Bastida y Terán.

"Hubo un régimen de transición que establecía que hasta el 30 de junio de 1997 el límite máximo para fijar la jubilación era de 10 veces el salario mínimo porque ese mismo límite era con el que el trabajador cotizaba", dice Bastida.

Explica que a partir del 1 de julio de 1997, hubo un periodo de transición que duró 10 años en el cual ese límite máximo se incrementó de 10 a 15 veces, ya que así quedó establecido en el Artículo 25 transitorio de la Ley.

"Ahí se estableció que llegaría ese límite máximo a 25 veces el 1 de julio de 2007, pero en con ese régimen transitorio, en el cual fue creciendo un salario mínimo por cada año. Esto, necesariamente debió ser considerado por la Suprema Corte".

Cuestionado respecto a por qué la SCJN no lo tomó en cuenta, menciona que "es algo que (los magistrados) tendrán que decir. No podemos ignorar que las dos leyes están vinculadas (la de 1973 y la de 1997), toda vez que las reglas para solicitar una pensión establecen que el promedio con el que se va a otorgar esa jubilación será el de las últimas 250 semanas cotizadas".

Ese límite no fue ni de 10 ni de 25 veces; esto depende de la fecha en la que el trabajador se jubiló.

"Por ejemplo, si un trabajador se jubiló el 30 de junio de 2010, cotizó al IMSS con 23, 24 y 25 veces el salario mínimo en estas ramas de aseguramiento en diferentes periodos, pero a partir del 1 de julio de 2007, cotizó  con ese límite máximo de 25 veces".

La legislación en materia del Seguro Social es muy compleja, expone, y con esa misma complejidad es que está redactada esta jurisprudencia y entenderla cuesta trabajo.

Destaca que aquellos trabajadores que cotizaron equis número de semanas con anterioridad al 30 de junio de 1997, y cruzaron la línea de las 2 leyes el 1 de julio de 1997, tienen la opción de jubilarse con la Ley del Seguro Social de 1973 (LSS-73) o la LSS-97, ésta última no ha cambiado con la decisión de la Suprema Corte.

La mayoría de la gente en esta situación, está optando por jubilarse con la ley de 1973 porque le conviene más desde el punto de vista económico. "Esa opción de jubilarse con la ley de 1973 tiene ingredientes legales tanto de la LSS-73 como de la LSS-97, que es la que está en vigor, porque el régimen, precisamente, de cómo se calcula la pensión, es de la ley de 1973", indica.

Sin embargo, "el salario promedio con el cual se determina la jubilación lo marca la ley de 1997, vigente, y dice que será el promedio de las últimas 250 semanas. Nada más que la SCJN toma en cuenta la LSS-73, dónde el límite máximo que estaba en vigor era de 10 veces el salario mínimo general, ignorando que el trabajador cotizó con 23, 24 y 25 veces el salario en las diferentes capas para sumar las 250 semanas. Y es precisamente la incongruencia que vemos".

Fuente: http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/07/23/pensiones-scjn-imss-jubilados-retiro

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no ha llegado a un acuerdo respecto a si van a aplicar la tesis de jurisprudencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionada con el salario mínimo que regirá para el establecimiento de las pensiones.

En el seno del Consejo existe división sobre la posición que deberá tomar el IMSS, toda vez que el sector obrero-patronal se han pronunciado en contra de la medida, destacaron Efraín Bastida y Brenda Terán, Socio de Impuestos y Servicios Legales y Gerente de Impuestos y Servicios legales, en Deloitte México, respectivamente.

No hay una fecha específica para que el IMSS se pronuncie por aplicar, o no, la jurisprudencia marcada por la Suprema Corte. Sin embargo, "esta indefinición está generando mucha incertidumbre respecto a qué va a pasar con la pensión de los trabajadores y si se aplicará ellímite de 10 veces el salario mínimo para quienes hayan optado por el régimen de 1973 que determinó la Suprema Corte de Justicia", indicó Efraín Bastida.

Sin embargo, algo que se debe revisar es la posibilidad de que el IMSS aplique esta tesis al jubilado que ya viene cobrando su pensión, sin que ello sea calificado como retroactividad porque no se está hablando de una nueva ley.

Bajo esta jurisprudencia, el Poder Judicial lo que hace es aclarar la lectura que debería habérsele dado a este articulo que señala el salario para jubilaciones, lo que significa que desde su origen tuvo que haberse leído de la forma en que se resuleve la Jurisprudencia, dice Brenda Terán.

"Quiere decir que, de acuerdo a la Jurisprudencia, a quellos trabajadores que le estuvieron pagando con un tope de 25 veces el salario mínimo vigente les deberían haber pagado su pensión con un salario de 10 veces el mínimo vigente en la Ciudad de México y esto debió de haber sido desde el momento en que se jubilaron".

Hay tres escenarios que pudieran presentarse en este entorno: que el Instituto Mexicano del Seguro Social deje las cosas como se encuentran actualmente; que diga a los nuevos jubilados que de acuerdo a la decisión de la Suprema Corte se les aplicará el límite máximo de 10 veces el salario mínimo general, y por tanto los próximos jubilados verán disminuida su pensión en aproximadamente 60%.

El tercer escenario, que puede ser el más improbable por el entorno que generaría, es que el IMSS diga a los que están jubilados que como la Suprema Corte dictó su jurisprudencia tendrán que devolverle al instituto los excedentes.

Por ello, hay que analizar con mucho cuidado todas estas implicaciones, aclara Efraín Bastida. De hecho, en su opinión expone que el único que puede llevar a cabo un juicio legal es el jubilado. Puede haber otros afectados en el camino, como son las empresas que tienen un plan de pensiones privado que es complementario a la Ley del Seguro Social, porque al disminuir la cantidad que el jubilado recibe del IMSS, ésta debe ser aportada por la empresa.

Ahora bien, "aventurarse a decir que al IMSS le saldrá caro aplicar la jurisprudencia porque le pueden solicitar en devolución las cuotas, es incorrecta. El jubilado sólo puede solicitar una pequeña parte porque la otra la aportó el patrón, el cual no se ve afectado en su esfera jurídica y no puede solicitar nada".

Y deja en claro que definitivamente esta decisión de la Suprema Corte ayudaría al IMSS a sanear sus finanzas- "Si el Consejo Técnico decide aplicar la jurisprudencia, las pensiones de un grupo importante de jubilados disminuye un 60%, automáticamente, pero el instituto cancelaría de su balance general una parte importante de su pasivo".

Fuente: http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/07/22/pensiones-trabajadores-afore-imss-issste

Lograr la equidad laboral entre hombres y mujeres -por ejemplo, que el mismo trabajo equivalga al mismo sueldo- no sólo es cuestión de que esté plasmado en la ley, también es necesario un cambio educativo en el país, opinaron expertos.

“Creo que es una cuestión de cultura (...), de educación. Y más que estar en las leyes, deberíamos irnos a la educación y que quedara muy claro en la formación de los futuros jóvenes la equidad”, dijo el académico del Tecnológico de Monterrey, Virgilio Bravo.

El Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del TEC, campus Estado de México, explicó que “formalmente” los derechos de las mujeres son iguales para los hombres, pero en la práctica es diferente.

“Creo que no hay un mismo tratamiento legal tanto para hombres como para mujeres (...) desde el ámbito profesional, donde muchas veces las promociones (para un cargo) las reciben en preferencia más hombres que mujeres.

“Es más, hay organizaciones que tienen hasta un comité de equidad, precisamente para tratar de equilibrar un poco ese desajuste (...), ese desequilibrio que existe de manera cultural, pudiéramos decir, en nuestro país”.

Respecto de los cambios que se deben de impulsar, el investigador consideró: “Todavía (...) somos un país muy conservador, con muchos atavismos, con muchos prejuicios respecto de cuál debe ser la labor de la mujer”.

Mientras que Blanca Rico, de la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC (Semillas), destacó las contradicciones gubernamentales para impulsar estos cambios, destaca que en la iniciativa de reforma laboral presentada por el PAN al Congreso, este partido argumenta que hay avances en términos de equidad de género, uno especial para las trabajadoras del hogar.

Sin embargo, dice, el gobierno detalló que en lo único que consiste el programa es en pedirle a los empleadores que incluyan, si pueden, a las empleadas en el régimen del Infonavit para que tengan acceso a una vivienda.

“En términos generales, digamos que en la Ley Federal del Trabajo las mujeres estamos contempladas ya, pero de manera exclusiva en relación con nuestra maternidad... como la no exigencia de la prueba de embarazo para la contratación, la incapacidad por embarazo, permiso para la lactancia. Pero realmente no se contempla ninguna otra variable sobre las necesidades específicas que tenemos las mujeres trabajando”.

Virgilio Bravo consideró que México ha hecho un gran trabajo y esfuerzo legislativo en la materia, “pero (...) esto pasa por un aspecto cultural, por un aspecto de educación, desde los menores, desde los más niños, y de esta manera (...) podemos fortalecer las leyes que ya existen”.

El investigador destaca que éste no es un fenómeno particular de nuestro país. “Sucede en México, sí.

Probablemente sucede menos que en otros países de América Latina, pero también sucede en países de primer mundo, donde la equidad es un gran reto para los gobiernos”.

Sin ley que las favorezca

Blanca Rico consideró: “No existe en términos reales una ley que favorezca a un sector importante de mujeres trabajadoras”.

“A pesar de que (...) desde el punto de vista legislativo existen algunos artículos en donde se dice que se debe recibir un salario igual por trabajos iguales, sabemos, y eso el INEGI lo tiene muy bien documentado, que las mujeres percibimos (...) en muchísimos empleos menos remuneración por un trabajo equivalente al que realizan los varones”, añadió.

Y pone un ejemplo, “de hecho, más de 1 millón de mujeres que trabajan en la industria (...) manufacturera textil y artesanal reciben un salario de 5.7 pesos por hora, en comparación con 10 pesos por hora que ganan los varones en el mismo trabajo”.

Así, Blanca Rico afirmó que en la Ley Federal del Trabajo están contemplados derechos de la mujeres en materia de maternidad sólo en términos generales.

“Y hay algunos sectores en particular que no están contemplados (en la actual Ley Federal del Trabajo) y que son mayoritariamente femeninos. Es el caso, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar”.

El segundo sexo

A pesar de que en México la participación de la mujer en la economía es cada vez mayor, aún existen brechas laborales de género que marginan en salario y oportunidades de trabajo a las féminas.

Empleadas domésticas, sin prestaciones

Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación revelan que aproximadamente 96% de las empleadas del hogar no tiene acceso a servicios de salud por parte de su trabajo y casi 80% carece de prestaciones laborales.

Hay mayor desempleo en mujeres

De acuerdo con la OIT, la tasa de desempleo mundial de las mujeres en el 2008 fue de 6.3 frente a 5.9% para los hombres. Entre el 2007 y el 2008, la tasa de desempleo aumentó tanto para hombres como para mujeres.

“Tareas propias de su sexo”

La Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada por el Conapred, reveló que para 40% de los encuestados “las mujeres que quieren trabajar deben hacerlo en tareas propias de su sexo”.

Propuesta de reforma laboral

La iniciativa de reforma laboral que apoya la Secretaría del Trabajo plantea “facilitar el acceso al empleo a los trabajadores en general y en especial a las personas con discapacidad y a la mujeres.

Embarazo y contingencia sanitaria

Dicho proyecto también contempla prohibir que las mujeres en periodo de gestación y lactancia, así como los menores de 16 años, laboren cuando sea declarado un acontecimiento de contingencia sanitaria.

Hijos y trabajo

Asimismo, la iniciativa “promueve la permanencia de las mujeres en el mercado laboral al prohibir al patrón despedir trabajadoras por estar embarazadas, por cambio de estado civil o por tener a su cuidado hijos menores”, informa la Secretaría del Trabajo.

Fuente: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/07/23/ley-no-cuida-mujeres-trabajadoras

La Legislatura de Arizona, controlada por los republicanos, aprobó la ley en abril para tratar de contener el flujo de inmigrantes ilegales y para reducir el tráfico de drogas y el crimen, lo que la puso en camino a un enfrentamiento con el Gobierno federal.

La ley establece que la policía local y estatal deberá investigar el estatus inmigratorio de cualquiera que despierte sospechas razonables de ser un inmigrante ilegal.

El Departamento de Justicia presentó una demanda este mes con la que busca bloquear la ley de Arizona, sosteniendo que socava la política exterior estadounidense y viola la Constitución del país.

Bolton podría emitir un mandato preliminar si decide que en última instancia el Gobierno tendría éxito en su campaña para que la ley sea revocada.

"Un fallo en cualquier dirección probablemente será una señal muy fuerte sobre cómo esta jueza contempla la validez de la ley de Arizona y la solidez de los argumentos del Gobierno", dijo Carissa Hessick, una profesora de derecho de la Universidad del estado de Arizona.

Está en juego "si el Gobierno tiene la autoridad plena sobre la política de inmigración y su cumplimiento. Potencialmente es un día muy importante", agregó Hessick.

El tema inmigratorio, y en particular qué hacer con los cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales que trabajan en su mayoría en empleos de bajos salarios en Estados Unidos, es un tema polémico en este año electoral.

Obama, cuyo Partido Demócrata enfrenta una compleja batalla para mantener sus mayorías en el Congreso en las elecciones legislativas de noviembre, apoya una reforma exhaustiva a las leyes inmigratorias.

La reforma haría más estricta la seguridad en la frontera y en los lugares de trabajo, y permitiría que los inmigrantes ilegales que han tenido buena conducta aprendan inglés, paguen una multa y avancen hacia obtener una ciudadanía.

Encuestas muestran apoyo para ley

Las encuestas de opinión muestran de manera consistente que la ley de Arizona es apoyada por una sólida mayoría de los votantes estadounidenses, lo que plantea riesgos para Obama al oponerse a la medida.

El mandatario ha advertido de que la ley de Arizona podría provocar un mapa de leyes estatales contradictorias en todo el país.

En un documento presentado esta semana, los abogados de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, sostuvieron que el estado no ha reemplazado a la autoridad federal, sino que busca 'asistir en la puesta en práctica de las leyes federales de inmigración ya existentes de una manera constitucional'.

En un comunicado, Brewer dijo que confía en que la corte 'rechazará el intento del presidente Barack Obama de evitar que nuestro estado proteja a sus ciudadanos debido a su fracaso en hacer cumplir las leyes federales de inmigración'.

Arizona sostiene que el Gobierno no ha conseguido asegurar la frontera, que la mitad de los inmigrantes ilegales del país ingresaron a través del estado, y que los inmigrantes ilegales que han cometido crímenes representan el 17 por ciento de la población penitenciaria del estado.

La demanda del Departamento de Justicia es una de las siete que se oponen a la ley. Los cuestionamientos podrían aplazar por años cualquier determinación final sobre la ley.

Fuente: http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/gobierno-ee-uu-demanda-ley-de-arizona-por-usurpar-autoridad-federal_7820160-1

Las primeras manifestaciones del cambio climático en el país se manifiestan en la sequía que padece la región norte, además de las lluvias y tormentas tropicales que se presentan en el noreste, así como en las grandes inundaciones en el centro y sur, convinieron legisladores y funcionarios participantes en el foro Impacto del cambio climático en el sector rural.

En el acto, que tuvo lugar ayer en la Cámara de Diputados, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, destacó que ante este fenómeno, que deriva en mayor evaporación de agua en las zonas agrícolas, se deben tener nuevos sistemas para el manejo del líquido con la finalidad de conservarlo y trabajar en nuevas variedades de semillas que puedan soportar temperaturas más altas y los efectos de la sequía.

Diputados, senadores, funcionarios federales e investigadores destacaron la importancia de impulsar políticas públicas que mitiguen el impacto de los gases de efecto invernadero y promover  un marco jurídico que permita enfrentar el cambio climático.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en San Lázaro, el panista Javier Usabiaga, sostuvo que el cambio climático es un nuevo reto para la humanidad, en particular para el sector agroalimentario nacional, en razón de que afecta el desarrollo de la sociedad rural.

Hoy tenemos que buscar las soluciones y encontrar el uso de las políticas públicas que generan oportunidades para el sector rural, agregó.

Elvira Quesada consideró que es necesario un trabajo conjunto para proporcionar a México, en el mediano plazo, una ley de cambio climático, toda vez que el país es altamente vulnerable a dicho fenómeno.

Esto no puede ser una política sexenal; necesitamos acuerdos claros, tácitos y bien integrados que incluyan al menos dos claves presupuestales: cuánto estamos gastando en adaptarnos al cambio climático, cuánto va a ser el costo de recuperar los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, así como cuánto gastamos en Cancún hace cinco o seis años.

Refirió que el Programa Especial de Cambio Climático ha impulsado una importante reducción de gases de efecto invernadero y que ese avance hoy es de 37.5 por ciento.

El secretario del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, el diputado panista Justino Eugenio Arriaga Rojas, recordó que sólo la Cámara de Senadores considera 34 ordenamientos que deben reformarse para atacar el problema, como las leyes de Desarrollo Rural Sustentable, de Aguas Nacionales, General de Desarrollo Rural Sustentable, así como la de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos, entre otros.

Todos queremos explicaciones sobre las causas del cambio climático y las tareas que hay que realizar; muchas de estas respuestas se encuentran en el espacio rural, pues el agua que consumimos en las ciudades provienen del campo y, a cambio de ello, los centros urbanos devuelven al campo aguas contaminadas, a tal grado que difícilmente pueden utilizarse para la agricultura, abundó.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Porfirio Muñoz Ledo, anunció una reunión interparlamentaria mundial sobre cambio climático, que se celebrará el 6 de diciembre, e hizo un llamado a sumarse a este esfuerzo que no es sólo una causa de México, sino mundial.

Los especialistas señalaron que la forma de vida tendrá que cambiar y deberán modificarse los hábitos sociales. Recordaron que ya se presentó una iniciativa de ley general de cambio climático que tiene como propósito duplicar la generación de energía mediante fuentes renovables en un plazo de 10 años; determinar la responsabilidad de las entidades federativas para armonizar sus legislaciones locales, así como la creación del fondo verde mexicano.

El director ejecutivo del Centro de Investigación Mario Molina, Carlos Mena Brito, subrayó que si se siguen emitiendo gases de efecto invernadero, más el aumento de población, la temperatura mundial podría elevarse seis grados centígrados hacia finales de siglo. En caso de impulsar políticas públicas para evitarlo, el crecimiento sería sólo de dos por ciento.

Las principales repercusiones del cambio climático, en caso de que aumente (la temperatura) de uno a seis grados, son que habrá más agua en las zonas tropicales húmedas y en las latitudes altas, pero menos agua y aumento en latitudes medias y bajas, por lo que un gran número de personas se verán afectadas por el estrés hídrico.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/22/index.php?section=politica&article=007n2pol

La decisión de la Suprema Corte de Justicia, de reducir de 25 a 10 veces el salario mínimo con el cual se calcula la pensión de los trabajadores mexicanos, manda claramente la señal de que el sistema de seguridad social de nuestro país está quebrado, coinciden investigadores del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Panamericana.

Aseguran que como no hay dinero, se lo quitan a los trabajadores haciendo una interpretación de la ley; de tal manera que el principio de derecho laboral, que es protector, la Suprema Corte de Justicia lo está negando. No se antoja difícil que el propio IMSS haya sido el que promovió la contradicción de tesis, alertan.

"En cualquier sistema jurídico, el derecho laboral es protector. En México, al trabajador se le están negando derechos adquiridos y principios fundamentales de lo que es el derecho de trabajo que es protector, benefactor, expansivo y extensivo", dice Virgilio Bravo,  director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México.

El pasado 9 de junio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobó reducir de 25 a 10 veces el salario mínimo vigente en la ciudad de México que se aplica para fijar la pensión de los trabajadores que cotizan bajo el régimen de pensiones previsto en la Ley del Seguro Social (LSS) de 1973, vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Mario Luis Cortés, Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Económico Empresariales de la Universidad Panamericana agrega: "por 30 años hemos pagado para tener una pensión con 25 salarios mínimos y ahora, de un plumazo, nos dice que nos la van a bajar a 10 veces. Eso se está haciendo porque el Seguro Social está quebrado".

Bajo la Ley del Seguro Social de 1973 (LSS-73), los afiliados que no coticen ininterrumpidamente durante las últimas 500 semanas de su vida laboral, perderán su derecho a una pensión y todas sus contribuciones al sistema, menciona el estudio de BBVA "Hacia el Fortalecimiento de los Sistemas de Pensiones en México: Visión y Propuestas de Reforma", realizado por Adolfo Albo, Fernando González, Ociel Hernández, Carlos A. Herrera y Ángel Muñoz.

Los afiliados con baja densidad de cotización enfrentan un alto riesgo de tener una vejez desprotegida, dice el estudio.

Con la LSS-73 una persona que gana 3 salarios mínimos que en 2010 se esté jubilando, según haya sido de constante en sus  aportaciones, su pensión puede ir desde 4,588 hasta 10,659 pesos mensuales, y en el año 2035, esas mismas cantidades quedarían en 9,754 y 16,192 pesos mensuales, respectivamente.

Sin embargo, los mismos casos, aplicando la LSS-97, para el año 2040, estarían recibiendo pensiones de 2,021 y 3,664 pesos.  En un promedio ponderado, las pensiones de 7, 907 pesos mensuales en el año 2035, quedarán reducidas a un estipendio mensual de 1,727 pesos para el año 2040, con la aplicación de la nueva LSS-97, destaca el informe.

El investigador de la UP subraya que de por sí "las pensiones son de risa. El IMSS busca por todos los medios escamotear semanas cotizadas y las cuentas nunca salen y ahora la Suprema Corte toma esta decisión. Por qué mejor no se ponen a ver la seguridad del país, la situación productiva, en lugar de ponerse a ver cómo le quitan más recursos a la sociedad".

Destaca que "por desgracia la Suprema Corte es la instancia máxima de injusticia de este país y contra ella no hay amparos. Las tesis generan jurisprudencia, que puede invocar el Seguro Social en un litigio para cambiar las pensiones. Nadie se ha querido jubilar por la Afore, sino que se están apegando a la LSS-73 y eso coloca al IMSS en posición vulnerable".

El académico del Tecnológico de Monterrey, Virgilio Bravo califica de desafortunada la decisión que tomó la Suprema Corte. "El derecho laboral tiene un principio universal que es protector, que es expansivo; esto es, todo aquello que beneficie al trabajador se establece como una norma o se favorece desde cualquier instancia legal. El hecho de reducir algo que tenía esta ampliación definitivamente no es favorable al trabajador".

Es una decisión que no afecta a todos los trabajadores, es principalmente al grupo que se acoge a la aplicación de la LSS-73 y con la LSS-97 muchos jóvenes mexicanos no se verán involucrados en este contexto, pero todos aquellos antes de esa fecha evidentemente van a recibir un menoscabo en su pensión, en su jubilación.

"Durante muchos años llevamos ciertas condiciones de trabajo, y ellos tuvieron la expectativa de tener al final de su vida una pensión importante. El reducirla no es favorable creo que va a fomentar un poco más la economía informal, el outsourcing, va a fomentar más la fragilidad en la relación de trabajo y, por otro lado, hay que preguntarle a la Suprema Corte cómo se va a resarcir a aquellas personas que generaron un recursos que ahora resulta no lo van a recibir".

Resalta que todo esto obedece a una grave crisis que enfrenta el país en el sistema de seguridad social, en el IMSS y en el ISSSTE. "En general, nuestra seguridad social es lamentable, es grave, dónde están todos esos recursos que durante muchos años los trabajadores generaron como parte de su contribución social, como parte de sus jubilaciones o pensiones".

Subraya que "ahora resulta que cada vez pierden más beneficios y es la misma Suprema Corte la que contribuye a esto, en un mundo donde el trabajo es incierto, temporal, muy frágil y eso todavía le agregamos una situación de fragilidad mayor, sobre todo con aquellos de la tercera edad que se jubilan".

Fuente: http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/07/20/pensiones-trabajadores-afore-imss-issste

La unión de varios países de América Latina con México en el rechazo a la Ley SB 1070 de Arizona puede significar la diferencia en lo que ocurra en ese estado norteamericano.

En entrevista, Celia González Hernández, directora de la carrera de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus estado de México, se congratuló porque varios países protesten.

Opinó que, si bien la cancillería mexicana tardó en hacer un pronunciamiento sólido en contra de esa ley, ahora con la unión de Bolivia, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Paraguay y Perú en la protesta se puede ejercer presión en Estados Unidos.

Advirtió que, si bien la ley está bien construida en su aspecto puramente jurídico, es necesario seguir con los pronunciamientos formales en contra de la SB 1070 por los riesgos que implica en materia de respeto a derechos humanos y discriminación.

Destacó la importancia del paso tomado por Paraguay, que presentó una demanda de inconstitucionalidad contra le ley.

A unos días de que entre en vigor la ley es importante darle seguimiento al trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos para mantener el tema vigente en la opinión pública.

La maestra González Hernández destacó que, además del tema puramente migratorio y de respeto a los derechos humanos, hay muchos temas que subyacen en este asunto y que se relacionan con temas económicos y sociales.

Por ejemplo, debido a las dificultades económicas de Estados Unidos, muchos mexicanos han regresado a sus lugares de origen al quedarse sin trabajo allá, sin grandes cantidades de dinero, ni perspectivas de empleo aquí.

Además muchos niños, hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en Estados Unidos y por tanto son ciudadanos norteamericanos, corren el riesgo de quedarse solos cuando sus padres sean deportados. Esto supone una descomposición y fractura social que deben ser atendidos en ese país.

Pero a largo plazo y “leyendo entre líneas”, señaló la académica del ITESM, los gobiernos de ambos países deben revisar su relación más allá de la aplicación de la ley.

Por un lado temas económicos como el regreso de los connacionales a México y la drástica caída de las remesas pueden afectar de manera seria al país.

Por otro las crecientes dificultades que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos para obtener documentos, abrir cuentas bancarias y establecer negocios lleva al crecimiento de la informalidad en ese país.

De esta manera las sociedades de ambas naciones deben también reflexionar en las dos direcciones sobre el fenómeno, que se relaciona con lo económico, lo político, lo social y la vida cotidiana de las comunidades.

En todo caso la aplicación de la SB 1070 debe considerarse como parte de un fenómeno más grande y complejo y colocarse a la migración y los derechos humanos entre las prioridades de la relación de México con Estados Unidos. (Con información de Notimex/AYV)

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=275123&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC

Después de pasar tres años en prisión, por haber sufrido un aborto espontáneo, Alma Yareli Salazar Saldaña recobró su libertad, al ser absuelta del delito de homicidio en razón del parentesco, según el Ministerio Público.

Al no acreditar la autoría criminal de Alma Yareli en la perpetración del delito, el magistrado de la Décima Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, Miguel Valadez Reyes, revocó la sentencia condenatoria de 27 años y seis meses de prisión, que había sido dictada por el Juez Primero Penal de San Miguel de Allende, en el proceso penal A-265/2007.

"Salió limpia, pues no había delito que perseguir; fue recluida injustamente. Nomás que a ver quién le regresa sus tres años de vida por estar presa en San Miguel de Allende", comentó Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, quien explicó que del año 2000 a la fecha 160 mujeres fueron denunciadas por el delito de aborto en Guanajuato.

Abogados de la Clínica de Interés Público, División de Estudios Jurídicos (CIDE), litigaron el caso de Alma Yareli, quien a los 25 años quedó presa en el penal de San Miguel de Allende.

La inculpada expuso que en octubre de 2007, en el tercer trimestre del embarazo se le vino el producto mientras estaba sola en su casa, perdió el conocimiento, y cuando despertó vio que se trataba de una niña que había muerto. Asustada, envolvió el producto en una sudadera y lo abandonó en la vía pública, explicó Cruz Sánchez.

El proceso penal describe que el 22 de octubre de 2007, "fue encontrada una persona del sexo femenino, al parecer, recién nacida" junto a un carro de tacos en la calle Calvario del centro de la ciudad de San Miguel de Allende.

Declaración procesal

El médico legista Gerardo Mendiola Guerrero, perito de la Procuraduría de Justicia, después de examinar el cuerpo de la bebé en su aspecto externo e interno, concluyó que la muerte fue por "hipotermia".

En su declaración procesal, Alma Yareli negó el homicidio. Refirió que para noviembre esperaba que naciera su hija, pero de forma imprevista se le vino el producto, perdió el conocimiento y no pudo ayudarla.

La directora del Centro Las Libres condenó el estigma social a las mujeres que tienen un aborto, la crueldad y el aislamiento con el que son tratadas en Guanajuato, y la carga moral de por vida.

Verónica Cruz Sánchez informó que recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga los casos de seis mujeres guanajuatenses que abortaron espontáneamente, pero que fueron condenadas hasta 30 años de prisión por el delito de "homicidio en razón de parentesco".

Explicó que la liberación de Alma Yareli, tres años después de estar recluida, abre la puerta de la justicia a las seis mujeres que siguen presas.

"Ellas no cometieron ningún delito y les fabricaron la prueba para poder condenarlas; tampoco son responsables del delito de aborto, ni siquiera lo intentaron, fue un accidente".

Citó a las sentenciadas por sus apellidos: Moreno, de 18 años de edad; Alarcón, de 23 años; Frías, de 35 años; Montoya, de 19 años; Juárez, de 18 años, y Rocha, de 19 años. Todas ellas inocentes y que injustamente están en la prisión por la política de criminalización al sexo femenino por parte del gobierno de Guanajuato, dijo.

Verónica Cruz expresó que los jueces las sentenciaron a la pena máxima de 35 años de prisión y con el recurso de apelación en segunda instancia, la que menor castigo tiene es de 25 años de prisión.

El Centro las Libres documentó con cifras que de 2000 a la fecha 160 mujeres fueron denunciadas por el delito de aborto en Guanajuato, siete de estas condenadas por homicidio y nueve que están pagando una sentencia por aborto.

Cruz Sánchez denunció que "el abuso de poder de quien procura y administra la justicia (Ministerio Público y jueces) llegó a sus límites en Guanajuato, a la exageración, al abuso del derecho penal, querían penalizar a las mujeres por el delito de aborto y terminaron sentenciándolas por homicidio en razón del parentesco", lo cual agrava la pena.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/notas/696748.html

imagesOpositor al proyecto cazamigrantes de Arizona, el descendiente de mexicanos dice que no será su prioridad cumplir con la polémica medida.

Es uno de los pocos sheriffs hispanos de todo Arizona, uno que no oculta su afecto hacia México, de donde provienen sus padres y en donde reside buena parte de su familia. Pero admite que si la ley SB 1070 entra en vigor dentro de 10 días, se verá obligado a ordenar a sus alguaciles revisar el estatus migratorio de todos aquellos que sean detenidos.

Aunque deja entrever la posibilidad de no ser tan duro como se lo piden.

“Creo que si entra en vigor, esta ley va a ser una pesadilla”, dice Tony Estrada, sheriff del condado fronterizo de Santa Cruz y firme opositor a la SB 1070, la llamada ley cazamigrantes. “Va a ser una pesadilla para la gente contra quien la están enfocando, para las familias, la comunidad, para todos”.

Hijo de migrantes mexicanos, Estrada tiene a su cargo la seguridad del condado de Santa Cruz, ubicado en uno de los puntos de mayor cruce de mexicanos indocumentados hacia Estados Unidos y donde en los últimos años miles de migrantes se han establecido como residentes permanentes, aun cuando no tienen papeles.

Personifica, además, la fractura policiaca que ha generado la ley SB 1070 en el estado, donde hay quienes la defienden a capa y espada, y prometen aplicarla con puño de hierro —como el sheriff de Maricopa, Joe Arpaio— y quienes se rehúsan a hacer el trabajo sucio a la migra.

En entrevista realizada en perfecto español, Estrada advierte que una “crisis mayúscula” se avecina para las agencias de seguridad de Arizona, que están a punto de ver cómo años de trabajo y esfuerzos por cortejar a la comunidad inmigrante para que les confíe datos sobre otro tipo de delitos, se van a la basura.

—¿Esta ley va a alejar a la comunidad mexicana de colaborar con ustedes en la resolución de otros crímenes?

—Sí, como víctimas o como testigos de crímenes, van a alejarse. Va a tener un impacto muy negativo, van a ver a la autoridad local como una amenaza, lo van a ver como un representante de migración, de manera que posiblemente ni reporten los crímenes verdaderos por el pendiente de que si no son ellos, vaya a ser alguien cercano el deportado.

“El gran problema que tenemos no es la migración ilegal, son las drogas. Los indocumentados no están dañando al país tanto como el narcotráfico. Los esfuerzos tendrían que ser en esa área”, sostuvo.

Por lo pronto, Estrada adelanta que será “muy complicado” evitar que una ley como esta lleve a que policías de a pie actúen bajo principios racistas y detengan a todo aquel que parezca mexicano.

“Los grupos de seguridad pública tenemos mucho pendiente porque vamos a tener un problema tremendo para tratar de evitar el perfil racial. La verdad es que esta ley está enfocada contra los mexicanos y los hispanos de Arizona. Ese es su enfoque y eso es lo que quienes crearon esta ley quieren que hagamos los policías: hacer trabajo de agentes de Migración”, dijo.

—¿Pero la va a aplicar si no es detenida por las cortes?

—La tengo que aplicar. No tengo otra opción. Sería la ley. Si en julio 29 entra en vigor, yo tengo una responsabilidad tremenda de aplicarla aunque no quiera, aunque esté contra ella. Eso es lo perverso de esta ley.

Sin embargo, Estrada dice que si bien tendrá que aplicarla, eso no implica que habrá de hacerlo con celo absoluto. “La voy a aplicar, pero tomando en cuenta que tengo otras prioridades. Si tengo otros pendientes que son más necesarios, más importantes, la SB 1070 se va a tener que quedar a otro nivel, no le voy a dar la atención que me piden”, indicó.

El sheriff insistió en que sus alguaciles no tienen el entrenamiento necesario para poder abordar asuntos de migración ilegal y que son policías cuya labor es prevenir el crimen y combatir los delitos, no determinar si una persona está legal o ilegalmente en Estados Unidos.

Como mexicano-americano, Estrada esboza una teoría de qué es lo que está pasando en Arizona para que una ley como ésta haya sido aprobada y cuente con el respaldo de buena parte de la población.

“Tienen un gran pendiente de que la mayoría vamos a llegar a ser hispanos o latinos. No sé cuál es el temor que tienen porque la cosa está mal enfocada, lo que es el hispano y en particular el mexicano en Arizona está ayudando al país, haciendo el trabajo que nadie más quiere hacer”, lamentó.

Fuente: http://www.milenio.com/node/491840

El presidente de la corte, el juez Hisashi Owada, iniciará la lectura del veredicto a las 13 horas GMT (15 horas local) en la sala de audiencias del Palacio de la Paz en La Haya.

El pasado 8 de octubre de 2008, la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó a la CIJ responder a la pregunta: "¿Se ajusta la declaración unilateral de independencia de Kosovo por las instituciones del gobierno provisional al derecho internacional?".

En el proceso han participado remitiendo sus opiniones fundadas tanto el propio Kosovo como una treintena de países de la ONU, entre ellos España, Estados Unidos y Serbia.

España intervino el pasado 8 de diciembre defendiendo en audiencia pública la ilegalidad de la declaración unilateral de Kosovo.

Según dijo la consejera legal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Concepción Escobar Hernández, "España está convencida de que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no es acorde con el Derecho Internacional, ni con el principio de soberanía e integridad territorial de Serbia".

España argumentó asimismo que al declararse independiente, Kosovo "asumió competencias" que correspondían al Consejo de Seguridad de la ONU, ya que en su opinión, correspondería a este órgano y no a las "instituciones provisionales" de gobierno de Pristina "decidir sobre el estatus político final" de la provincia.

Belgrado ha dicho hoy que "confía" en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declare ilegal la independencia de Kosovo mañana en La Haya, que de confirmarse así podría permitir renegociar el "statu quo" de ese territorio.

Hasta 69 países han reconocido hasta día de hoy a Kosovo -entre ellos Estados Unidos, Japón y 22 miembros de la Unión Europea (UE)- pero siguen sin hacerlo otros países como España, Rusia, China, Brasil o la India.

Pristina proclamó la independencia de la provincia serbia el 17 de febrero de 2008, pese a la rotunda oposición de Serbia y tras varias rondas de negociaciones infructuosas.

Para Serbia, ese acto supuso un intento de secesión por motivos étnicos y una violación del derecho internacional.

La CIJ abrió en noviembre pasado las audiencias al respecto, cuya opinión no es vinculante, aunque sí se considera que tendrá un importante peso político y jurídico.

Belgrado insiste en que nunca reconocerá a Kosovo como país independiente "ni implícita ni explícitamente", mientras que Pristina afirma que su independencia no puede ser cuestionada jurídicamente y que sólo puede haber conversaciones con Serbia sobre asuntos prácticos y técnicos "entre dos países soberanos". EFE

Fuente: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=461179

El presidente boliviano Evo Morales Ayma promulgó hoy la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la quinta de las normas emanadas de la Constitución política que conforman el andamiaje jurídico-político de una Bolivia autonómica y plurinacional.

Son cinco normas orgánicas para descolonizar de manera estructural al Estado plurinacional, afirmó Morales luego de estampar su firma en la legislación, que se sumó a las de los órganos Judicial y Electoral, a la del Tribunal Constitucional y a la del Régimen Electoral.

En la ceremonia, realizada en el palacio de gobierno sin la participación de legisladores de oposición y con la presencia de integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, dirigentes de movimientos sociales y diplomáticos, Morales Ayma hizo un reconocimiento a los asambleístas que en un tiempo récord, del mes de abril al sábado anterior, lograron cumplir con el mandato constitucional de aprobar esas cinco leyes antes de que venciera el plazo establecido, el 22 de julio.

La legislación, denominada Andrés Ibáñez en honor al héroe cruceño que en 1877 lideró la lucha por la descentralización, inspirado en el socialismo utópico de la época, consta de 149 artículos. Su objetivo es regular el régimen de autonomías departamental, municipal, regional e indígena y las bases de la organización territorial del Estado, fijando las competencias del nivel central del Estado y de cada uno de los niveles autonómicos, explicó el ministro de Autonomías, Carlos Romero.

En su discurso, luego de promulgarla, Morales Ayma señaló que fue informado de que todos los artículos (de la norma) se han consensuado (con la oposición), excepto el 145, que dispone la suspensión de un gobernador o un alcalde por la acusación de un fiscal.

Los que se oponen a la ley, afirmó Morales, anticipadamente están diciendo que van a robar o han robado y por eso no quieren que se apruebe esta norma. Quien no va a robar desde la gobernación o la alcaldía no tiene por qué tener miedo a las normas.

Ésta es otra fecha histórica, inédita en estas profundas transformaciones que estamos llevando delante de manera democrática, dijo Morales, quien reiteró que en el pasado las leyes eran producto de monopolios de grupos que tenían representación en los partidos políticos, pero en su elaboración no participaba el pueblo.

En el tema judicial, mencionó el mandatario, las leyes elaboradas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (bicamaral) permiten descolonizar la justicia para nacionalizar el derecho.

Apuntó que para acabar con la tardanza en la administración de justicia mucho dependerá de los operadores, pero en las nuevas leyes se han incluido sanciones duras para jueces y personal judicial subalterno que cometan faltas. También se garantiza la carrera judicial y se crea el defensor del litigante, apuntó.

Morales pidió a los asambleístas que en el futuro den prioridad a nuevas normas en temas sociales, productivos y laborales, en directa coordinación con el Ejecutivo y los movimientos sociales.

Sólo no podemos cumplir si no tenemos los recursos suficientes; no quisiera que los movimientos sociales me lleven a mí a prestarme plata para pagar los aguinaldos, afirmó.

Por su parte, Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz y cabeza de la oposición derechista en las provincias orientales, la llamada media luna, afirmó que gracias a la lucha de los cruceños por la autonomía se han dado pasos extraordinarios para construir una Bolivia con autonomías, con inclusión, y advirtió: que nadie se espante, cuando hay épocas como la que estamos viviendo siempre hay turbulencias.

A su lado, en una rueda de prensa en la capital cruceña, el senador Germán Antelo, jefe de la bancada opositora de Convergencia Nacional en el Senado, ratificó que se presentará una denuncia ante el Tribunal Constitucional, no contra toda la ley, sino contra los artículos que consideran inconstitucionales.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, rechazó la ley aprobada por el rodillo (la mayoría) del Movimiento al Socialismo, calificándola de burla al pueblo boliviano porque es una autonomía que en vez de otorgar recursos a los departamentos, controla todo y posterga el desarrollo de las regiones.

Cívicos de Beni y Tarija analizarán a su vez las medidas a tomar contra la norma, porque no reconoce los estatutos aprobados en 2008 ni garantiza los recursos para las competencias que asumirán las gobernaciones, según versión del diario La Prensa.

En tanto, el Comité Cívico de Potosí decretó la realización de un paro de 24 horas, de este lunes al martes, en protesta contra la ley, por considerar que algunos de sus artículos agravarán un conflicto de límites que ese departamento tiene con el de Oruro.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/20/index.php?section=mundo&article=020n1mun

A fin de mejorar la capacitación docente de los catedráticos de Derecho del Tecnológico de Monterrey, sus autoridades educativas realizaron un curso de formación profesional en el nuevo Sistema de Justicia Penal.

El curso “Formador de Formadores en el Sistema Acusatorio” busca capacitar a profesores del Tecnológico de Monterrey para que ellos, posteriormente, instruyan el conocimiento en funcionarios públicos.

Por lo cual el Tecnológico de Monterrey inició una capacitación a más de 50 docentes en el área de Derecho con el curso.

Así al final del curso, los participantes certificados formarán a su vez capacitadores que repliquen el conocimiento a todos los funcionarios, jueces, agentes del Ministerio Público, defensores públicos, abogados postulantes, y agentes ministeriales, entre otros, obligados a conocer y llevar a cabo el nuevo sistema de justicia penal en México.

Este curso se llevó a cabo gracias al acuerdo firmado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) de la Secretaría de Gobernación y el Tecnológico de Monterrey.

El Doctor Gabriel Cavazos Villanueva, director de la División de Economía y Derecho del Campus Monterrey, y que dio las palabras de Inauguración del evento, comentó que este es de gran trascendencia ya que el cambio en el Sistema Acusatorio ahora con los Juicios Orales es importante en nuestro país y en el estado de Nuevo León.

“Este sistema tiene como eje central un cambio a un sistema oral en que el juicio se hace más rápido, expedito, más transparente y abierto a la sociedad, involucra más cambios, pero la parte más notoria, es la instauración de un sistema de oralidad y de inmediatez”, indicó.

Durante la semana, los asistentes provenientes del Campus Monterrey, Saltillo, Chihuahua, Baja California, San Luis Potosí, y Tec Milenio, analizaron diversos temas como: “Características del Sistema Acusatorio y la Reforma Constitucional ”, “Etapa Preliminar de Investigación”, “Medidas Cautelares”, “Etapa de Juicio Oral”, “Ejecución de Sentencia”, “Casos Prácticos y Simulación de Audiencias”, entre otros, los cuales estarán a cargo de instructores del SETEC, de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal y el Tecnológico de Monterrey.

La primera conferencia: “Características del Sistema Acusatorio y la Reforma Constitucional ” fue impartida por el Licenciado Rogelio Rueda de León Ordónez, director general adjunto de Asistencia Técnica de la SETEC , quien habló sobre sus expectativas de este curso.

“Los asistentes conocen bien el sistema acusatorio, están especializados, lo tienen bien identificado, en sí, más que todo, haremos retroalimentación, intercambiaremos puntos de vista, será un taller más que un curso viendo los aspectos más relevantes, las tendencias a nivel nacional, qué implica y cómo va a afectar el nuevo Sistema Acusatorio.

Es muy importante la participación del Tec en ya que se está cumpliendo con el convenio, y se tiene contemplado certificar a estos participantes para que lo repliquen en todo el Sistema Tecnológico y posteriormente lo transmitan a todo el país”, señaló.

Para el Licenciado Juan Antonio Franco Valdez, director de la carrera de Licenciado en Derecho del Campus Saltillo, quien asistió al curso, comentó que esta capacitación es una gran oportunidad para enriquecer los conocimientos y difundir las nuevas reformas judiciales.

“Es un evento muy útil para tener este conocimiento y para nuestro el ejercicio profesional.

Lo más enriquecedor son las aportaciones de los compañeros, escuchar distintos puntos de vista de expertos en el ámbito jurídico, además, la idea es capacitarnos para ser punta de lanza en las reformas del sistema de justicia”.

A raíz de la firma del convenio, en días pasados se llevó a cabo una primera sesión de trabajo en el Campus Estado de México, a la que asistieron profesores de Derecho de dicho Campus, así como de otros aledaños a la zona.

Con el programa de instrucción a nivel nacional se espera lograr un efecto multiplicador que pueda llegar a la cifra un millón de personas capacitadas en el nuevo sistema de justicia.

El curso “Formador de Formadores en el Sistema Acusatorio” tuvo una duración de 40 horas y se impartió desde 12 al 16 de julio del 2010, en la Sala de Juicios Orales y en Aulas III del Campus Monterrey.

Fuente: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=414723

Desde la irrupción de Internet esta herramienta se ha convertido en un elemento imprescindible, al grado de que estudios destacan que los internautas en ocasiones prefieren renunciar al sexo o a los amigos antes que a la red. Para la industria cultural y sus creadores, resultó algo lesivo.

Varios países ya aplican ciertas disposiciones legales en materia de telecomunicaciones y derechos de autor –conocidos como canon digital–, lo que levantó amplias controversias entre usuarios y proveedores de acceso a Internet. En México el debate se abrió el año pasado, cuando se informó de la intención de regular las descargas de música, películas, videos, libros y otros bienes culturales y de entretenimiento.

La Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (CALC, que agrupa a más de 30 asociaciones y sindicatos relacionados con la cultura y el entretenimiento) se integró el año pasado en favor de que se establezcan reglas claras que permitan a internautas, proveedores de servicios de Internet y titulares de derechos el aprovechamiento legal de los contenidos.

Armando Báez Pinal, diputado priísta y líder del sindicato de músicos, presentó el pasado 27 de abril al Congreso una iniciativa para modificar la Ley Federal del Derecho de Autor. La primera es para cambiar la figura jurídica de la licencia para la copia privada o pago de un sobreprecio –adicional al impuesto al valor agregado (IVA)– a los dispositivos de almacenamiento digital como cedés, devedés, discos duros, reproductores digitales de música y otros.

La segunda es para regular la protección de los derechos autorales, a través de los servicios proveídos por Internet, que se ha identificado como ley de los tres avisos o 3-strikes. Establece que si el usuario de la web acumula tres reportes por piratería de cualquier tipo, se le cortará el servicio sin aviso previo y sin derecho a compensación. En los casos de reincidencia, legalmente formaría parte de una lista negra y se les prohibiría recontratar Internet.

La fuerte oposición de los usuarios y otros frentes, como la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), a la regulación que ya tiene lugar en otros países, provocó que el legislador retirara el pasado 9 de junio su iniciativa, identificada como canon digital, por su parecido a la reglamentación de España.

Este rechazo tiene como antecedente la creación de un movimiento en Twitter, llamado Internet necesario, que se opuso al gravamen de 3 por ciento a las telecomunicaciones contemplado en el paquete fiscal 2010 como parte de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). La fuerte respuesta en la red logró echar abajo el impuesto en el Congreso.

En contra de las iniciativas del legislador Báez Pinal, se creó en Twitter el movimiento Canonmx, que rechazó esta normativa, al que se agregaría una carga fiscal de 8 por ciento adicional al IVA a aparatos electrónicos –que permitan almacenar, compactar, duplicar, reproducir o copiar cualquier tipo de obra literaria o artística, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, videogramas, producciones y/ o transmisiones– para beneficio de los autores integrados en las sociedades de gestión colectiva, como la CALC.

Alfredo Reyes Krafft, coordinador de la Amipci, y otras voces en la red señalaron que el establecimiento de un gravamen no representa ninguna solución en la pretensión de regular el uso de nuevas tecnologías. Además, un sobreprecio encarecería productos y servicios, que de por sí ya tienen un impuesto.

Argumentó en entrevista que el canon digital –que en México algunos autores han designado cábalas digitales– es una medida que busca criminalizar las descargas de música sin ánimos de lucro, pero sus promotores olvidan que persiste un mercado de venta de productos culturales y de entretenimiento a precios altos y una especie de mafia, que copia de forma casi industrial obras como música y películas piratas que luego venden en la calle.

Afirma que el derecho de autor existe y hay que respetarlo, pero con acciones pactadas entre creadores, proveedores y usuarios de Internet, productores de equipos con dispositivos de copiado o grabación, y el gobierno.

Para ello, es necesario establecer criterios inteligentes y conscientes de la naturaleza y características técnicas de Internet, o de lo contrario puede darse lugar a absurdos como imponer el copyright en la red, que funciona con base en el copiado o reproducción total o parcial de contenidos.

Sobre la regla de los 3-strikes, alertó que de aprobarse se estaría convirtiendo a los proveedores de servicio de Internet en inquisidores o auditores de la información y de las consultas que hacen los particulares.

En México no se requieren esas medidas para el acceso a la red. Se tiene que cuidar la propiedad intelectual, pero sin imponer, ya que se corre el riesgo de frenar el crecimiento tecnológico, encarecer el precio de los servicios, afectar a la industria de tecnología nacional y generar más piratería, explicó Reyes Krafft.

Fernando Gutiérrez, especialista en temas digitales del Tecnológico de Monterrey, sostiene que de aplicarse las leyes que impulsan las sociedades de gestión colectiva –como parte de la regulación internacional conocida como Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés)–, se dañaría la protección de datos personales y se obligaría a los proveedores del servicio de Internet a fungir como policías de la red.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/19/index.php?section=sociedad&article=035n1soc

Pese a estar concebido como instrumento de consulta para que quienes deseen comprar un vehículo usado sepan si tiene reporte de robo, el Registro Público Vehicular (Repuve) tiene retrasos de más de un mes en la actualización de su información, aseguró Óscar Lugardo Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (Anca).

En entrevista, explicó que esa situación provoca desconfianza en los consumidores, quienes no cuentan con un instrumento confiable de consulta a la hora de adquirir un vehículo usado.

A María Jaimes Reyes le robaron su camioneta el 14 de junio pasado. Un mes y cinco días después de que interpuso la denuncia, su automóvil sigue apareciendo sin reporte de robo en la página de Internet del Repuve.

Según el sitio web, la mayoría de los delitos cometidos en el país están relacionados de alguna manera con vehículos, por lo que el registro tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica en los actos que se realicen con automóviles que circulen en territorio nacional mediante la identificación y control, además de brindar servicios de información al público.

El retraso en la actualización de los datos obedece a que desde principios de año el sistema informático con que que se alimenta el sitio electrónico fue cambiado y continúa presentando fallas, indicaron funcionarios del organismo a Jaimes Reyes.

La semana pasada La Jornada solicitó entrevistas con los funcionarios encargados del Repuve, pero ni en la oficina de la dirección general del organismo ni en la Secretaría de Seguridad Pública Federal hubo respuesta.

Según la página electrónica, la operación del registro y la aplicación de la Ley del Registro Público Vehicular corresponden al Ejecutivo federal, por conducto del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Jaimes Reyes comentó que al solicitar información para interponer una queja por el retraso, las autoridades implicadas se culparon unas a otras.

Mientras en la Procuraduría General de Justicia del estado de México (entidad donde ocurrió el ilícito) argumentan que el problema está en el registro federal (debido a que ahí es donde se sube la información a Internet), en el Repuve le dijeron que el retraso podía obedecer a que la procuraduría no había mandado los datos.

Lugardo Pérez manifestó que los retrasos no sólo se dan a la hora de subir la información, sino también cuando es necesario quitarlos de la página; por ejemplo, en los casos en que los autos son recuperados.

Además, abundó, no hay coordinación eficiente entre las procuradurías de Justicia y el Repuve.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/19/index.php?section=economia&article=019n2eco

Cansados de ver el crecimiento de la inseguridad en México, expertos en leyes, socios del Colegio de Abogados Regiomontanos (CARAC) cuestionaron el verdadero Estado de Derecho que alberga en la nación.

Así es que a manera de introducción, es pertinente señalar que el hombre no solamente vive, sino también convive, y esa convivencia requiere ser regulada por el Estado mediante normas jurídicas que permitan la concordia y la paz social entre sus gobernados.

Por lo que el entrevistado Gerardo Jiménez Cantú nos revela su punto de vista.

Para ello, el Estado en momentos determinados, otorga una mayor tutela a derechos fundamentales de los gobernados, creando a través de los órganos competentes, figuras delictivas que no son otra cosa más que la descripción de conductas consideradas ilícitas, cuya realización hacen acreedor a su autor de las penas señaladas en la propia norma, en la mayoría de los casos.

Como lo es el de la privación temporal de la libertad durante un lapso no menor de 3 días, ni mayor de 50 años, de acuerdo con las sanciones que se establezcan para cada delito1 -tratándose de delitos cometidos en el Estado de Nuevo León-, y de 60 años, por delitos del orden federal 2.

Y es que a decir del experto se cuestiona que el Estado dentro de una política criminal y en prevención del delito, ha hecho una amplia clasificación de delitos considerados como graves, que impiden que el infractor goce del beneficio de la libertad provisional bajo caución durante la etapa del proceso, que coloquialmente se le conoce como libertad bajo fianza.

“El juzgamiento de las conductas previstas en una ley Penal Federal, corresponde a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios, y a los Tribunales del orden común de cada Entidad Federativa sobre los delitos previstos en sus respectivos Códigos Penales, con estas herramientas y sus políticas de prevención del delito, el Estado pretende garantizar a la ciudadanía, el derecho fundamental de paz social”.

“Por lo que establecido lo anterior, me permito entrar propiamente en el tema de inseguridad, pues ahora bien, en mi opinión, a partir de la detención de Miguel Félix Gallardo el 8 de abril de 1989, siendo él quien coordinaba la operación del trasiego de la droga, propició que las células operativas iniciaran su actividad en forma autónoma, surgiendo así los cárteles de Juárez; Sinaloa; Tijuana; Arturo Beltrán Leyva, fraccionado con su muerte; el Golfo, ahora en lucha con su antiguo brazo ejecutor, los Zetas; y la Familia , y quién sabe cuántas fracciones de éstos puedan independizarse en su actividad delictuosa, por diferencias entre ellos mismos”.

Así de hecho este pregunta: “¿Cómo es posible que grupos de delincuentes tengan la capacidad de fuego para sostener una lucha abierta y desafiante a los tres niveles de Gobierno? Mi respuesta a tal interrogante es que”:

“No se calculó que estábamos y estamos frente a un imperio subterráneo: el imperio de la droga, con más poder, riqueza y posición que muchos Estados”

Además de que no se tomó en cuenta que la base de sus incondicionales, aún con escasa remuneración económica, están dispuestos a morir en sus acciones delictivas; no se tomó en cuenta la organización empresarial de los cárteles.

Igualmente no se tomó en cuenta que los cárteles son sierpes de mil cabezas, que la detención de una o la muerte de otra, las multiplica, como si fuera la Hidra de Lerna; no se tomó en cuenta la basta red de información que les permite planear su actividad ilícita y enfrentar con éxito a las Fuerzas Armadas; como no se previó que iba a surgir una guerra de guerrillas.

E incluso no se tomó en cuenta que nuestro vecino país del Norte, aparte de ser el mayor consumidor de drogas, es el principal proveedor de armas de alto poder a la delincuencia, al no ser ratificada, en el 2004, la ley que prohibía su venta.

“Tampoco se tomó en cuenta la capacidad de los cárteles para corromper y atemorizar a los servidores públicos bajo el lema “plata o plomo”, al grado que realmente, por lo menos en el Estado, no contamos con una Policía Municipal o Estatal eficiente y con capacidad inmediata de respuesta.

Se hizo un indebido cálculo al considerar que la guerra entre cárteles mermaría la capacidad de fuego de éstos, lo que le daría una ventaja al Gobierno Federal en su lucha contra la delincuencia organizada, situación que no aconteció”.

De manera tal que Jiménez Cantú dice que si antiguamente el delincuente se escondía de la Policía para realizar sus fechorías, es ahora la Policía quien se esconde de ellos, quienes realizan sus conductas ilícitas a plena luz del día y a todas horas.

La actitud huidiza de la Policía hasta cierto punto es entendible ¿Quién de nosotros arriesga la vida por un salario de 7 u 8 mil pesos mensuales?.

Por lo que el entrevistado cita que es importante frenar a los cárteles han ramificado su actividad ilícita primigenia del trasiego de la droga, al secuestro, a la piratería, al tráfico de indocumentados, a la extorsión, al robo de vehículos a mano armada y de madrinas que los transportan, y últimamente al robo de gas líquido en la Cuenca de Burgos.

Fuente: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=413353

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) tiene listas las modificaciones que se realizaron a la Ley de Extinción para hacerla más eficiente, anunció el coordinador del programa, Javier González del Villar.

Los cambios serán publicados en los próximos días por la Consejería Jurídica del local, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

A tan sólo 15 meses de haber entrado en vigor, la ley será modificada en su funcionamiento y procedimiento.

“Hay que ir modificando ciertas acciones que nos hemos venido enfrentando a lo largo de 15 meses de vigencia de este ordenamiento jurídico”, dijo el funcionario.

“Prueba de ello, es que se tuvieron que hacer una serie de modificaciones a la Ley de Extinción que están próximas a ser publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal”.

Las reformas se deben a que esa normatividad enfrente obstáculos en su aplicación, sino a una perfección en su funcionamiento y procedimiento.

Incluso, dijo del Villar, se anexará un nuevo delito que permite aplicar la Extinción: el encubrimiento por receptación; es decir cuando una persona colabora en guardar lo robado en su casa o comercio y cuando se favorece del delito.

La ley establece actualmente los delitos de trata de personas, secuestro, delito de delincuencia organizada y robo de vehículo.

“Encontramos la conducta de encubrimiento por receptación en donde hay una persona que tiene el vehículo que fue robado con anterioridad y, bueno, él obviamente es corresponsable de este delito al encubrir a la persona que en un principio cometió el delito de robo de vehículo”, indicó.

Fuente: http://www.milenio.com/node/487676

El vicecoordinador del PRI en el Senado Fernando Castro Trenti presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para reformar los artículos 9ª y 9c de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el propósito que el Senado de la República ratifique a sus Comisionados y se le otorgue a la Cofetel atribuciones como órgano descentralizado.

La propuesta el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, es para revertir la decisión de la Suprema Corte, que en 2007, quitó al Senado de la República la atribución de ‘objetar’ los nombramientos que hace el Ejecutivo de quienes conforman el órgano regulador.

“Además de que debido a que en la actualidad el reto es revertir el rezago que tiene México en materia de competitividad en telecomunicaciones, sobre todo si lo que se busca es resarcir los efectos negativos que la crisis del 2008 tuvo en nuestra economía, desalentando el crecimiento económico y la generación de empleos” aseguró.

Sostuvo que economías en desarrollo, como Brasil, India, China, entre otras, superan en esta materia a la economía mexicana, “la cual presenta, durante los últimos años, un retroceso que según especialistas, se deben enfrentar mediante directrices, tanto económicas, tecnológicas e instituciones especializadas para incentivar el mercado mexicano”.

El senador priista explicó que la Cofetel fue creada para garantizar la competitividad del sector sin embargo aclaró que no ha cumplido con las expectativas debido a la limitación del nivel de sus facultades, lo que impide que se constituya como el eje institucional sólido y confiable que proyecte una imagen, tanto al interior como al exterior del país, de un regulador que efectivamente incentive y regule las sanas prácticas en el rubro de telecomunicaciones.

En la exposición de motivos, el senador Castro sostiene que en junio del 2007, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la Acción de Inconstitucionalidad de la Ley Federal de Telecomunicaciones, invalidó la posibilidad de veto del Senado de la República respecto de las propuestas presentadas por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Comisionado, de ahí lo indispensable de que un nuevo proceso legislativo de certeza jurídica sobre la responsabilidad compartida del Congreso de la Unión con el Ejecutivo Federal en cuanto a los nombramientos de los Comisionados de ese órgano”, dice el documento.

Castro Trenti destacó la necesidad de que se instrumenten políticas orientadas a mejorar el desempeño de las instituciones públicas y privadas, y la promoción y desarrollo tecnológico, coadyuvando a incrementar la competitividad del país en los próximos años; de lo contrario, advirtió, “México seguirá perdiendo lugares en cuanto a nivel de competitividad se refiere y lo más preocupante: el bienestar de la sociedad irá en detrimento”, señaló.

La iniciativa, turnada a comisiones, señala que si los nombramientos de los comisionados fueren ratificados por el Senado de la República, “tendría el Congreso la facultad de velar que dichos nombramientos sean jurídicamente válidos y hacer obligatoria la observancia de lo dispuesto por las fracciones I, II y III del artículo 9-C, en particular de la fracción III que se refiere a garantizar la solidez técnica de la persona designada, pero sobre todo la autonomía e imparcialidad del Órgano Regulador de las Telecomunicaciones en el país. (esd)

Fuente: http://el-mexicano.info/informacion/noticias/1/3/estatal/2010/07/14/413289/proponen-que-el-senado-ratifique-a-titular-de-cofetel.aspx

A partir de 1985, tres años después del arranque de las políticas neoliberales en México, Petróleos Mexicanos (Pemex) empezó la estrategia de crear empresas subsidiarias que operan fuera del control de los órganos de fiscalización del Congreso de la Unión y de la legislación mexicana. De entonces a la fecha, cada gobierno en turno ha seguido la misma práctica de opacidad en la apertura de 16 subsidiarias dedicadas a comercializar crudo, ofrecer asesoría y servicios.

Estas empresas subsidiarias se encuentran ubicadas en nueve países de Europa, Norteamérica y el Caribe, de los cuales tres son considerados paraísos fiscales: Islas Caimán, Luxemburgo y Bahamas.

Además, la paraestatal petrolera ha constituido cinco figuras o vehículos financieros (Pemex Capital, Pemex Finance, Pemex Project Funding Master Trust, Fideicomiso F/163 y RepCon Lux) que realizan emisión de deuda y son tenedoras de bonos en los mercados internacionales, revelan las actas constitutivas de algunas de las subsidiarias, consultadas por La Jornada.

Al respecto, Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional independiente de Pemex, opinó que la adecuada fiscalización de los recursos públicos en PMI Comercio Internacional es un pendiente que va más allá de una controversia jurídica entre derecho privado y público. Al final, este diferendo puede y debe corregirse a través de los diversos procedimientos legislativos con los que cuenta el Congreso de la Unión. Los parlamentarios tendrán la última palabra sobre cómo tener mayor control y fiscalización de los recursos públicos. Este asunto debe centrarse en el ámbito de la transparencia y rendición de cuentas, derecho al que todo ciudadano debería tener acceso a través de contar con información veraz, oportuna y clara.

El 27 de mayo de 1985, durante la administración del presidente Miguel de la Madrid, Pemex constituyó en Londres, Inglaterra, la subsidiaria Pemex Services Europe Limited para la prestación de servicios como promoción, enlace y consultoría, relacionados con la industria petrolera, incluyendo el mercado europeo y mundial del crudo y productos petroquímicos y de gas, y para actuar como representante de las empresas, dedicada a la extracción, explotación y venta de estos productos en todo el mundo.

Posteriormente, entre 1987 y 1988 Pemex estableció otra subsidiaria en Ámsterdam, Holanda, denominada PMI Services BV, cuyo propósito es prestar servicios a otras empresas, el establecer, participar, tener intereses, financiar y administrar otras empresas comerciales de cualquier naturaleza; tomar y hacer préstamos, así como proporcionar garantías, incluyendo para deudas de terceros, lo mismo que cualquier otro objetivo que pudiera estar relacionado o condujera a los anteriores, y además participar en conducir la administración y financiar otras empresas de cualquier naturaleza.

Más adelante, el 24 de mayo de 1989 –durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, y la gestión al frente de Pemex de Francisco Rojas Gutiérrez–, se constituye en el Distrito Federal, ante el notario público Luis de Angoitia y Gaxiola, PMI Comercio Internacional, que tiene como objeto la comercialización, exportación e importación de todo tipo de productos o mercancías, sean materias primas, productos naturales o derivados de un proceso industrial, pero excluyendo la comercialización en territorio nacional en aquellas áreas reservadas para Pemex.

El 13 de enero de 1993 se crea otra subsidiaria denominada PMI Norteamérica, con un capital inicial de 50 mil pesos. Entre los consejeros destacan Pedro Haas García, ex funcionario de PMI Comercio Internacional; Marcos Ramírez Silva, ex director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, y José María Zubiría Maqueo, ex director de finanzas de PMI Comercio Internacional y posteriormente jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda.

El 19 de diciembre de 1996 Marcela Márquez Alonso, subdirectora jurídica de PMI Comercio Internacional, establece en México una sucursal de PMI Marine Limited, domiciliada en Dublín, Irlanda.

Para el 30 de diciembre de 2005 Jesús Fariza Requejo, asociado de Garrigues, despacho español que ofrece servicios de asesoramiento legal y tributario, interviene en nombre y representación de PMI Holdings NV, para cambiar la denominación y la sede de la subsidiaria que ahora se llama Holdings Petróleos España, y pasa de un domicilio en las Antillas Holandesas a España.

Éstos son algunos ejemplos del entramado financiero jurídico por medio del cual diversas empresas subsidiarias de Pemex quedan exentas de la fiscalización del Congreso, por ser constituidas como entidades privadas.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/13/index.php?section=economia&article=022n1eco

Nueve entidades estadunidenses interpusieron hoy una moción ante una corte federal en apoyo a la ley de Arizona SB 1070, al sostener que los gobiernos estatales están facultados para aplicar leyes de inmigración y proteger sus fronteras.

El recurso, interpuesto bajo la modalidad jurídica de “Amicus Curiae” (Amigos de la Corte) fue colocado ante la Corte Federal de Distrito de Arizona en Phoenix, por el procurador del estado de Michigan, Michael Cox, a nombre de los procuradores de nueve entidades.

Cox informó en un comunicado que Michigan encabeza el apoyo a la ley de Arizona y es respaldado también por Alabama, Florida, Nebraska, Pennsylvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas y Virginia, así como las Islas Marianas del Norte.

La moción coloca a estas entidades en choque directo con el gobierno del presidente Barack Obama, que el pasado 6 de julio interpuso una demanda para frenar la entrada en vigor de la SB 1070 al sostener que las leyes de inmigración son sólo de jurisdicción federal.

Cox dijo que “Arizona, Michigan y cada otro estado tienen la autoridad de aplicar las leyes de inmigración, y es terrible ver al presidente Obama utilizar dinero de los contribuyentes para detener los esfuerzos estatales para defender sus propias fronteras”.

La moción defiende “la autoridad de los estados para aplicar las leyes federales de inmigración, especialmente a la luz de la selectiva e incluso carente aplicación de estas leyes por parte de la administración Obama”.

“Bajo la actual situación, los estados han perdido el control sobre sus fronteras y han sido dejados a suponer cuál es la realidad| de la ley”, señala la moción.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien el pasado 23 de abril promulgó la SB 1070, agradeció a Cox el haber reunido apoyo de los procuradores estatales para defender el derecho de los estados a aplicar las leyes de inmigración y oponerse a la administración Obama.

“Estados Unidos fue fundado como una nación de leyes y no de hombres y estoy profundamente agradecida por la expresión nacional de apoyo por el derecho de los estados a la aplicación de las leyes”, indicó Brewer.

Una moción de Amicus Curiae se interpone para respaldar los argumentos de una persona o entidad que reclama o se defiende de una demanda y los jueces a cargo de los procesos pueden decidir si optan por escuchar o no a quienes desean intervenir bajo esta modalidad en el proceso.

El gobierno de México interpuso también una moción Amicus Curiae, pero en apoyo a una de las demandas que buscan frenar la ley SB 1070.

Con este recurso, México apoya la demanda de un grupo de asociaciones civiles, incluyendo el Fondo para la Defensa Legal y la Educación del México Americano (MALDEF), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Derecho Migratorio (NILC), entre otras.

En respaldo a dicha demanda, México pidió a la corte que se declare la inconstitucionalidad de la Ley SB 1070 y se impida su entrada en vigor programada para el próximo 29 de julio.

La SB 1070 declara como delito estatal en Arizona el ser inmigrante indocumentado y obliga a las policías locales a detener a personas sospechosas de serlo. (Con información de Notimex/CFE)

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=273964&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobará este miércoles los lineamientos mediante los cuales sus 300 juntas distritales procederán a la destrucción del material electoral de los comicios federales de 2009. En principio, se tiene previsto que en la semana del 27 de agosto al 3 de septiembre se realice la destrucción, la cual deberá llevarse a cabo usando procedimientos ecológicos, en función de que sea una acción socialmente responsable.

Conforme al acuerdo circulado previamente a la sesión, se instruye a las áreas de comunicación del IFE para informar expresamente a la sociedad que en ningún caso se tratará de material electoral correspondiente a los comicios de 2006. En este caso, dijo el consejero electoral Francisco Guerrero, el asunto se encuentra subjudice en la medida en que aún está pendiente de resolverse un recurso interpuesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionado con el acceso a la información de esas boletas.

Asimismo, el consejero Guerrero destacó que el acuerdo para destruir el material electoral de 2009 se logró porque todos los actores políticos, en especial el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se allanaron a deslindar estas medidas del proceso legal que se sigue sobre las boletas electorales de 2006. Éstas, dijo el consejero electoral, continuarán bajo resguardo militar en tanto se dirimen en los tribunales los recursos de acceso a las boletas interpuestos en su momento.

Por su parte, Marco Antonio Baños se refirió expresamente a las boletas de 2006, considerando que no sería ya sano para el país que cuatro años después se procediera a la apertura de los paquetes de aquellas polémicas elecciones presidenciales. Consideró que en su momento (calificación de la elección), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cometió un error de criterio histórico al no haber abierto los 40 mil paquetes electorales que entonces se encontraban impugnados y limitarse a alrededor de 11 mil.

En estos momentos, deslindó Baños, sería innecesaria la apertura para el país, aunque reconoció que existe un dilema jurídico interesante entre el derecho electoral y el derecho de acceso a la información. Si se privilegia la primera alternativa, no hay duda de que se debe proceder a la destrucción de los paquetes, pero existen otros argumentos de quienes piensan, en función del acceso a la información, que sería viable esta apertura de paquetes.

En esta ocasión, el acuerdo establece la cronología del proceso de destrucción de boletas y hace referencia a procesos anteriores (los cuales, dijo Guerrero, se vieron interrumpidos en su normalidad por la controversia surgida en torno a 2006 y el acceso a la información solicitado). Se destaca que en 2000 la documentación se destruyó entre el 9 y el 27 de febrero de 2001, con un costo total de 1.8 millones de pesos; en 2003, estas acciones se realizaron entre el primero y el 18 de diciembre, en la mayor parte, y entre el 24 y 28 de mayo de 2004, 12 mil 670 paquetes, que fueron sujetos a estudio.

El consejero electoral Alfredo Figueroa, de la Comisión de Capacitación y Educación Cívica, informó finalmente que el estudio aprobado para esta ocasión ha concluido, pero el informe se entregará en agosto.

Sin embargo, ya no será necesario mantener todo el material y se procederá a aprobar los lineamientos este miércoles, para concluir con todo este proceso, obligatorio por ley, en septiembre próximo.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/13/index.php?section=politica&article=007n2pol

La Universidad de Zaragoza ha sido premiada como la mejor del mundo en debate jurídico en lengua castellana en la Competición Internacional de Arbitraje y de Derecho Mercantil Moot Madrid 2010.

El galardón, conseguido por un equipo de la Facultad de Derecho integrado por estudiantes del último curso, enfrentaba a la universidad zaragozana con otras veinte de Europa y América en la resolución de un conflicto comercial, indican fuentes de la institución académica en una nota.

La competición consistía en un caso práctico que se basaba en la resolución de un conflicto comercial a solucionar por medio del arbitraje internacional, para el que cada equipo debía redactar una demanda y una contestación en las etapas preliminares.

Tras esto, cada equipo defendía en la fase oral su propuesta frente a otras universidades, en simulaciones de arbitraje frente a paneles de tres árbitros.

Éste no fue el único premio que recibió la Universidad de Zaragoza, ya que uno de los integrantes el equipo zaragozano, Alejandro Bes Garralaga, también fue nombrado segundo mejor orador de la competición Moot Madrid, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho.

EFE

Fuente. http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=452030

Para contrarrestar los argumentos económicos que han presentado empresas, cámaras y asociaciones del sector privado contra la regulación que pretende imponer el gobierno federal en la venta de alimentos y bebidas en las escuelas, en días recientes especialistas e instituciones de salud, públicas y privadas, se sumaron a la consulta pública que organiza la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) de la Secretaría de Economía.

Doctores, enfermeras, nutriólogos y pediatras han enviado sus opiniones, tanto a título individual como de integrantes de alguna institución sanitaria, para apoyar los Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica que elaboraron y promueven en conjunto las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (Ssa).

Lo mismo hicieron diversos organismos como el Instituto Nacional de Salud Pública, la Asociación Mexicana para el Estudio de la Obesidad, el Consejo Mexicano para la Evaluación del Estudio de la Obesidad, la Asociación Mexicana para la Prevención de la Insuficiencia Cardiaca, la Sociedad Mexicana de Pediatría, la Fundación Interamericana del Corazón, la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, entre otros.

En todos éstos abundan los argumentos, referencias a investigaciones científicas e incluso largos listados de bibliografía para probar la relación entre la obesidad y los alimentos de alto contenido energético que produce la industria alimentaria, así como los daños a la salud en la población.

No falta la argumentación jurídica e incluso de índole económica. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública, por conducto de su centro de investigación en evaluación y encuestas, señala que desde un punto de vista estrictamente económico los altos costos que provoca en el sector salud la obesidad y el sobrepeso de la población “no son pagados por los responsables de producirlos.

Los beneficios son privados y se concentran en los productores de alimentos y bebidas de alta densidad energética, mientras los costos son socializados entre los hogares y los costos, añade y avala la intervención del Estado porque de lo contrario el sistema de salud resultará inoperante.

La Fundación Interamericana del Corazón, sección México, advierte que frente a la libertad de comercio que alega el sector privado, y conforme a los principios de proporcionalidad, tienen mayor peso los derechos fundamentales de protección a la salud y alimentación de niños y jóvenes.

La Asociación Mexicana para el Estudio de la Obesidad, que agrupa a profesionales de la salud en distintas especialidades, advierte que no existe argumento o evidencia que anule el derecho a la salud de los niños y sostiene que la cantidad de energía y nutrimentos establecidos en los lineamientos tienen bases científicas y fundamento suficiente para prevenir la pandemia de obesidad.

El Instituto Nacional de Salud Pública desestima las quejas de los empresarios de que la regulación de alimentos en las escuelas bajará sus ventas, pues asegura que existe evidencia de que los estudiantes se adaptan a una nueva oferta en aquellos lugares donde se han adoptado políticas similares. La industria, prevé, puede aumentar ventas con los cambios y compensar así las pérdidas que sufrirá por reconvertir sus sistemas de producción al fabricar empaques más pequeños.

La salud es un derecho constitucional y el Estado tiene la obligación de tutelarlo, en particular entre la población infantil, sentencian la Asociación Mexicana de Pediatría y la Asociación Mexicana para la Prevención de la Insuficiencia Cardiaca al avalar la regulación propuesta por las autoridades, aunque acota que debe complementarse con otras acciones.

Fuente. http://www.jornada.unam.mx/2010/07/12/index.php?section=sociedad&article=036n1soc

Aunque la Cofetel declinó dar a conocer el resultado preciso de la votación realizada ayer por los cinco comisionados, fuentes cercanas confirmaron que en total fueron tres votos a favor, incluyendo el de De Swaan por él mismo, por lo que fue mayoría y no unanimidad.

En opinión de Irene Levy, abogada especialista en derecho de las telecomunicaciones, el ahora presidente de la Cofetel fue impuesto de manera hostil a través de presiones por parte del gobierno federal a los demás comisionados para tener el control de esta institución.

Dijo que la designación de Mony de Swaan primero como comisionado y ahora como presidente, son “una usurpación por la ilegalidad e ilegitimidad de su nombramiento, una mofa a los integrantes del sector, porque representa la poca estima que se le da al tecnicismo de esta industria y una afrenta al Poder Legislativo y Judicial por la violación a la ley”.

La abogada señaló que se espera que el Poder Legislativo promueva acciones legales, como la controversia constitucional, pues tiene la obligación de defender el estado de derecho y la legitimidad de las instituciones que deben estar al servicio de los ciudadanos y no del partido político en el poder.

“Veremos de qué están hechos los legisladores, y en su caso, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en caso de prosperar una controversia constitucional, porque hay violaciones jurídicas”, sostuvo.

Critican periodo

Levy cuestionó que el nombramiento de Mony de Swaan sea por ocho años, cuando tendría que ser por cuatro años, debido a que su llegada a la Cofetel fue para sustituir a Héctor Osuna, a quien le quedaba ese periodo por cumplir.

Gabriel Sosa Plata, experto en telecomunicaciones, aseguró que esto pone en duda la credibilidad de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de los comisionados, porque hace unos días ninguno de ellos estaba de acuerdo con la llegada de Mony de Swaan, pero si fueron influidos para votar a su favor, también lo pueden ser para tomar otras decisiones regulatorias que se les impongan.

“Esta es la primera vez que se elige a un presidente de la Cofetel por el voto del pleno, y no les dieron oportunidad a los comisionados de votar libremente y este proceso de elección se convirtió casi casi en un trámite”, destacó.

De Swaan va a cargar durante un buen tiempo con el sello de ser un alfil de Molinar Horcasitas, funcionario que en los últimos meses se ha ganado el desprestigio y crítica permanente por el tema de la guardería ABC, agregó Sosa Plata.

Ramiro Tovar Landa dijo que es decepcionante la decisión del pleno de la Cofetel, además de que fue un proceso con varias irregularidades y que levanta suspicacias sobre cuál es el objetivo del Ejecutivo federal, por lo que ahora el sector lo que espera son decisiones políticas más que de tipo técnico económicas.

“¿Qué les prometieron, cómo los presionaron, en qué cedieron para elegir a una persona sin experiencia y que se ha desempeñado en un entorno político?”, cuestionó el catedrático del ITAM.

Imposición e intereses

Es evidente que llega a la presidencia de la Cofetel por imposición y con indiscutible compromiso con el secretario Juan Molinar Horcasitas, por lo que la Comisión Federal de Telecomunicaciones es ahora una subsecretaría de Comunicaciones, un apéndice de la SCT, dijo.

Consideró que se trata de un encargo político para el manejo también del sector de radio y televisión, para el otorgamiento de concesiones y refrendos, que serán utilizados con fines políticos electorales.

Clara Luz Álvarez, abogada y ex comisionada de la Cofetel, dijo que ahora se verá en el camino qué tan autónoma es la Comisión, o si solamente es una extensión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Organizaciones civiles, funcionarios y académicos elogiaron la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de impugnar la ley SB 1070 de Arizona.

Representa un avance importante y una demostración de voluntad política para frenar la entrada en vigor de un ordenamiento violatorio de los derechos humanos, señaló la organización civil Sin Fronteras.

Agregó que la medida servirá de freno, le cerrará la puerta a un posible efecto dominó en otros estados tentados a reproducir este tipo de leyes.

Dijo confiar en que se repliquen actos contundentes contra normas que no ayudan a ver a la migración desde la óptica del desarrollo, sino de la criminalización.

El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica, afirmó en entrevista durante el foro Jóvenes y discriminación que es inaceptable una legislación como la SB 1070, pues está en contra de una tendencia internacional de protección de los derechos humanos. Además tiene una serie de costos enormes para la población de Estados Unidos: división, posibilidad de violencia, desconfianza, pérdida de capital y de cohesión social, así como enormes costos económicos para Arizona y Estados Unidos.

Especialistas en política exterior opinaron que México –aunque debe mantenerse respetuoso del proceso judicial interpuesto por el gobierno de Obama– está obligado a aprovechar las ventajas de la figura jurídica de amigo de la Corte para proveer de información al juez del caso.

Guillermo Colín Villavicencio, investigador del departamento de relaciones internacionales del Tecnológico de Monterrey, consideró que el gobierno mexicano debe mantenerse en contacto permanente con su similar estadunidense y el Departamento de Justicia para que el tema de la migración se mantenga vigente y no adquiera un toque electorero, y empezar a prever medidas consulares en caso de que la ley Arizona entre en vigor.

Laura del Alizal Arriaga, investigadora de la UAM Iztapalapa, sostuvo que México está obligado a promover una reforma migratoria, defender los derechos humanos de los mexicanos que cruzan la frontera e insistir en que la solución a la migración no está en leyes como la SB 1070, sino en dar atención a un problema cuyo origen es fundamentalmente económico.

Gabriel Pérez Duperou, encargado de vinculación de la Casa del Migrante de Saltillo, criticó que en México tampoco exista un marco legal y una política integral para atender la problemática de los migrantes centroamericanos que transitan por territorio nacional y son víctimas de delitos.

Añadió que la estrategia migratoria nacional, igual que en Estados Unidos, se centra en tratar de controlar la migración y de la forma más rápida deportar a los migrantes sin ningún respeto a sus derechos humanos.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/08/index.php?section=politica&article=014n2pol

Tras la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, con la que se busca regular el tratamiento legítimo y controlado para garantizar la reserva de la información  personal de cada mexicano en manos privadas, el Congreso de Oaxaca reconoció los alcances de esta norma al castigar con penas severas  la indebida utilización de este tipo de aspectos.

Los integrantes de la LX Legislatura consideraron que es necesario la protección jurídica efectiva de los datos personales, ya que desafortunamente en nuestro tiempo la intimidad está siendo amenazada en forma alarmante, debido al desarrollo de tecnologías y programas cibernéticos que permiten a otros sujetos tener una gran capacidad de intrusión en nuestra vida privada.

En Oaxaca, los datos personales que entregan los ciudadanos a las instituciones públicas al realizar algún trámite o solicitar un servicio, están protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales  aprobada por Congreso local el 23 de agosto de 2008, compuesta de cuatro capítulos con  46 artículos y dos transitorios.

A través de esta norma se reglamenta el tratamiento de información íntima o confidencial que revelan  origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical y la referente a los estados de salud físico o mental, preferencias sexuales u otras análogas que afecten la intimidad de una persona.

Los sujetos obligados de esta iniciativa, de acuerdo con el artículo 5, son los tres poderes del Estado y sus instancias respectivas, las administraciones públicas estatal y municipal, incluidos los organismos desconcentrados y descentralizados, las empresas y fideicomisos de participación estatal y municipal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre otras.

Asimismo, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, las universidades e instituciones de educación superior públicas, el Instituto Estatal Electoral, en los términos de esta ley, y cualquier órgano autónomo del Estado, así como las personas físicas y morales que administren datos personales derivados del ejercicio de recursos públicos o la prestación de los servicios.

Para hacer valer esta ley y como lo establece el artículo 42, el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (IEAIP) ha promovido la creación de los sistemas de protección necesarios para garantizar la privacidad de las personas, con lo cual los datos sensibles que los ciudadanos proporcionen están protegidos además de impulsar  un manual en esta materia.

Algunos de los alcances de la ley federal sobre este tema son sanciones de hasta cinco años de cárcel y 18 millones de pesos de multa a los particulares que lucren con las bases de datos confidenciales, el consentimiento de su titular para su uso y el establecimiento de medidas de seguridad

Fuente: http://ciudadania-express.com/2010/07/07/oaxaca-garantiza-la-proteccion-de-datos-personales/

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, garantizó este miércoles que el Ejecutivo comunitario aplicará la sentencia que dará a conocer mañana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre la 'acción de oro' utilizada por el Gobierno portugués con el fin de vetar la propuesta de Telefónica para hacerse con la participación que Portugal Telecom (PT) posee en el operador brasileño Vivo.

"La Comisión va a aplicar la decisión del Tribunal de Justicia sea cual sea. Tenemos el deber de hacer aplicar el derecho comunitario", señaló Barroso en rueda de prensa en Estrasburgo tras reiterar que Bruselas considera ilegal este mecanismo.

Barroso evitó pronunciarse sobre si la decisión de Lisboa revela una deriva proteccionista del Ejecutivo de José Sócrates, alegando que se trata de una cuestión interna de Portugal, pero dejó claro que la Comisión considera que la 'acción de oro' viola el derecho comunitario y que, por eso, ya lanzó un procedimiento de infracción contra Portugal en 2005.

"Hace tiempo que la cuestión es recurrente" dijo tras insistir en que la 'acción de oro' es contraria al Tratado en lo que respecta al principio de no discriminación y el de libertad de circulación de capitales. "Por lo tanto, nos atenemos a la apreciación jurídica. No es una cuestión política sino jurídica", enfatizó el político conservador portugués.

Asimismo subrayó que, cuando hay una violación del derecho comunitario, la Comisión tiene la obligación de actuar y, en este sentido, recordó que Bruselas ha lanzado en los últimos años al menos ocho procedimientos de infracción contra ocho países: España, Italia, Países Bajos, Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Portugal.

"La posicion de la Comisión está clara. No tenemos elección. Si queremos respetar el derecho comunitario tenemos que actuar cuando constatamos una violación de un país europeo", resumió.

El Ejecutivo de José Sócrates usó el pasado 30 de junio la 'acción de oro', un derecho que permite impedir determinado tipo de operaciones de carácter estratégico aunque una amplía mayoría de los accionistas de PT dieron el visto bueno a la oferta de Telefónica sobre Vivo.

La demanda que el gobierno de Estados Unidos presentó en una corte federal contra la iniciativa SB1070 de Arizona avivó el debate sobre las políticas de inmigración de ese país, así como la forma en que debería ser la política de seguridad fronteriza.

Ya desde antes de que el Departamento de Justicia hiciera público el contenido de la demanda, contra el estado de Arizona y la gobernadora Jan Brewer, dos senadores federales por el ese estado calificaron de “muy prematura” las medidas jurídicas de la administración de Barack Obama.

“Los estadounidenses deben estarse preguntando si el gobierno de Obama realmente está comprometido con reforzar la seguridad en la frontera, cuando demanda a un estado que simplemente trata de proteger a su gente endureciendo la ley de inmigración”, señalaron los senadores del Partido Republicano Jon Kyl y John McCain en un comunicado.

Por su parte, la representante demócrata Ann Kirkpatrick también criticó la demanda a través de un comunicado.

“Una batalla legal entre el gobierno federal y el de Arizona no nos acercará a tener una frontera más segura o a reparar el fracasado sistema de inmigración de Estados Unidos”, señaló.

La gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, ha acusado al gobierno de Obama de fallar en mantener la seguridad en la frontera con México, orillando a su estado a actuar por su cuenta.

“Haga su trabajo. Asegure la frontera”, dijo Brewer al presidente durante un discurso frente a un grupo republicano. Llamó a “defender esta ley contra cada asalto, incluyendo los ataques de la gestión de Obama”.

Si se llegar a emitir un fallo a favor del gobierno federal, bloqueando la ley, Brewer, dijo que acudiría a la Suprema Corte para defender el derecho de la entidad a aplicar leyes en su territorio.

De continuar con el calendario de aplicación, la iniciativa SB1070 comenzaría a aplicarse a partir del 29 de julio.

Entre las medidas que ampara la ley están las que permiten a los cuerpos policiales detener e interrogar sobre su situación migratoria a cualquier persona involucrada en algún delito en Estados Unidos. Asimismo, castiga a los patrones que contraten trabajadores indocumentados y criminaliza la estancia ilegal en el país.

Una ley muy demandada

La iniciativa enfrenta una serie de demandas por parte de particulares y grupos de organizaciones civiles que buscan frenar su aplicación.

Entre los grupos que firmaron una demanda en junio están el Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educativa (MALDEF), el Centro Nacional de Derecho Migratorio  y la Unión Americana de Libertades Civiles.

En un comunicado, el MALDEF dijo que le “animan los pasos tomados por el Departamento de Justicia para reivindicar la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la inmigración en todo el país”. El grupo, que afirma defender los derechos civiles de los latinos en EU, dice que “no se debería permitir a la gobernadora Jan Brewer pervertir las prioridades de las políticas federales y obstruir el progreso nacional en para satisfacer sus caprichos políticos”.

En este sentido, el procurador general de EU, Eric Holder, dijo que las políticas de inmigración, así como la aplicación de las leyes correspondientes son responsabilidad del gobierno federal. “Atender ese tema con leyes separadas a nivel estatal sólo creará más problemas de los que resuelve”, dijo.

Y la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano (que también fue gobernadora de Arizona) dijo que el gobierno federal trabaja con el Congreso para lograr una reforma migratoria integral.

La búsqueda de una reforma integral

Obama renovó su impulso por una reforma migratoria integral la semana pasada, cuando convocó a la cooperación bipartidista en un asunto que refleja profundas divisiones sociales y políticas.

Buscando un elusivo punto intermedio en este tema, el presidente resaltó la importancia de los migrantes a la historia y el progreso de Estados Unidos, mientras reconoció el miedo y la frustración que muchos sienten hacia un sistema que, según el mandatario, parece “fundamentalmente roto”.

Afirmó que la mayoría de los estadounidenses están listos para respaldar una reforma que ayudaría a resolver el estatus de unos 11 millones de inmigrantes ilegales.

A pesar del llamado de Obama al apoyo de republicanos y demócratas para una reforma migratoria, altas fuentes demócratas dijeron el jueves pasado que no veían posibilidades de que el Congreso aprobara esa medida antes de las elecciones intermedias de noviembre.

Diversas encuestas señalan que el gobierno federal tendrá que trabajar mucho para convencer a los Estadounidenses de que su postura sobre un manejo centralizado de los temas migratorios es lo mejor. La realidad es que, al parecer, los ciudadanos de ese país apoyan medidas como la de Arizona.

Una encuesta de fines de mayo de CNN/Opinion Research Corp. indica que 57% de los estadounidenses apoyan la ley de Arizona, contra 37% que se oponen a ella.

Asimismo, en el sondeo se indica que 9 de cada 10 estadounidenses está de acuerdo con reforzar la frontera con México.

A favor de Obama y su llamado para una reforma migratoria integral, de ese sondeo resulta que 80% de los entrevistados apoyarían un programa que permitiera a los inmigrantes ilegales que ya están en EU regularizar su estancia.

Otra encuesta (de Gallup-USA Today) indica que 50% quieren que la reforma migratoria debería enfocarse a detener el flujo de inmigrantes ilegales y 45% que se desarrolle un sistema para que regularicen su situación.

Fuente: http://www.generaccion.com/noticia/68992/demanda-obama-contra-arizona-abre-debate-sobre-inmigracion

Alejandro Rojas Díaz Durán, secretario de Turismo en el DF ha informado de que con la nueva Ley de Turismo del DF, aprobada en la Asamblea Legislativa, se prevé impulsar el desarrollo de 417 barrios capitalinos, que se podrán homologar con los ‘pueblos mágicos’ reconocidos por el gobierno federal.

Barrios mágicos serán aquellos de la Ciudad de México que conservan costumbres ancestrales, folclore, gastronomía y cultura, con los cuales se pueda promover el turismo, informó.

Por su parte, el diputado Cario Pizano Salinas, presidente de la Comisión de Turismo del órgano legislativo, informó de que esta ley dará certeza jurídica a los inversores, facilitará la operación de políticas públicas en la materia y permitirá incrementar los recursos para esta actividad, que actualmente sólo recibe un 0,05% del presupuesto de la ciudad.

La nueva norma fue avalada tanto por el secretario de Turismo como por la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.

Con ella se modifican condiciones generales de operación del Fondo Mixto de Promoción y se le dan mayores facultades al Ejecutivo local para que designe zonas de desarrollo turístico, a partir de las cuales se pretende un ordenamiento turístico territorial más adecuado a las necesidades de la actividad turística.

También se destaca que, por primera vez, las autoridades delegacionales también contarán con mayores facultades y responsabilidades para regular, promocional y desarrollar el turismo en sus territorios.

Ahora dos nuevas figuras se integran en la Ley de Turismo: la Comisión Ejecutiva de Turismo, que funcionará como un gabinete turístico y atenderá todos aquellos aspectos relativos a la condición de transversalidad de la actividad.

La otra figura es el Consejo Consultivo de Turismo, órgano colegiado, de conformación mixta, donde deberán concurrir los actores de diversos orígenes y sectores, con la finalidad de analizar y proponer políticas públicas en la materia.

Fuente: http://www.expreso.info/es/noticias/internacional/15372_aprobada_la_ley_de_turismo_para_mexico_df

En tres horas 25 minutos y prácticamente sin discusión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer la constitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro al validar las facultades del presidente Felipe Calderón para emitir el acto administrativo que desapareció ese organismo descentralizado.

Los diez ministros presentes –estuvo ausente Ólga Sánchez Cordero– coincidieron en que la acción del Ejecutivo federal no violó el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque el decreto impugnado no está orientado a extinguir al sindicato ni a la afectación de los derechos sindicales, sino que el objetivo era liquidar la empresa por considerar que ya no resultaba conveniente para la economía nacional.

El dictamen, elaborado por Juan N. Silva Meza, que prácticamente se aprobó sin discusión en los temas centrales, negó el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas.

Por otra parte, ratificó los derechos de los trabajadores y del SME de representar sus intereses ante todas las autoridades.

De tal manera, será la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) la que en su momento determine si procede la demanda del SME de que la Comisión Federal de Electricidad se convierta en su patrón sustituto; que el gobierno federal cumpla con su promesa de actualizar las jubilaciones e indexarlas al índice nacional de precios y que se respeten en sus términos los derechos de los trabajadores, entre otros asuntos pendientes.

En el salón de plenos estuvo presente el secretario general del sindicato de electricistas, Martín Esparza, acompañado de su más cercano grupo de colaboradores, quien siguió atento el desarrollo de la sesión, mientras afuera del inmueble se desarrollaba el mitin de los electricistas en el que exigían a los ministros no apoyar el dictamen de Silva Meza.

Los ministros convalidaron también la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que permite al Ejecutivo federal extinguir esas instituciones cuando se cumplan los supuestos establecidos.

Respecto a la demanda de los electricistas de que el decreto referido violaba el artículo quinto constitucional sobre el derecho al trabajo, el pleno indicó que esta norma no significa una obligación impuesta al Estado de garantizar que necesariamente opere una fuente de trabajo; mientras la estabilidad en el empleo –exigida en el amparo– no implica en modo alguno un derecho a la conservación de la fuente de trabajo.

En sus resolutivos, el pleno allanó el camino para que el SME continúe llevando la defensa legal de los electricistas.

Los ministros reconocieron la personalidad de Eduardo Bobadilla Zarza, secretario del trabajo del SME, como representante legal del sindicato y de los 29 mil 889 sindicalizados que presentaron amparo en contra de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

La Corte determinó que éste es representante legal ante todo tipo de autoridades y, por ende, en los conflictos laborales que enfrenten sus agremiados.

Este hecho cobra relevancia, porque las autoridades laborales le negaron la toma de nota a Esparza y ahora con la decisión, Bobadilla representa legalmente al sindicato en lo que se resuelve legalmente el tema de la personalidad jurídica del secretario general del SME.

La Corte indicó que el secretario del Trabajo sí tiene legitimación para promover, en nombre del sindicato, el recurso de amparo que estaba a discusión y que en la parte legal fue turnado a las autoridades en la materia.

Revocó la decisión del juez de distrito que desechó las demandas de 6 mil 835 trabajadores, a quienes no les fue reconocido inicialmente su interés en el juicio de amparo.

El juez de distrito dejó de tomar en cuenta que el SME en su carácter de titular del contrato colectivo de trabajo es representante de todos los trabajadores, activos y jubilados cuyos nombres aparecen en los listados que forman parte de la causa.

El pleno desechó la demanda en cuanto a que los trabajadores fueron “despedidos de facto”. Esto no pudo ser, señaló Silva Meza, “por la simple razón de que la separación del empleo es una cuestión que se encuentra sub judice (en juicio), toda vez que en el expediente laboral 239/2009 se advierte que en la solicitud del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza del Centro, para dar por terminadas las relaciones colectivas individuales de trabajo, aún se encuentran en trámite, entonces, no existe despido alguno”.

Ratificó lo indicado por la juez de primera instancia en el sentido de que, a consecuencia de la necesaria extinción de la paraestatal, la indemnización de los trabajadores será conforme al contrato colectivo de trabajo, la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables.

En un tiempo récord de tres horas y 25 minutos y sin tomar su acostumbrado descanso a la mitad de la sesión, los ministros resolvieron este amparo, que fue atraído por la Corte en marzo pasado.

Fuentes judiciales no descartaron que una vez que la JFCA resuelva y los electricistas eventualmente se inconformen con el fallo, el amparo pudiera regresar a la Corte, si es que lo considera un asunto de importancia y trascendencia jurídica.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/06/index.php?section=politica&article=002n1pol

La naturaleza del periodismo estriba en la búsqueda, acceso y difusión libre de información de interés público, entre la cual desempeña un papel crucial en la construcción de una sociedad democrática la información pública gubernamental. En otras palabras, la garantía del derecho a la información en sus distintas vertientes viene a oxigenar la democracia.

Con las llamadas “leyes de transparencia” y que a la postre son en sentido estricto “leyes de acceso a la información pública gubernamental”, el periodismo hoy en día cuenta con una herramienta que potencializa un periodismo más acucioso y certero. Algunos le llaman periodismo de precisión.

Las leyes de acceso no son el soporte del periodismo, son sencillamente una herramienta. La naturaleza del periodismo no descansa en dichas normas jurídicas, pero sí le da un nuevo impulso y desarrollo. El periodismo, así como no nació con la grabadora y no depende su ejercicio de ella, tampoco lo es con las leyes de acceso a la información; pero eso sí, que utilidad le han dado. Con o sin leyes de transparencia el periodista hará su función: buscar, acceder y difundir libremente información. A lo anterior habría que considerar, ante todo, que las leyes de transparencia no fueron concebidas ni hechas para periodistas, sino para garantizar un derecho fundamental que no es privativo de ellos, aunque éstos sean usuarios especiales para su ejercicio profesional.

Con estos supuestos destaco una red regional en América Latina que tiene como función central promover el acceso a la información pública gubernamental y fortalecer las normas que regulan este derecho bajo la premisa de que es “una herramienta esencial de la democracia”. Se trata de “Periodismo por el Acceso a la Información Pública” que surgió en Sudamérica a través del trabajo de organizaciones no gubernamentales: Asociación por los Derechos Civiles (Argentina), Instituto Prensa y Sociedad (Perú), Instituto Prensa y Sociedad (Venezuela), Fundación para la Libertad de Prensa (Colombia) y Fundación Violeta B. de Chamorro (Nicaragua). En su página de Internet (www.periodismo-aip.org) periodistas ponen a disposición su trabajo investigativo apoyándose del acceso a la información, así como noticias, foros de debate y documentos.

Fuente: http://impreso.milenio.com/node/8794341

Varias asociaciones, encabezadas por el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM), han presentado hoy un recurso colectivo de amparo en el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre otros motivos por su concepción como "ley de plazos".

En esta norma "no hay ninguna preocupación ni por la mujer ni por la vida gestante. Hay una única preocupación, que es el lucro económico de las clínicas (que practican abortos), que han sido quienes han movido esta ley", ha asegurado a la prensa el presidente del CJTM, Javier María Pérez Roldán, después de registrar el recurso.

La organización Talita de discapacitados de Zaragoza, Pro Justicia, el Foro de la Familia, la Red Madre, el ginecólogo de Algeciras (Cádiz) Esteban Rodríguez , además del propio CJTM, son los promotores del recurso de amparo.

Pérez Roldán ha explicado que se trata de algo "completamente novedoso" porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional lo permite para cualquier ciudadano que se pueda ver afectado por una ley, pero nunca se ha llevado a cabo.

Ha citado varias veces la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para argumentar contra aspectos como que la ley obligue a inscribirse en un registro al personal que quiera aducir objeción de conciencia y que ésta sólo se reconozca a los médicos, según ha interpretado, y no al resto de profesionales sanitarios.

"Tampoco se permite la objeción -ha añadido- para el diagnóstico prenatal, que es un requisito necesario para saber si el nasciturus tiene o no una grave enfermedad que pueda permitir la aplicación de la ley".

Se ha referido a las "trampas al margen de los padres" para que las menores de 16 y 17 años pudieran abortar, según ciertas condiciones, sin consentimiento paterno, de manera que se "restringe" su patria potestad y aumenta la de la gestante hasta "recuperar antiguas tradiciones romanas del derecho de vida o muerte".

Ha censurado la "discriminación" del padre del feto, pues "no tiene ni voz ni voto, ni se le informa absolutamente de nada".

La parte más trascendente, ha destacado, es la que entiende el aborto como "ley de plazos".

"Hoy en día -ha argumentado- la embriología y la ciencia han avanzado y determinan de manera unánime, sin ningún tipo de discusión, que la vida humana empieza desde la concepción. Si el Constitucional quisiera hacer caso a la ciencia en vez de a ideologías, tendría que decir que, al empezar la vida humana allí (en ese momento), habría que respetarla."

Por otro lado, se establece una excepción "perversa", la de embriones con malformaciones o enfermedades, caso en que "se puede abortar en cualquier momento".

"El Gobierno ha aprobado esta ley por un procedimiento prohibido en España, que es una ley de punto final", ha asegurado en relación con las clínicas, "prácticamente todas", que estaban practicando "abortos ilegales".

Sobre si el derecho es un aborto, ha señalado que el TEDH estableció en 2003 que, "bajo ningún concepto", se puede entender como tal porque la vida humana en el vientre materno es independiente de la de la madre.

Ha dicho que estas organizaciones recurrirán al TEDH si el recurso no se admite a trámite o la ley no se declara inconstitucional.

Fuente: http://www.adn.es/lavida/20100705/NWS-0514-Varias-asociaciones-presentan-recurso-amparo.html

La Paz, BCS, 4 de julio. El proyecto turístico Cabo Cortés, que incluye la construcción de más de 11 mil cuartos de hotel y residencias, pone en grave riesgo el parque nacional marino de Cabo Pulmo, en el municipio de Los Cabos, considerado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) patrimonio de la humanidad desde 2005, advirtieron organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas y habitantes de la comunidad.

Las ONG Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Niparajá, Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, Defensa Ambiental del Noroeste, Pronatura y Wild Coast informaron que, además de haber emprendido acciones legales contra el proyecto promovido por la firma española Hansa Urbana, están recabando firmas y abrieron la página electrónica www.cabopulmovivo.org para que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revoque la manifestación de impacto ambiental (MIA) autorizada en 2008.

Pedro Zapata, vocero de la campaña Cabo Pulmo Vivo, señaló que la MIA presentada por Hansa Urbana está llena de información inexacta o falsa; no contiene la lista completa de la flora y fauna del lugar y miente sobre el comportamiento de las corrientes marinas para asegurar que no se afectará el arrecife de coral que es parte del parque marino.

Sostuvo que la Semarnat ignoró a su propia Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial, que rechazó el proyecto por considerarlo incongruente con el programa de ordenamiento ecológico del municipio de Los Cabos, el cual prohíbe construir sobre dunas, como se pretende hacer en el conjunto Cabo Cortés.

Dijo que la dependencia federal tampoco tomó en cuenta la opinión de la comunidad de Cabo Pulmo, compuesta por 140 personas que hace 15 años dejaron la pesca para proteger el parque marino y vivir del ecoturismo.

Precisó que el proyecto implica erigir 3 mil 655 cuartos de hotel, 7 mil 816 viviendas, tres campos de golf, una marina de 490 lugares y una planta desaladora en un superficie de 3 mil 814 hectáreas, todo lo cual causará daños irreversibles al ecosistema del parque y a su arrecife de coral.

Advirtió que el proyecto es aterradoramente grande, pues con él surgirá una ciudad de 300 mil habitantes. Además consideró inadmisible que la Semarnat autorice una MIA que no explica cómo se dotará de agua, electricidad y demás servicios para atender a esa población.

Pablo Uribe Malagamba, coordinador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental en la zona noroeste, informó que se tramitaron tres recursos legales y dos amparos ante la Semarnat contra el proyecto de Hansa Urbana para que se suspenda o modifiquen su tamaño y características.

Explicó que el proyecto viola los reglamentos ecológicos de Los Cabos y no hay estudios suficientes que demuestren que la infraestructura que se creará no afectará el parque marino.

Dijo que una de las principales preocupaciones es que la planta desaladora y el dragado para construir la marina destruyan el arrecife de coral.

Aclaró que ni los ambientalistas que participan en esta campaña ni los habitantes de Cabo Pulmo están en contra del desarrollo turístico, pero es necesario revisar el modelo de desarrollo turístico del estado, pues diversos proyectos amenazan costas y el mar.

Expuso que también deben reformarse las leyes, pues protegen más los intereses de la iniciativa privada que el medio ambiente.

Puso de ejemplo la fianza millonaria solicitada por el área jurídica de la Semarnat a la comunidad de Cabo Pulmo para suspender el proyecto mientras se llevaba a cabo el juicio, y que se obligue a los inconformes a pagar los estudios científicos sobre la viabilidad de los proyectos.

Mario Cortés Lucero, representante de la comunidad Cabo Pulmo y vicepresidente de Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, responsabilizó al gobierno federal de los daños que se causen al parque marino.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/05/index.php?section=estados&article=032n2est

Con la nueva Ley de Publicidad Exterior, el Gobierno del Distrito Federal controlará 30 por ciento de los anuncios y los dueños de la industria deberán cederle uno de cada 20 carteles para difundir sus logros.

Así quedó establecido en la normatividad que aprobó la Asamblea Legislativa ayer en la madrugada.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del DF estima que existen 15 mil anuncios en la ciudad, pero con la nueva legislación se reducirán a 9 mil.

De los 9 mil que se permitirán, según el cálculo del perredista Guillermo Sánchez, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, al menos 2 mil 500 se instalarán en los nodos publicitarios.

Los anuncios colocados en los nodos deberán contar con un Permiso Administrativo Temporal Revocable que emitirá la Seduvi.

Mauricio Tabe, diputado local del PAN, aseguró que con esta legislación el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, tendrá la capacidad de “chantajear” a los empresarios con la revocación de los permisos, para que no ofrezcan espacios a los partidos de oposición o a las voces discordantes con el gobierno de la ciudad.

Precisó que al dejar firme el artículo 45 de la Ley de Publicidad Exterior, que entrará en vigor al publicarse en la Gaceta Oficial local, la administración de Ebrard se “adueñará de 400 anuncios, aproximadamente, lo que representará una pérdida para los empresarios de 96 millones de pesos al año”.

Los anuncios, instalados en Insurgentes, Circuito Interior, Viaducto Tlalpan, Constituyentes, Eje Central y otros ejes viales, deberán ser retirados en un plazo de nueve meses.

Además, deben desaparecer todos los que se encuentran colocados en muros y los espectaculares instalados en azoteas.

Por su parte, Federico Manzo, diputado del PAN, precisó que la eliminación de la publicidad en muros y azoteas afectará a las familias que se dedican a este negocio.

A partir del lunes próximo, por voluntad propia, comenzará el reordenamiento de vallas en la delegación Miguel Hidalgo, informó el director del Grupo Vallas, Jorge González, quien celebró la aprobación de la Ley de Publicidad Exterior.

Indicó que el retiro, del cual darán visto a la dirección Jurídica de la delegación Miguel Hidalgo, se realizará en bardas de domicilios particulares.

Dijo que en la ley queda claro que no se pueden fijar las vallas en casas particulares, por lo que “procederemos a retirarlas de manera paulatina para iniciar el reordenamiento de la industria”.

Industriales buscan acuerdo

Los industriales de la publicidad exterior iniciarán hoy pláticas con legisladores y funcionarios del GDF para llegar a un acuerdo y evitar que se retiren los espectaculares de las azoteas, pues si bien no se oponen a regularlos, sí a que se les controle a través de los nodos.

El presidente de la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior, Eduardo Molina, afirmó que es una ley poco aplicable, puesto que no tiene tránsito ni una manera sensata de realizarse.

En medio de versiones encontradas sobre la liberación de los líderes de Atenco, ordenada la víspera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), diversas organizaciones civiles pasaron de una primera celebración a fuertes y severos cuestionamientos a la Secretaría de Seguridad Pública federal, que durante el día pretendió imponer objeciones jurídicas para liberarlos de inmediato.

En el inicio del día de ayer, cuando se daba por hecho la excarcelación, y antes del primer comunicado de la SSP federal, que la ponía en riesgo, Amnistía Internacional (AI) y varios organismos de derechos humanos celebraron la decisión de la Corte de ordenar la liberación inmediata de las 12 personas detenidas desde 2006 por el supuesto secuestro de funcionarios y policías en San Salvador Atenco, estado de México.

Reparación de daños

Todos expresaron beneplácito por la decisión de los ministros de la primera sala del máximo tribunal, pero también demandaron reparar a las víctimas el daño por el indebido uso del sistema de justicia y que se garantice que los funcionarios responsables rindan cuentas. Estos hechos tan graves no se pueden dejar en el olvido y la impunidad, subrayó AI.

Apuntó también que el mandato de la Corte no debería significar el fin de este caso, sino que debería servir de plataforma para resarcir a las víctimas por el uso indebido del sistema de justicia y para garantizar que los funcionarios responsables de esta grave injusticia rindan cuentas.

Sostuvo que es hora de garantizar una investigación imparcial y a fondo de todos los funcionarios implicados. Terminar con la impunidad en casos como éstos es esencial para que el sistema de justicia deje de ser instrumento para reprimir activistas sociales, opositores y defensores de derechos humanos.

Ya por la tarde, tras el comunicado de que ninguno de los tres líderes del FPDT –Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo– saldría libre, porque tenían procesos judiciales pendientes, distintos al que había citado la Corte, las organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron la decisión del gobierno federal, particularmente la posición obstinada de la SSP federal de querer mantener bajo castigo a los luchadores sociales.

Dichos cuestinamientos fueron expresados por el sacerdote Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMD HD); Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, y Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

El padre Concha subrayó que, en el fondo, lo que sigue presente es la intención de castigar y penalizar la protesta social. Hay la voluntad política de criminalizar la protesta social y no respetar el estado de derecho. Ese es el fondo: amedrentar y perseguir a quienes protestan; continúa la venganza.

En tanto, Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la liberación de las 12 personas que aún estaban presas por los hechos ocurridos en Atenco –el 3 y 4 de mayo de 2006– no pone punto final al clamor de justicia por las violaciones a derechos humanos en ese municipio. Aún hay pendientes, como el castigo a los responsables de la represión y violaciones sexuales contra mujeres, a los funcionarios que integraron mal las averiguaciones previas y a los jueces que con ligereza dictaron sentencia.

Agregó que en este caso, la criminalización de la protesta social no fue política, sino jurídica, porque de manera irregular, pobre y endeble, se usó el derecho para fines que no son propios y así encarcelar más de cuatro años a una decena de personas, lo que viola derechos humanos.

Carbonell consideró que la resolución de la Corte es congruente y manda un mensaje claro a la PGR y a los jueces que conocieron los casos: Deben ser más cuidadosos al admitir ciertas pruebas en un proceso y ser más responsables para culpar a alguien de un delito. La decisión reflejó falta de pericia y profesionalismo (del MP y juzgadores).

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humaos de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que la liberación de los líderes representa un acicate al Congreso federal y a la SCJN, porque deja al descubierto que se lleva a juicio a personas que con los años resultan inocentes.

El legislador priísta consideró que se debe hacer una reflexión sobre cómo se imparte la justicia en México, porque aún sin prueba se enjuicia a ciudadanos inocentes y, lo peor, con ello se criminaliza la protesta social: independientemente de que hayan salido en libertad los integrantes del frente, pasaron demasiado tiempo en la cárcel; es un asunto similar al de las indígenas acusadas de secuestrar a policías federales en Querétaro y al de los funcionarios detenidos en Michoacán.

Tras considerar que jueces y magistrados del Estado de México aceptaron pruebas ilícitas presentadas por la procuraduría local y que no se demostró el delito de secuestro equiparado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación del líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, así como de 11 activistas de la organización, presos por los disturbios de 2006 en San Salvador Atenco.

Del Valle enfrentaba dos condenadas que sumaban 112 años prisión, por lo que fue recluido en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez.

La ministra Olga Sánchez Cordero opinó que las condenas excesivas (30, 67 y 112 años) impuestas a los líderes de San Salvador Atenco obedecieron a que las autoridades del Estado de México estigmatizan la protesta social y el derecho a la libre manifestación.

Por mayoría, los ministros de la Primera Sala resolvieron que no se acreditó la plena responsabilidad de los activistas en el delito de privación ilegal de la libertad equiparable al secuestro, por el que fueron condenados por un juez del Estado de México con las pruebas ilegales aportadas por el Ministerio Público.

Consideraron que la retención de funcionarios mexiquenses y policías (a los que supuestamente secuestraron) ocurrió en un contexto político-social, para presionar a las autoridades mexiquenses a que atendieran diversas demandas.

Inclusive, señalaron que no existió maltrato o amenaza de muerte a los servidores públicos.

Por unanimidad en el caso de 9 de los sentenciados a más de 30 años de prisión y con votaciones de 4 votos contra 1 en las resoluciones de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, los ministros determinaron que se violó el derecho al debido proceso de los 12 sentenciados.

El ministro Juan Silva Meza consideró que juzgar como peligrosos y violentos a los integrantes de organizaciones sociales es propio de regímenes totalitarios, y afirmó que las condenas impuestas fueron una forma “maquilladamente institucional” de criminalizar la protesta social.

El ministro José Ramón Cossío se pronunció contra la absolución total de los 3 líderes principales de Atenco, y señaló que se debía reclasificar el delito de secuestro equiparado que se les imputaba por uno de menor gravedad con lo que ya habrían cumplido con su condena.

Sin embargo, el ministro presidente de la Primera Sala, José de Jesús Gudiño, se opuso con el argumento de que sí existieron amenazas físicas y verbales a la integridad personal de los funcionarios públicos retenidos en San Salvador Atenco.

Una vez que se ordenó la inmediata liberación de los sentenciados, Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, advirtió quela decisión de la Corte fue un acto de congruencia jurídica y no una concesión a los activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Peña Nieto respeta la decisión

••• El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, rechazó que la liberación de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco signifique un revés a su administración; por el contrario, se dijo respetuoso de la determinación tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Luego de que la primera sala de la SCJN resolvió emitir un amparo contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México por los hechos ocurridos en mayo de 2006, el mandatario estatal aseguró que respeta el criterio con que fue resuelto el caso.

“Si la Corte considera que asiste o haya acción distinta tomada por el Poder Judicial del estado, seremos absolutamente respetuosos”.

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Joel Hernández García, señaló que en el gobierno mexicano existe confianza de que el juez de los tribunales federales de la Corte de Distrito de Arizona declare inconstitucional la Ley SB 1070.

Manifestó que los consulados de México en Arizona están preparados para asumir la defensa de los mexicanos que pudieran ser afectados con el ordenamiento, el cual entraría en vigor el próximo 29 de julio. En él se tipifica como delito la migración indocumentada y se faculta a las autoridades policiacas para detener e interrogar a cualquier persona, sin más argumento que la sospecha de no contar con papeles que comprueben su estancia legal en ese país.

Entrevistado luego de la inauguración de la Conferencia Internacional de Comisiones Nacionales de Derecho Internacional Humanitario de América Latina y el Caribe, recordó que hace una semana el gobierno de México solicitó a una corte federal de distrito en Arizona declarar la inconstitucionalidad de la ley SB 1070, así como impedir su entrada en vigor. Lo anterior, dijo, un recurso de amigo de la corte.

En el encuentro realizado en la cancillería, sostuvo que México es un país tradicionalmente comprometido con las normas y principios del derecho internacional humanitario.

Estamos convencidos de que son una herramienta indispensable para mitigar los lamentables efectos de los conflictos armados y para brindar protección a sus numerosas víctimas, destacó.

Actualmente, dijo, la enseñanza y formación en derecho internacional humanitario forma parte de los manuales militares y los programas educativos de todas las fuerzas armadas de México.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/01/index.php?section=sociedad&article=045n3soc

Al llevarse a cabo dentro de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL el tema “Presencia Indígena en Nuevo León: Retos y Oportunidades para la Atención Institucional”, juristas locales apuntaron por mejorar los derechos de estas comunidades.

Entre los juristas destacados de la región estuvieron presentes Héctor Navarro, Presidente del Colegio de Abogados de Nuevo León A.C., Minerva Martínez Garza, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Magistrada del Poder Judicial, Graciela Buchannan Ortega y la diputada local María Huerta Rea.

Así en este tenor todos coincidieron en las necesidades de emprender proyectos de desarrollo social que por ley logren un blindaje a su desarrollo como lo marcan las leyes.

Al respecto Martínez Garza urgió a cuidar las ya establecidas políticas sociales que van desde el análisis de las repercusiones jurídicas de la reforma Constitucional Federal sobre derechos y cultura indígena, en la estructura del Estado desde diciembre del 2007.

Ya que los Derechos Indígenas en México, la reforma constitucional federal del 14 de Agosto de 2001 modificó los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115.

Fue un paso muy importante para avanzar en la construcción de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad.

Lo que deja que el artículo 2º se refiere a los derechos de pueblos y comunidades indígenas en el apartado A y a las obligaciones de la Federación, los Estados y los Municipios para con ellos en el apartado B. Además, reconoce la composición pluricultural de la nación, se contempla la definición legal de pueblo y comunidad indígena, la libre determinación y autonomía y se señalan los derechos indígenas que pueden ejercerse en el marco de la Constitución y las leyes con respeto al pacto federal y la soberanía de los estados.

“A pesar de sus avances, esta reforma se considera insuficiente, es necesario continuar trabajando para que se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica, con derechos territoriales y representación política”.

“Es importante tener en cuenta que en México las normas jurídicas que reconocen derechos específicos a los indígenas, no siempre se hacen efectivas y tampoco se observan en los procedimientos judiciales.

Los factores que provocan este problema son diversos: van desde el desconocimiento de su existencia o contenido, a la velada discriminación, pasando, en ocasiones por la falta de normas de procedimiento para asegurar su observancia”.

Y es que la falta de respeto a las garantías individuales y sociales y a los derechos de los indígenas no sólo son factores que producen injusticia para individuos y grupos, también constituyen un severo obstáculo para su desarrollo integral y sustentable, el cual no podrá darse sin seguridad y certeza jurídica.

De acuerdo a las leyes los derechos indígenas a partir de la reforma del 2001; la forma en que el Estado ha asumido el enfoque de la pluriculturalidad, el nivel de cumplimiento y el alcance del mandato Constitucional en las legislaturas de los estados para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas en su legislación y la acción institucional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el tema de vigencia de derechos indígenas.

Y ésta tiene la pretensión de servir como instrumento de información jurídica y de propuestas para los servidores públicos de la Administración Pública, del Poder Legislativo y de la Administración de Justicia, en el ámbito federal y local para conocer el reconocimiento y la vigencia de los derechos indígenas, así como algunas propuestas para implementar medidas que garanticen el ejercicio de los derechos indígenas en el país.

En este tema Buchannan Ortega indicó que las autoridades dentro de los niveles gubernamentales deben procurar su respeto y la libertad de sus derechos.

“Así mismo la ley plantea como un material de consulta para los miembros de pueblos y comunidades indígenas, para los estudiosos del pluralismo jurídico y cultural y para la sociedad interesada en el tema”.

“La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cuida se apliquen los derechos de las comunidades indígenas, hasta en el ámbito internacional de los derechos humanos para contextualizar la adopción de diversos ordenamientos internacionales en la legislación interna de nuestro país”.

Pues de citar que se abordan los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como algunos temas pendientes de discusión por las instancias competentes.

Los juristas comentaron la relevancia de que la legislación federal sea una recopilación de la legislación, que plasma los derechos en materia indígena en este ámbito.

Además se compromete a ser garante de del desarrollo legislativo en este sentido, según expresara el jurista Francisco Navarro.

“Hay especificaciones al marco jurídico de la Administración Pública Federal para implementar un enfoque de respeto a la diversidad cultural y a los derechos indígenas conforme a lo establecido en las disposiciones del artículo 2º Constitucional”.

“El acceso a la administración de justicia sirve de marco para analizar al Poder Judicial de la Federación en el séptimo apartado, donde se incluyen propuestas del documento Un Sistema Judicial para la Diversidad Cultural elaborado por la CDI”.

“La referencia somera a las funciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se aborda en el octavo apartado, para incluir las funciones de la Cuarta Visitaduría para la atención de asuntos indígenas”.

CRECE NL EN ESTE TEMA

En este sentido María Huerta Rea expresó que muchos organismos se han sumado para poder adentrar y ayudar mejor a los indígenas y sus comunidades en el respeto y comprensión de sus derechos por el solo hecho de ser mexicanos.

Por lo que hay programas que tienen su fundamento en el apremiante fenómeno de la discriminación hacia los indígenas que usan su propia lengua o su vestimenta típica, o tienen rasgos que se consideran típicos de las etnias indígenas , lo cual les afecta seriamente, pues muchas veces les impide el obtener servicios, trabajos y oportunidades a los que por derecho pueden acceder.

Ya que el racismo hacia los indígenas es una de las principales barreras que enfrentamos para comprender las complejas realidades de estos pueblos, para reconocerlos y darles su lugar en la sociedad mexicana.

Es evidente que las condiciones particulares en que se asienta, vive, se desarrolla y reproduce la población o comunidad indígena en la entidad, implican la necesidad de un análisis de su entorno, condiciones y aspiraciones.

Por lo que al identificar y detallar a profundidad estas características, se podrá generar un modelo de difusión de los derechos indígenas que responda de manera eficaz a esas condiciones y necesidades.

Basando su trabajo en tres ejes:

• Orientar a los diversos grupos de población indígena sobre sus derechos y los medios para hacerlos efectivos

• Crear una red de promotores voluntarios de derechos humanos con los grupos identificados.

• Establecer coordinación y alianzas con Organismos Públicos y de la Sociedad Civil a fin de promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas y grupos indígenas en nuestro Estado.

Fuente: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=409370

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) continúa recibiendo observaciones y propuestas con respecto a la norma para regular la venta de alimentos y bebidas en las escuelas.

Empresas como Grupo PepsiCo han pedido a la Cofemer que escuche y tome en cuenta a la industria y a todos quienes integran la agenda de salud en México, en el marco de la discusión para el establecimiento de esta Ley.

La firma, en representación de Sabritas, Grupo Gamesa, Pepsi Cola mexicana y productos Gatorade de México detalló que el expediente que envió la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la Cofemer requiere modificaciones sustanciales y debe dar certeza jurídica a las acciones de las personas físicas y morales en México.

El anteproyecto “Lineamientos Generales para el Expendio de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos de Consumo Escolar de los Planteles de Educación Básica”, no precisa los impactos económicos que tendría en los distintos sectores de la sociedad, que son prioritarios para el empleo y la actividad económica, como las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Resaltó que casi 96 por ciento de la industria alimentaria pertenece a este segmento, por lo que no se contempla el impacto en ventas que tendrá dicha regulación, "el cual sería de 10 mil 600 millones de pesos a lo largo de toda la cadena económica que incluye a dichas MiPymes".

Además, dijo, la reformulación de los productos y los ajustes en el proceso productivo que requiere la implementación del proyecto de regulación llevará de dos a cinco años, dependiendo del tipo de producto, la complejidad de los procesos y la capacidad de las empresas.

De acuerdo con evaluaciones de ConMéxico, organización a la cual pertenecen las empresas de PepsiCo México, las compañías tendrían que asumir un costo de 442 millones de pesos para una sola línea de producto, para el rediseño de empaques y reformulación del producto.

Por otra parte, el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), Juan Cortina Gallardo, dijo que la elaboración de este proyecto para regular el consumo de alimentos y bebidas en las escuelas afectan el desarrollo, inversión y empleo en la agroindustria a la que representa.

En un comunicado explicó que ello se debe a que bajo dichos lineamientos se otorga un tratamiento inequitativo y discriminatorio a los productos hechos con “azúcar añadido”.

Este hecho implica un daño grave a los agentes económicos que intervienen en todos los eslabones de este sector, desde los productores hasta el consumidor final.

También mencionó que contradice el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (PRONAC) 2007–2010, donde establece que dicho sector debe satisfacer el mercado interno, a fin de garantizar el abasto nacional del edulcorante, sustituir las importaciones y asegurar las proyecciones de crecimiento de consumo en el país.

En este sentido, solicitó a la Cofemer que en su dictamen sobre el tema, se eliminen fracciones que estigmatizan al azúcar, calificándolo como un producto perjudicial, sin fundamentos nutrimentales o científicos.

El pasado 10 de junio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) envió de manera oficial a la Cofemer el anteproyecto que busca regular la venta de alimentos y bebidas denominados "chatarra" en escuelas del país.

De inmediato la Comisión inició una consulta pública para recibir las observaciones y sugerencias de las diferentes empresas que resultaran afectadas por la aplicación de esta norma, a fin de llegar a una regulación más equilibrada.

Al respecto, el titular de la SEP, Alonso Lujambio Irazábal, expuso este miércoles en entrevista que preven que en dos o tres semanas se finiquite el proceso de intercambio de puntos de vista para enriquecer el anteproyecto. (Con información de Notimex/GCE)

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=271129&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC

La asociación Uno + Una > Matrimonio pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) escuchar a la sociedad civil que está preocupada por la posibilidad de que una pareja del mismo sexo adopte a un niño, luego de las modificaciones al Código Civil en la capital de país.

Rodolfo Bermejo, vocero de dicha organización, dijo que se estudia la forma de presentar la postura de las organizaciones sociales que están en contra de que una pareja homosexual pueda adoptar a un niño o una niña.

Asimismo se recolectan firmas para presentar una iniciativa ciudadana ante la Asamblea Legislativa a fin de redefinir el concepto de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer 

.En ese sentido destacó que según encuestas 80.9 por ciento de los habitantes de la capital consideran que el matrimonio es la institución que se forma por un hombre y una mujer, mientras que las sociedades de convivencia ya existían para las parejas homosexuales.

Explicó que la asociación con el apoyo de más de 500 organizaciones no gubernamentales han recabado 20 mil firmas de ciudadanos con credencial de elector en el Distrito Federal y la Ley de Participación Ciudadana establece 35 mil para poder presentar la iniciativa.

A su vez Luis Fernando Guevara destacó que la adopción es un derecho de los niños a recuperar lo que perdieron, es decir un padre y una madre y no el derecho de los adultos a tener un hijo.

Según él, 73.5 por ciento de los habitantes del Distrito Federal no está de acuerdo en que una pareja formada por personas del mismo sexo pueda adoptar a un niño o una niña.

La redefinición del concepto de matrimonio en el Código Civil capitalino afectó a la institución jurídica de la adopción y se violentó el derecho de los niños al abrir la posibilidad de la adopción conjunta entre personas del mismo sexo.

Por último destacó que dicha organización estará pendiente de la resolución de la Corte respecto al tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que esperan que el matrimonio se determine como la unión entre un hombre y una mujer. (Con información de Notimex/CFE)

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=270721&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC

A fin de actualizar a legisladores y ediles en reformas jurídicas actuales, el Centro de Estudios Parlamentarios de la UANL llevó a cabo una capacitación ardua sobre el tema en la Biblioteca Magna.

Así es que tanto diputados, regidores, síndicos y funcionarios de los ayuntamientos del área metropolitana acudieron a espacios de la Universidad Autónoma de Nuevo León para analizar aspectos referentes al gobierno municipal y actividad parlamentaria.

La Universidad Autónoma de Nuevo León, graduó este mes de junio a la quinta generación del diplomado en Estudios Parlamentarios y a los participantes del diplomado en Gobierno Municipal.

El evento convocado por el Centro de Estudios Parlamentarios contó con la asistencia de representantes del poder legislativo y funcionarios de los ayuntamientos metropolitanos.

Además de síndicos, regidores y diputados, también participaron en las jornadas académicas estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la Máxima Casa de Estudios.

Para el maestro Abraham Nuncio, estos programas de la UANL son de importancia, ya que cumplen con el fortalecimiento de la vida pública del estado.

“Estos diplomados generan una dinámica de aprendizaje, ya que aquí se expresa la pluralidad social que forma parte de nuestro entorno; de esta manera la UANL cumple con su labor docente y a la vez de fortalecer la vida pública”, dijo el director del Centro de Estudios Parlamentarios.

Los graduandos abordaron por espacio de cuatro meses, diversos temas como el origen, historia, autonomía y funciones –ejecutiva, legislativa y jurisdiccional- del gobierno municipal.

A nombre de las dos generaciones, tomaron la palabra Karina Martínez Cantú, del Diplomado de Gobierno Municipal, y Erasmo Garza Elizondo, del Diplomado en Estudios Parlamentarios.

Fuente. http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=406879

Los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuentan con elementos jurídicos suficientes para dejar en libertad a los 12 presos de San Salvador Atenco, comentaron ayer fuentes judiciales.

Agregaron que dos de los cinco ministros que analizarán hoy, en sesión privada, los amparos directos de los tres detenidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano –ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México–, así como de los nueve presos en Molino de Flores, están convencidos de que todos los acusados deben quedar en libertad.

Este miércoles los ministros discutirán por primera vez el caso en sesión formal. Cada ponente presentará un proyecto de dictamen con miras a que en la sesión pública del 30 de junio próximo se resuelvan los amparos.

Funcionarios consultados no descartaron que alguno de los tres ministros indecisos se sume a la postura de dejar en libertad a todos los acusados.

Trascendió que éstos se han manifestado en privado en favor de conceder el amparo liso y llano a los nueve presos del penal de Molino de Flores.

Pero también que tienen sus dudas en relación con los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle y Héctor Galindo Gochicoa, así como del ex asesor jurídico de esa organización, Felipe Álvarez Hernández, quienes fueron sentenciados a 67 años de prisión –el primero a más de cien– acusados del delito de secuestro equiparado.

En este caso, los ministros les concederían un amparo para efectos, es decir, que la Corte sólo ordenaría a la justicia mexiquense que repusiera el procedimiento, corrigiera irregularidades y emitiera nueva sentencia.

Los funcionarios consultados explicaron que los ministros que apoyan la libertad de los líderes y del ex asesor del FPDT consideran que en el caso de los presos de Atenco, el máximo tribunal debe aplicar el mismo criterio que cuando dejó en libertad a los indígenas acusados de la matanza de Acteal, así como a las dos mujeres de Querétaro sentenciadas por secuestrar a seis agentes federales.

Ayer después de reunirse con el ministro Arturo Zaldívar, la señora Rosa Nelly Urrutia Castañeda, madre de Héctor Galindo, señaló en entrevista que tiene confianza en que la defensa que encabezan profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México convenza a los ministros de la inocencia de su hijo y lo dejen en libertad.

Comentó que ella ha sufragado los gastos de la defensa legal de Héctor, quien era asesor jurídico del FPDT, y que en las entrevistas que ha sostenido con los ministros les ha dicho que, en este caso concreto, no se configura el delito de secuestro equiparado, entre otros que le imputa la justicia mexiquense.

Explicó que el artículo 259 del Código Penal del Estado de México –en el que se basó la consignación de su hijo– no tipifica esa conducta delictiva y eso es motivo suficiente para invalidar la sentencia en su contra.

Lo anterior, porque la base de la defensa de los atenquenses recluidos en el penal del Altiplano se centra en la violación al debido proceso y violación a la garantía constitucional de presunción de inocencia.

Sostuvo que, a diferencia de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, su hijo tiene pendiente un proceso por ataque a las vías federales de comunicación –delito del que ya fueron liberados los dos primeros– por falta de atención del defensor público federal que lleva su caso, cuando se trata de la misma acusación y los mismos hechos.

Destacó que ella, como madre adoptiva de Héctor Galindo, está obligada a hacer el 200 por ciento para lograr su libertad y ha tratado de sensibilizar a los ministros con el propósito de que pongan atención al asunto.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/06/23/index.php?section=politica&article=010n1pol

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad –incluido el PAN– instruir a la dirección jurídica del órgano legislativo a proporcionarle –en un plazo de cinco días hábiles– los argumentos legales, jurídicos, de opinión y valoración técnica sobre el procedimiento a seguir en caso de iniciarse el procedimiento de juicio político en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, si se configura su probable responsabilidad en el caso de la tragedia de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.

Los argumentos del principal órgano de gobierno de la Cámara de Diputados establecen que en el denominado estado de derecho el ámbito de acción de los poderes públicos está determinado por la ley, y los servidores públicos, por elección o designación, deben responder ante ésta por el uso de las facultades que expresamente se les confiere; además, la responsabilidad de los servidores públicos no se concreta debidamente ante la ley cuando las obligaciones son meramente declarativas y por tanto no son exigibles, generando impunidad.

Por tal cúmulo de razones, la Junta de Coordinación Política valoró el contenido del Dictamen de la Facultad de Investigación 1/2009, sobre el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, elaborado por el ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, en torno a la responsabilidad de servidores públicos y en lo particular en lo referente a la imputada a Juan Molinar Horcasitas, de quien se señala lo siguiente:

“Le es atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propiciaron las condiciones para la tragedia ocurrida en la guardería ABC… Juan Molinar Horcasitas, en el periodo de sus gestiones, tenía el deber ineludible de supervisar y ejercer un control efectivo de la actuación de sus subordinados, por lo que las acciones u omisiones que le resulten imputables (…) en lo concreto, irradian hacia el titular del instituto.”

La Junta de Coordinación advierte que por tratarse de un asunto de interés general es necesario valorar todas las condiciones técnicas y jurídicas necesarias con objeto de explorar la procedencia del juicio político en contra del citado funcionario federal.

En este contexto, la Junta de Coordinación Política, en el ámbito de sus atribuciones, ha considerado necesario suscribir el presente acuerdo a efecto de que los órganos técnicos de la Cámara de Diputados exploren y analicen la posibilidad técnica y jurídica para iniciar juicio político en contra del C. Juan Francisco Molinar Horcasitas en los términos de lo dispuesto por el Título IV de la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El acuerdo fue impulsado por Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, y avalado por Alberto Pérez Cuevas (PAN), Alejandro Encinas (PRD), Juan José Guerra Abud (PVEM), Cora Cecilia Pinedo (Nueva Alianza) y Jaime Cárdenas (PT).

El blanquiazul lo piensa mejor

Una vez transcurrida una hora, las diferencias en torno al contenido se convirtieron en acusaciones entre el PRI y el PAN. Pérez Cuevas trató de acotar el término de la orden a las instancias jurídicas de la Cámara de Diputados: El análisis que se realiza, y que se pide que lo hagan los órganos técnico-jurídicos, versará no sólo sobre lo del caso ABC, como se ha manifestado ya, porque finalmente hay otros antecedentes, o por lo menos el tema central en el cual se basa, que es el análisis del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; tiene que ver con otros análisis, como es el caso Atenco, como en el tema del caso Lydia Cacho y como en el asunto de la violación de los derechos humanos en Oaxaca.

El legislador panista se inquietó cuando se le dijo que el acuerdo firmado sólo se refería a Juan Francisco Molinar Horcasitas, y que corroborara si la rubrica era suya o no.

“Pues ese acuerdo entregado lo desconocemos, porque no se entregó; el que se entregó ahí se modificó. Se modificó el acuerdo… mi firma sí es, lo que no es lo del acuerdo.”

El debate llega al terreno de las elecciones del 4 de julio

En respuesta, Ramírez Marín adujo que Pérez Cuevas debatió con él en materia de técnica jurídica, y el acuerdo en el seno de la Junta de Coordinación se había alcanzado entre todos los legisladores presentes. “El diputado solicitó que se incluyera en el texto del acuerdo la siguiente observación para en su caso iniciar el procedimiento de juicio político contra Juan Molinar.”

Incluso, llevó el debate al terreno de la disputa electoral, pues al preguntarle su postura en torno a las grabaciones que involucran a los gobernadores de Veracruz y de Oaxaca, repuso: “El que se mete a una guerra sucia tiene que prepararse y ponerse un impermeable para que le arrojen lo que venga…”

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/06/23/index.php?section=politica&article=005n1pol

La comisión especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a los feminicidios en México elaborará la propuesta de un mecanismo jurídico para que el Estado mexicano cumpla las sentencias de las cortes internacionales, informó Teresa Incháustegui Romero, presidenta del órgano camaral.

La comisión está obligada a facilitar el terreno para que transiten estas recomendaciones, para que se apliquen y que el Estado mexicano pueda salir airoso de esas sentencias; se cumpla y refrende ante la comunidad internacional y regional el compromiso para garantizar los derechos humanos de las mujeres.

A seis meses de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomienda al Estado mexicano dar a conocer las acciones en torno a los feminicidios, las instituciones de procuración de justicia no han garantizado el derecho a la verdad, al proceso debido y al proceso para reparación de daños a las víctimas.

La legisladora perredista advirtió que los homicidios de mujeres no están tipificados como feminicidios y suman aproximadamente mil 500 al año; la mayor parte se cometen en el hogar, a diferencia de los homicidios masculinos, cuya gran mayoría se producen en los espacios públicos.

Sobre el particular, José Antonio Guevara, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, propuso elaborar una ley de coordinación de las autoridades con el sistema interamericano, pues actualmente se trabaja sobre la base de la buena fe y del compromiso político de los diferentes niveles de gobierno.

También la presidenta de la Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Laura Carrera Lugo, adujo que sí hay un compromiso del Estado en el cumplimiento integral de la sentencia con objeto de terminar con la violencia de género y desglosó las acciones dirigidas a dignificar a las víctimas, reparar el daño y cambiar la cultura de discriminación, como son la estandarización de protocolos, la elaboración de manuales, servicios periciales, impartición de justicia en desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres; página electrónica con los datos de las mujeres desaparecidas, base de datos con información genética de mujeres y niñas desaparecidas, capacitación de funcionarios, entre otras.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/06/23/index.php?section=sociedad&article=039n2soc

En lo que a las letras y los problemas sociales se refiere; desde luego que no ha sido el único, pero Monsiváis logró formar una personalidad, en la que el respeto, la crítica y la intolerancia en contra de los abusos a los ciudadanos se le daban con una facilidad asombrosa, y que a pesar de la censura,  que dígase lo que se diga todavía existe, o trata de existir, por gobiernos que no entienden que la crítica, y más a la autocrítica,  es algo que les ayuda, en lugar de hacerles daño, o entienden que la adulación constante, la intolerancia, la soberbia y el considerar a un crítico como a un enemigo, en lugar de agradecerle la crítica y siempre pedirle que nos señale una solución. El que alguien no piensa como nosotros es natural, y lo importante es que se abran los espacios donde se pueda dialogar sobre las diferencias y, a través de los consensos, llevar una vida mejor para todos; para ello, Monsiváis era un maestro con una ironía y una facilidad para captar los problemas  de la ciudad de México, principalmente, de una manera sensacional; su muerte es una pérdida irreparable para los conceptos y la defensa de la libertad de  expresión en México, no con comidas inútiles, sino con hechos diarios lo demostró, descanse en paz .

Para variar, el tema es la Inseguridad. Lo impresionante es que nadie diga nada y que día  tras día la autoridad, quien tiene la obligación de dárnosla, porque para eso pagamos impuestos, sean tan cínicos que digan estamos haciendo el plan siete millones, y tendremos la 52 mil junta con las autoridades o el Consejo de Seguridad, pero la neta es que  nomás pierden el tiempo, saben muy bien cómo está el problema y le sacan a entrarle o están coludidos; si no es una de estas dos, lo siento, pero lo parece, o les falta valor y amor por esta tierra, o son unos hampones. Las cifras que publicó ayer nuestro periódico son alarmantes, 100 ejecuciones en 170 días, a un muerto en menos de cada dos días, y dicen que hay libertad. La libertad también significa seguridad, sin ella no puede existir la otra, no tiren el dinero del gobierno en publicidad, la ciudadanía está harta, mientras se hacen ricos una bola de ignorantes enciclopédicos que no sirven para nada más que para hacer que hacen, y no hacen nada; están violando con los retenes, la Constitución y los Derechos Humanos, mejor cumplan con su deber y, la neta, si no pueden, tengan dignidad y renuncien; el cargo dura tres o seis años, a veces un mes,  y la vergüenza, toda la vida. Vieran qué cómodo es caminar y que en la calle la ciudadanía te reconozca, te salude y te respete; vean cómo muchos no caminan en la calle porque no solo no los pelan, sino después de tantos años, los insultan. ¿Qué escogen?

Dicen que con el propósito de analizar y evaluar las solicitudes de créditos de seis municipios, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública se reunió para recibir a los tesoreros de cada uno y revisar las obras en las que se aplicarán los recursos.

El diputado Rabindranath Salazar, Presidente de la Comisión de Hacienda, señaló que es importante analizar caso por caso, de tal manera que los recursos se apliquen en obras o servicios que verdaderamente sean de beneficio a la ciudadanía, y no sólo sean para engrosar más la nómina de los ayuntamientos.

Informó que los municipios que solicitaron crédito fueron Jojutla, quien solicitó un crédito de 60 millones de pesos; Yecapixtla solicitó once millones de pesos, con Banobras; Zacualpan de Amilpas, 5 millones 39 mil 440 pesos, con Banobras; Jantetelco, 10 millones 393 mil 194 pesos, con Banobras; Atlatlahucan, 10 millones de pesos, con Banobras, y Tepoztlán, 18 millones 950 mil 475 pesos, con Banobras.

En el caso de Mazatepec, lo que solicitan es una reforma a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2010. Lo malo no son las solicitudes y que se los den, lo malo es lo que se roban, porque no tiene supervisión; sería importante implementarlo con gente verdaderamente honesta o ciudadanizar la auditoria superior para que se acabaran las transas. ¿No cree usted?
Los padres de los niños que murieron en el incendio de Sonora señalan: "Aquí hay una depredación espantosa que afectó a 49 niños, y resulta que sólo están involucrados los subordinados. ¿Y dónde están los jefes? Los jefes lograron, al menos momentáneamente, lo que estaban esperando: impunidad. Arropados por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con esa cargada de cabildeos que se dio la semana pasada".

Patricia Duarte Franco, madre de uno de los niños muertos en ese incendio, expresó su respeto por los ministros Arturo Zaldívar, José de Jesús Gudiño, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza y José Ramón Cosío, por haber votado a favor de involucrar a los altos funcionarios en la violación a los derechos humanos.

Acusó a los demás ministros (Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Luis María Aguilar, Sergio Valls y Guillermo Ortiz) de haber cedido a las presiones de los funcionarios “exonerados”: Juan Molinar, Daniel Karam y Eduardo Bours, y de su abogado, el secretario de Gobernación.

“Para mí, la SCJN no lo es todo; se tenía que agotar esa instancia”, advirtió.
En este contexto, compañeros del SME y de la oficina de la diputada Hortencia Figueroa estamos convocando a una clausura simbólica de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia, el martes 22 de junio a las 10 a.m. Depositaremos una corona fúnebre por el fallecimiento de la justicia en México. Están cordialmente invitados.

Fuente: http://www.diariodemorelos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=67323&Itemid=51

La Confederación Nacional Campesina, la Federación de Profesionistas y Técnicos de esta organización, catedráticos de la UNAM y legisladores se manifestaron contra "las pretensiones" del Partido Acción Nacional (PAN) de reformar el Amparo Agrario para dejar a los campesinos en un estado de indefensión.

En reunión de trabajo convocada por Luis Alan Pérez Escudero, presidente de la Federación de Profesionistas y Técnicos de la CNC se denunció que las intenciones del PAN son modificar el Artículo 217 de la Ley Federal de Reforma Agraria con la finalidad de desproteger al ejido para entregarlo en "bandeja de plata" a trasnacionales y al poder económico del país y se advirtió que esta "amenaza" de la iniciativa panista no pasará por considerarla anticampesina.

Durante el encuentro sobre Derecho Social y Agrario participaron, entre otros, el presidente del Tribunal Superior Agrario, Marco Vinicio Martínez Guerrero;  catedráticos de la Facultad de Derecho de la UNAM como Ignacio Burgoa Llano, Joaquín Dávalos Paz, Rodolfo Veloz Bañuelos, Jorge Sánchez Magallán, Francisco Venegas Huerta y Luis Escobar Aubert.

En el salón Emiliano Zapata de la CNC, los ponentes expusieron su desacuerdo a los cambios artículo 217, donde se plasma que los ejidatarios pueden en cualquier tiempo acudir al amparo agrario, que los legisladores panistas quieren acotar a 8 meses.

Oscar García Barrón, presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, inauguró el evento a nombre del presidente de la CNC, Cruz López Aguilar, y afirmó que dicha reforma crearía un estado de indefensión hacía los 31 mil núcleos agrarios, que son propietarios de 105 millones de hectáreas de tierra en el país.

El diputado federal y líder de los cenecistas del estado de Durango, sostuvo que el derecho agrario es un instrumento de protección para los más pobres, y subrayó: "Traigo el compromiso y la representación de los diputados de la Comisión de Reforma Agraria, en forma puntual y precisa, de que no estamos de acuerdo en que el amparo agrario desaparezca como muchas voces han manifestado".

Por su parte, Luis Alan Pérez Escudero advirtió que los 84 diputados federales de la CNC constituyen una fuerza considerable para que la destrucción del amparo agrario no se lleve a cabo, ya que la justicia agraria da paz y tranquilidad al campo, donde existe una cuarta parte de la población del país.

El líder juvenil manifestó que modificar el amparo agrario dejaría a los núcleos agrarios en "las garras de la  voracidad de banqueros y financieros; es decir, gente de dinero que están comprando ejidos completos, principalmente en Quintana Roo".

A su vez, María Magdalena Sánchez Conejo, catedrática de la UNAM, advirtió que se pretende anular el juicio de amparo agrario directo, con el peligro de que también se supriman los tribunales colegiados.

"Hay que destruir al Frankestein que se está proponiendo en contra de la propiedad del ejido, porque debe haber respeto a la dignidad de los pueblos indígenas, de los ejidatarios y de los comuneros, para que no suceda otra conflagración como la del 1910 que la causó precisamente el despojo de las tierras, el maltrato a los humildes y a los campesinos. Estamos seguros que no pasará", sentenció.

Ricardo Delgado Robles, secretario de Asuntos Jurídicos del CEN de la CNC, exhortó a detener este atropello, que pretende quitarles esa defensa y ese derecho a los campesinos de México.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/notas/688509.html

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que indica que Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años, murieron por un fuego cruzado, carece de sustento.

Con las evidencias y testimonios que obtuvo la CNDH, se concluyó que la escena en la que murieron los dos niños fue alterada y que, incluso, la camioneta de la familia fue baleada cuando sus ocupantes ya la habían abandonado, en un aparente intento por cambiar la versión de los hechos.

El organismo emitió una recomendación a la Sedena y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se realicen las acciones correspondientes a fin de que se esclarezca la agresión y se repare el daño a las víctimas del ataque con disparos de arma de fuego y granadas, realizado por efectivos militares a 13 civiles el pasado 3 de abril, en Ciudad Mier, Tamaulipas.

Ponen en duda versión de la Sedena

El argumento difundido por la Sedena sobre el caso sostiene que los hechos tuvieron su origen en un enfrentamiento entre militares, quienes iban con dirección a Nuevo Laredo, y varias camionetas en las que viajaban presuntos miembros de la delincuencia organizada, con dirección a Ciudad Mier, a la altura del kilómetro 17.

La CNDH consideró que la versión es incompatible con el resultado que arrojan las evidencias obtenidas por el organismo.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que de acuerdo con la normatividad cuenta con 15 días hábiles para analizar los fundamentos de la recomendación, “por lo que en su oportunidad se determinará si se aceptan o no los términos de la misma”.

El ombudsman nacional Raúl Plascencia informó en conferencia de prensa que se observa “con preocupación” el contenido del informe de la autoridad responsable, pues “no tiene sustento ni apego a las evidencias”. Aseguró que hubo un indebido levantamiento de indicios y de preservación de las evidencias.

“Las víctimas no opusieron resistencia ni realizaron algún tipo de ataque a los elementos militares, lo que revela un uso arbitrario de la fuerza pública”, dijo Plascencia, quien también detalló que la CNDH observó violaciones al derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, al acceso a la justicia, a la legalidad y a la seguridad jurídica.

Así como al derecho de los menores a que se proteja su identidad, por actos consistentes en privación de la vida; atentados a la integridad y seguridad personal; uso arbitrario de la fuerza pública; tratos crueles, inhumanos o degradantes; omisión de auxilio; alteración de la escena de los hechos, y ejercicio indebido de la función pública.

Aseguró que los testimonios de las víctimas coinciden al señalar que no llevaban camionetas adelante o atrás, que la visibilidad era clara y que disminuyeron la velocidad cuando un militar les ordenó parar.

El titular de la CNDH explicó que, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, el padre de familia que conducía la camioneta avanzó hasta que los efectivos militares se lo indicaron, sin embargo, en ese momento empezaron a dispararles, por lo que huyeron al monte hasta que encontraron una casa donde les brindaron auxilio.

Derivado de ello, la CNDH inició una investigación de oficio. A partir de ahí el organismo realizó 12 solicitudes de información y de colaboración, 25 entrevistas con agraviados, autoridades y testigos, y nueve visitas al lugar de los hechos.

Más casos de agresiones a civiles

Interrogado sobre si piensa que hay un plan del gobierno federal para ocultar agresiones y violaciones a los derechos humanos, Raúl Plascencia dijo que estará al tanto para evitar que eso ocurra.

La discusión del dictamen sobre el caso de la guardería ABC presentado por el ministro Arturo Zaldívar dejará huella en la conciencia jurídica y moral –si es pertinente usar tales términos– de la sociedad mexicana, cualesquiera sean, al final, las conclusiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo pronto, cuando aún falta un buen trecho para agotar todos los temas, la ponencia ya ha sido rechazada en un capítulo fundamental: el máximo tribunal sólo confirmará si en la tragedia de Hermosillo se violaron las garantías individuales de las víctimas, pero adelanta que no se atribuirán responsabilidades a los funcionarios mencionados en la investigación. Con ello, el tema de fondo de la argumentación de Zaldívar, el binomio impunidad/responsabilidad incluido en su alegato innovador sobre la facultad de investigación derivada del artículo 97 constitucional, quedará subsumido (y anulado) en un ejercicio jurídico semejante al de otros casos donde la Suprema Corte investigó graves violaciones a los derechos humanos (Oaxaca), sin consecuencias ulteriores para los funcionarios públicos involucrados en los hechos. Es verdad que el pleno de la Corte no puede imponer sanciones penales o administrativas, pero la facilidad con que se hizo a un lado la mera posibilidad de interpretar la facultad de investigación (y por tanto a la Corte misma) como una pieza indispensable para la mayor eficacia del sistema de protección de los derechos humanos establecido constitucionalmente nos revela, al menos para quienes sin ser abogados observamos los trabajos del pleno, que la Corte no dispone de los reflejos, la energía y la vitalidad que al día de hoy le permitirían sintonizar con un país que sólo puede reproducir el sistema democrático si está dispuesto a realizar cambios sustantivos en los poderes del Estado.

Sin embargo, el dictamen tiene un valor intrínseco, pues más allá de los detalles terribles de la investigación de la tragedia, en él se presenta una suerte de radiografía de la situación en que se hallan las administraciones públicas encargadas de los derechos sociales. Allí están reflejadas la cuarteaduras, las grietas que debilitan el estado de derecho y las instituciones, la confusión y el desorden reinantes en las políticas públicas, las omisiones que actúan como precursores de las violaciones a las garantías individuales, pero también se pone de relieve, como bien lo ha señalado Jesús Silva Herzog, hasta qué punto la irresponsabilidad está instituida como fuente inagotable de esa lacra llamada impunidad que multiplica al infinito la desconfianza ciudadana en la autoridad.

El dictamen de Zaldívar tiene el mérito de no refugiarse en los formulismos para comenzar a resolver el problema que afecta al Estado como tal: frente al fracaso de los instrumentos ordinarios de la justicia (y ese es el problema toral que se queda sin respuesta) para atender situaciones como la de la guardería, el ministro propone redefinir el papel del máximo tribunal para, sin quebrantar la Constitución, darle a sus resoluciones en la materia la fuerza política y moral que en un régimen democrático proviene con toda legitimidad del órgano encargado de velar por la Constitución y sus valores.

Como era previsible, contra la opinión de Zaldívar se alzaron de inmediato las voces de la mayoría, acusando al ponente de proponer la creación de un tribunal de conciencia, cuando, como señaló el ministro Silva Meza, quien junto con Olga Sánchez argumentó a favor del dictamen, la facultad investigadora debe verse como un mecanismo notable y puro de control político constitucional, de control de responsabilidades constitucionales derivadas de violaciones graves de garantías individuales. En ese sentido, ¡cuánto favorecería a los sujetos de las políticas sociales saber que las omisiones de la autoridad en la aplicación legal de las políticas públicas también podrían considerarse como el punto de partida para fijar responsabilidades en situaciones que implican violación a los derechos humanos! Pero no ha sido posible, por ahora. Lo que ya no parece lógico es el desprecio de algunos ministros por la dimensión ética o moral de sus resoluciones, como recordó Silva Meza, pues si bien negar la autoridad moral de la Suprema Corte en relación con su papel como intérprete de la Constitución es un contrasentido, si la ultima autoridad moral de decir lo que dice la Constitución no está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces en quién está.

Pienso que la exhibición de la responsabilidad –y ésta debe probarse con argumentos legales– de un funcionario no significa pasar un juicio sobre sus valores morales, pero sí implica, ciertamente, la reprobación pública de aquella conducta que, bien por acción o bien por omisión del cumplimiento de la ley, tiene un efecto negativo sobre los hechos investigados. En condiciones de normalidad democrática, se esperaría antes que nada la renuncia de los funcionarios involucrados, así fuera para facilitar las averiguaciones, pero en México esa actitud sería una afrenta a la lógica del poder prevalenciente gracias, en parte, a las grandes lagunas del estado de derecho y su operación concreta. Que la Corte sólo pueda dictar una resolución moral no es lo que en última instancia define el interés del planteamiento del ministro Zaldívar. Pero cuando las demás instancias jurisdiccionales deciden no sancionar a los funcionarios, ya sería un alivio que el máximo tribunal aceptara, al menos, documentar la impunidad y señalar sin ambages a los responsables. Por eso resultan preocupantes las opiniones que subestiman, cuando no desprecian, las sanciones morales porque, según esto, con ellas se exime a los presuntos responsables de un juicio en forma que en la vida real no llegará nunca. ¿Tomará cartas el Legislativo para hacer las reformas que cierren de una vez las puertas a la impunidad?

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/06/17/index.php?section=opinion&article=019a2pol

El gobierno del Distrito Federal (GDF), junto con la empresa Controladora Vía Rápida Poetas, analiza la modificación del trazo de la Supervía Sur-Poniente en una área de cinco metros, que corresponde a la rampa de acceso de un condominio horizontal en la avenida Desierto de los Leones cuyo fiduciario, Banamex, obtuvo una suspensión definitiva.

Fernando Aboitiz, secretario de Obras y Servicios del DF, aseguró que la afectación es mínima, toda vez que la solicitud del juez es que se cuide el acceso al terreno. “No le veo inconveniente”, sostuvo.

Explicó que desde que se diseñó el trazo de la vía que conectará a la zona de Santa Fe con el Periférico Sur, se consideró “un colchón” de terreno de cinco metros por lado para tener margen de maniobra en el trazo de la vialidad de peaje.

“Hacer un pequeño tapial antes y con ello se modifica un poco la forma de acceso a uno de los puentes, y ya se resuelve el problema. No le vemos ningún inconveniente”, detalló Aboitiz Saro.

No creen que exista problema

Por su parte, la consejera jurídica y de Servicios Legales del gobierno del Distrito Federal, Leticia Bonifaz, reiteró que la suspensión definitiva que obtuvo Banamex no significa que se vayan a detener los trabajos, sino que se cuide la rampa.

“Yo no veo ningún problema con que le resuelvas el problema a ellos y que la vía vaya. Es perfectamente compatible. No es un obstáculo ni grave, ni delicado, que vaya a afectar la construcción de la obra”, sostuvo la funcionaria capitalina.

Aboitiz y Bonifaz, por separado, descartaron que con la suspensión definitiva que se otorgó la semana pasada se vayan a detener los trabajos para la construcción de la Supervía, que será una autopista de cuota que correrá a través de túneles, puentes y vías superficiales.

Sobre los juicios de amparo que están en curso por el proyecto —13, según datos del gobierno capitalino—, Aboitiz dijo que “una cosa es que le den ingreso, y otra la razón en el amparo. Se llega negociar el valor de la propiedad, se llega a un acuerdo y se desiste. No veo ninguna posición radical para que esto no camine”.

Ayer, José Andrés de Oteyza, presidente de OHL México, empresa que junto con Copri edificará la Supervía Sur-Poniente, desestimó que el recurso jurídico sea un problema para el trazo o los trabajos de la vialidad, que ya iniciaron.

Incluso, aseguró que la obtención de los terrenos para la Supervía se está obteniendo en un tiempo récord —dos meses—, y afirmó que está prácticamente terminada la liberación de derecho de vía para edificar la autopista urbana.

Reveló que se asignaron 600 millones de pesos para el pago de las indemnizaciones, y en caso de que no se gaste la totalidad, se utilizará para construir adecuaciones viales en Santa Fe.

La Supervía forma parte del proyecto Autopista Urbana, que incluye también los tramos del segundo piso en Periférico, de Toreo a San Antonio y de San Jerónimo al distribuidor vial Muyuguarda.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/102116.html

De los 11 ministros, ocho están en contra de señalar a las autoridades responsables del incendio que costó la vida de 49 niños en la Guardería ABC

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión del caso del incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, registrado el 5 de junio de 2009, en el que murieron 49 niños y 104 más sufrieron lesiones graves.

El ministro ponente del caso, Arturo Zaldívar, leyó el proyecto de sentencia. Señaló que existió violación grave a las garantías individuales.

"La tragedia que nos ocupa es una enorme injusticia y una clara y gravísima violación de derechos fundamentales", dijo.

Durante las seis horas de las sesiones matutina y vespertina de este lunes 14 de junio, la discusión se centró en analizar si la Suprema Corte tiene facultades legales  para señalar a las autoridades responsables.

El ministro Zaldívar sostuvo que la Constitución sí faculta a la Suprema Corte para hacer señalamientos.

"Si nosotros simplemente investigamos hechos, sin señalar responsables de los hechos, me parece que la facultad está trunca", explicó.

Esta propuesta del ministro Arturo Zaldívar fue cuestionada por la mayoría de los ministros de la Suprema Corte.

De los once ministros que integran el pleno de la Suprema Corte, ocho afirmaron que señalar a las autoridades responsables es excederse en sus facultades.

El ministro Alberto Aguilar Morales señaló que "el proyecto está otorgando a este tribunal un carácter de autoridad moral, ética y política y una superioridad jerárquica que es inadecuada... no tiene la facultad de condenar a los actores, y menos moralmente".

Después de un receso de tres horas, durante la sesión vespertina el ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia propuso declarar que sí hubo violación grave a las garantías individuales, pero sin señalar a las autoridades responsables, porque, esto, dijo, no es facultad de la Suprema Corte.

"Estoy de acuerdo en que actuemos con energía, pero no sin respetar los principios jurídicos que nosotros mismos nos dimos para determinar el alcance del ejercicio de esta atribución", agregó Ortiz Mayagoitia.

Pospusieron la votación para este martes, cuando continúe la sesión.

Como primer punto votarán si la sentencia de la Suprema Corte, en el caso del incendio de la Guardería ABC, señalará a las autoridades responsables.

Fuente: http://www.generaccion.com/noticia/65020/arturo-zaldivar-ministros-debaten-caso-abc

En el sistema bancario mexicano se detectó que anualmente hay un excedente de más de 10 mil millones de dólares que se presume son recursos de procedencia ilícita, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero.

“Lo que se venía observando desde hace varios años es que el sistema bancario mexicano estaba recibiendo una cantidad muy importante de dólares en efectivo, más allá de la que se pudiera explicar por las actividades y la dinámica de la economía. Existe una presunción, que puede ser válida, de que muchos de estos dólares tengan procedencia ilícita”, dijo en conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

El titular de Hacienda y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz, anunciaron una serie de medidas para regularizar la compra de dólares en efectivo por los bancos.

Ernesto Cordero informó que las personas físicas que sean cuentahabientes de la institución podrán realizar ese tipo de operaciones, hasta por un máximo de 4 mil dólares mensuales.

En el caso de las personas físicas que no sean cuentahabientes, pero que sean residentes nacionales, tendrán derecho a realizar operaciones hasta por 300 dólares diarios y al mes por mil 500 dólares.

Los extranjeros que no sean cuentahabientes de la institución tendrán derecho a cambiar dólares en efectivo hasta por mil 500 dólares al mes.

En el caso de las empresas, los bancos sólo podrán realizar operaciones con aquellas que operen en zonas turísticas y la franja fronteriza norte, en donde el límite será de 7 mil dólares al mes.

“Es importante señalar que se mantiene sin restricción la venta de dólares por parte de las instituciones bancarias hacia el público en general, así como la compra y venta de dólares por cualquier medio distinto al efectivo”, agregó Hacienda.

Banco de México anunció que adecuará su regulación a fin de que la banca ajuste sus operaciones de compra, recepción de depósitos, recepción de pago de créditos y transferencia de fondos a las normas que expida Hacienda.

Cordero dijo que las medidas entrarán en vigor el próximo lunes para personas físicas y tardarán 90 días para las empresas.

Agregó que los centros cambiarios tendrán que ajustar sus operaciones y más adelante se presentarán medidas para restringir, regular y normar operaciones en dólares y pesos de actividades que pudieran vincularse a dinero de procedencia ilícita.

Detalló que para realizar las operaciones con la divisa estadounidense, los bancos tendrán que proceder a un mecanismo de identificación muy exhaustivo de la persona en donde documente perfectamente bien su identidad y personalidad jurídica.

El presidente de la CNBV dijo que “suena razonable” el monto de 19 mil a 29 mil millones de dólares de dólares que ingresan en forma ilegal a México desde Estados Unidos que denunció la Comisión Binacional.

“Sobre la estimación que se dio en el estudio de entre 19 mil y 29 mil millones de dólares de entrada, son estimados que no sabemos cómo se hicieron, pero sí tenemos un excedente de más de 10 mil millones de dólares, pues suena razonable ese monto que se mencionó en el estudio”, dijo.

Fuente. http://www.eluniversal.com.mx/primera/35097.html

Para promover y consolidar en Oaxaca una cultura de respeto, tolerancia y no discriminación hacia los sectores de la sociedad que se encuentran en desventaja como son las personas con discapacidad, indígenas, adultos mayores, mujeres, niños y migrantes, la LX Legislatura local ha logrado resultados positivos en este tema, a través de reformas y la expedición de nuevas leyes.

La LX Legislatura ha aprobado leyes estatales para promover los derechos humanos

Con relación al exhorto que en su momento formuló la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a los congresos de las entidades federativas para que inicien o cumplan en su totalidad con el proceso de armonización de su legislación con los tratados internacionales en materia de discriminación y protección de los derechos humanos, los representantes populares se pronunciaron a favor del respeto pleno y absoluto de las garantías individuales.

Indicaron que esta homologación a los ordenamientos jurídicos es una acción afirmativa a favor de quienes más lo necesitan y la oportunidad de continuar avanzando para erradicar todo acto de discriminación, además de la formación de ciudadanos respetuosos de la dignidad humana, sin importar su condición.

A través  de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y otras instancias legislativas involucradas en la materia en Oaxaca logran avances en materia de armonización de la legislación estatal  con los tratados internacionales, atentos a la consideración de que al igualar los diferentes ordenamientos jurídicos estatales con las normas federales y convenios internacionales signados por México, hace posible que éstos reflejen adecuadamente los derechos que ya están reconocidos en el ámbito del derecho internacional.

En este contexto, fundamentándose en los acuerdos y declaraciones emitidas en los diferentes foros multinacionales en que ha participado la República Mexicana y otras normas internacionales ratificadas por el Senado, el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca ha emitido la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, Ley de Atención a Personas con Discapacidad; Ley de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos  y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras.

De igual manera se han aprobado reformas a la Constitución Política local, el Código Penal para el caso de la trata de personas y otros delitos que atentan contra los derechos humanos, de tal forma que en la estructura jurídica de Oaxaca se hagan efectivos los acuerdos y convenciones internacionales que el Estado Mexicano ha aprobado en materia de discriminación y protección de los derechos humanos.

La discriminación en el estado  se extiende hacia otros grupos vulnerables como las personas con discapacidad a quienes se les niega el derecho al trabajo excluyéndolos de la sociedad; los indígenas que por su raza  y sus costumbres la sociedad los relega; las personas adultas mayores que su edad la sociedad los rechaza dejándolos fuera de diversos sectores productivos; hacia las mujeres, basada en usos y costumbres de la sociedad y los migrantes, quienes sufren innumerables abusos al cruzar ilegalmente por el país.

Es por ello que las bases jurídicas son un aspecto fundamental para darle igualdad a los desiguales y promover una cultura de respeto, tolerancia y no discriminación a los grupos que se encuentran en desventaja.

Fuente: http://ciudadania-express.com/2010/06/15/se-armonizan-en-oaxaca-ley-para-el-respeto-de-los-derechos-humanos/

La Coordinación General de Vinculación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en colaboración con el Instituto de Selección y Capacitación del Gobierno Estatal, imparten el curso “Argumentación Jurídica”.

Dirigido a servidores públicos del Estado, en su mayoría defensores de oficio y jurídicos que laboran en distintas dependencias gubernamentales, éste se desarrolla en el salón del Doctorado de la Unidad Académica de Derecho.

El curso es impartido por el Director del Instituto de Selección y Capacitación del Gobierno Estatal,  Manuel Carrillo Loera, y Abigail Gaytán Martínez, docente de la Unidad Académica de Derecho.

Durante esta semana, de 4:00 de la tarde a  8:00 de la noche, se impartirá la capacitación a 22 servidores públicos, con una duración total de 20 horas, en virtud de sus necesidades y perfil profesional, además de laborar en áreas jurídicas. 

A través de esta actividad, se pretende ofrecer a los participantes las herramientas indispensables para argumentar y elaborar los documentos que requieren en las distintas actividades dentro de la administración pública, con una práctica orientada a los tribunales.

Abigail Gaytán enfatizó la importancia de la vinculación de la Universidad con el Gobierno del Estado para transmitir los conocimientos teóricos a los servidores públicos, lo cual les permitirá un mejor desenvolvimiento en su trabajo cotidiano.   

Por su parte, Carrillo Loera coincidió en la importancia que se den estos cursos con personal de la UAZ. Dentro del convenio de colaboración entre la Universidad y el Instituto se llevan a cabo otros más, según las necesidades que se presenten.

Fuente: http://www.zacatecasonline.com.mx/index.php/noticias/universidad/5333-imparte-uaz-curso-de-argumentacion-juridica-a-personal-de-gobierno

El de Chiapas es un gobierno comprometido con los derechos humanos, con un marco jurídico modelo y una estructura adecuada para prevenir la trata de personas, estos son avances que lo ubican a la delantera de otros estados de la República”, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, al reunirse con el gobernador Juan Sabines Guerrero.

Destacó que no es fácil encontrar una administración como la chiapaneca, con el compromiso, la convicción y la voluntad por hacer efectivos los derechos elementales de todos y en ese sentido afirmó que Chiapas ha tenido avances muy importantes, “quiero reconocer públicamente señor gobernador su compromiso con los derechos humanos y el de sus colaboradores, porque aquí hemos encontrado verdaderamente voluntad para hacerlos valer”.

En este encuentro el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció y agradeció el apoyo permanente del Gobierno del Estado en materia de defensa y promoción de los derechos humanos.

Al respecto el gobernador Juan Sabines Guerrero sostuvo que en Chiapas estamos muy comprometidos con esta causa y para el Gobierno del Estado es el tema principal, la gran prioridad. Por ello explicó que en Chiapas aprendimos a respetar, fortalecer e impulsar la cultura de los derechos humanos; “ha crecido la autonomía y facultades de de la Comisión de Derechos Humanos y existe un Poder Judicial con capacidad jurídica para ello”.

Dijo que prevalece una relación sana y respetuosa con el organismo encargado de velar por las garantías individuales y recalcó que su administración permanece atenta a las recomendaciones que pudiera emitir, pues está convencido que son útiles para mejorar detalles que nunca están exentos de ocurrir.

“En Chiapas estamos orgullosos del desempeño de nuestra Comisión de los Derechos Humanos; ahora nos une la defensa de los mismos pues sabemos que para velar por ellos requerimos de la ética ciudadana, es decir, mediante la participación de la sociedad”.

Recordó que Chiapas por muchos años fue señalada por problemas relativos a la violación de los derechos fundamentales y ahora, con avances a pasos agigantados, el Gobierno mantiene como prioridad respetarlos y hacer respetarlos tanto para quienes radican en el territorio chiapaneco como para quienes van de paso.

“Con esa premisa se fortalece el estado de derecho y se destaca los derechos a la educación, a la salud, a la identidad, entre otros. Como ejemplo tenemos que el mismo día en que se dio a conocer la promulgación de una ley antimigrantes en Arizona, en Chiapas desarrollábamos un foro para evaluar las condiciones y derechos de los migrantes, con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Gobierno y Congreso del Estado”.

Detalló que somos un estado que recibe año con año alrededor de 80 mil trabajadores guatemaltecos y es tarea gubernamental velar que les sean respetados sus derechos, pues hasta hace poco oír la palabra migrante era casi sinónimo de muerte, como fue el caso de los llamados maras salvatruchas.

Pero ahora existe en la entidad una Fiscalía especializada en atención a los migrantes, donde ellos pueden denunciar si son víctimas de abusos. Al respecto el gobernador Juan Sabines dijo que se ha detectado casos de tráfico de personas que han sido esclarecidos uno a uno, todo ello en congruencia con el trabajo que desarrolla el Gobierno Federal.

“Mantenemos una convivencia entre hermanos, en Chiapas ha desaparecido de nuestro léxico la palabra ‘ilegal’, pues la migración no es un delito”, manifestó categórico el gobernador del pueblo de Chiapas.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Juan Carlos Moreno Guillén, resaltó la importancia de proteger los derechos humanos y la necesidad de que toda la ciudadanía conozca cuáles y en qué consisten para poder preservarlos.

Dijo que esta tarea no sólo atañe a organismos públicos sino a toda la sociedad civil, pues exaltar los derechos humanos a través de más educación nos hace mejores mexicanos y mejores chiapanecos.

Fuente: http://chiapashoy.com/notashoy/portada/2162.html

En lo que va del 2010, el gobierno del Distrito Federal (GDF) ha recurrido a la figura de la expropiación para adquirir los terrenos que se necesitan para dar paso a la línea 12 del Metro, que irá de Mixcoac a Tláhuac.

De los 467 mil 913 metros cuadrados que se requieren para construir la línea del Metro, sólo falta por adquirir 12 mil 697 metros cuadrados, es decir, el 2.71%, esto a 10 meses de que esté terminada la primera etapa que va de Mexicaltzingo a Tláhuac.

De enero a junio, el GDF ha publicado 19 decretos de utilidad pública de predios que van desde los nueve hasta los mil 881 metros cuadrados en las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac.

De acuerdo con los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de ese número, a la fecha, se ha ordenado la expropiación de 12 terrenos que suman más de 5 mil metros cuadrados que se destinarán a la construcción de los accesos para las estaciones.

La única ocasión en que había utilizado esa facultad fue el 12 de noviembre de 2008, cuando expropió el predio de Terromotitla donde hoy día se construyen los talleres y la terminal en Tláhuac.

En ese predio, la Consejería Jurídica del DF ubicó un solo dueño y a 115 poseedores de la tierra. En el primer caso se ordenó pagar la indemnización y en el segundo se creó un programa de apoyo económico que se relanzó este año.

Enrique Horcasitas, director del Proyecto del Metro, dijo que se ha recurrido a la expropiación para resolver problemas legales en la titularidad de los terrenos, pues presentan indefiniciones jurídicas que dificultan la compra.

Recalcó que se trata de requisiciones que son pactadas con los dueños.

Las autoridades han recurrido a la compra-venta directa, al derecho de vía o paso de servidumbre y a la expropiación para contar con la superficie necesaria para construir la línea 12.

Decretos de utilidad pública

El 22 de abril, el GDF publicó un decreto de utilidad pública para expropiar 9.23 metros cuadrados de terreno para la estación de San Lorenzo Tezonco.

En este caso, como en la mayoría de expropiaciones, hay complicaciones jurídicas como lo demuestra la dirección oficial. La que aparece en los registros es Guillermo Prieto número 1, lote 05, manzana 06, colonia Miguel Hidalgo, pero que también es conocida como Barrio Santa Ana Poniente, en Tláhuac.

Para la estación Olivos, correspondiente al tramo elevado que se edifica por avenida Tláhuac, de un predio de 308.23 metros cuadrados, el Proyecto Metro sólo requiere 67.23 metros cuadrados para los accesos de la estación.

Esta se encuentraa en la casa número 5 del número 5359 de la calzada México-Tulyehualco, colonia Olivos, que también es conocida como avenida Tláhuac. El predio más grande que se ha expropiado es el correspondiente a avenida Tláhuac número 5911, colonia Barrio Santa Ana Sur, en Tláhuac, que mide mil 881.43 metros cuadrados y es necesario para dar paso al tramo elevado.

Para el tramo que une a las estaciones de Atlalilco con Mexicaltzingo, donde es la transición de la parte elevada con subterránea, se determinó la utilidad pública de dos predios.

Uno está ubicado en calzada Ermita Iztapalapa número 701, colonia Minerva, con 326.79 metros cuadrados de superficie. El segundo corresponde a un inmueble que se encuentra ubicado en Sur 125-A número 4, colonia Cipreses, delegación Iztapalapa, con 194.42 metros cuadrados de terreno.

Casi completan la cifra

Cifras de la dirección del Proyecto Metro refieren que el número final de predios que se requieren para edificar la línea dorada son 141; de esos, 84 son para la primera etapa y 57 para la segunda.

De ese universo, a la fecha se han entregado al consorcio de la línea 12 108 terrenos donde se construyen las subestaciones eléctricas, los accesos a la estaciones o para liberar el trazo. Faltan por adquirirse 27 predios, mientras que hay otros seis que están en análisis de si son necesarios o no. La primera etapa deberá estar lista el 30 de abril de 2011.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/102077.html

Para poder ejercer eficientemente cualquier función en la vida, uno como ser humano debe entregarse por completo, siempre convencido de que lo que se realiza es lo mejor que puede uno desempeñar, y así lo ha logrado en su vida jurídica el Juez Penal José Luis Garza Leal.

Amante del Derecho, desde joven vio en esta profesión la manera más fácil de conquistar su sueño, el concretar el bienestar común.

Por lo cual nuestro entrevistado, quien igualmente en cierta etapa de su vida litigó casos del fuero común y en asuntos mercantiles y de cobranzas, ahora en esta etapa de su vida nos describe que el Derecho forma la parte medular de toda sociedad.

Por lo que desde que abrazara esta profesión estuvo convencido de que en la aplicación de las Leyes, ya sea desde el lado postulante o del otro lado de la barrera, con carrera judicial, el contacto con las leyes siempre permite a la comunidad coexistir de una mejor manera.

Y es que él ha observado en su vida legal que el Derecho se debe ejercer con mucha sensibilidad, con esencia, con dignidad, no tan sólo en las tomas de decisiones que aplican sino en el simple comportamiento del ser human porque trata con las relaciones humanas siempre de facto.

Por lo cual Garza Leal quien naciera el 7 de marzo de 1949, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Generación 66- 71, de la Universidad Autónoma de Nuevo León nos describe la importancia de su vida legal y en qué etapa de su vida decide estudiar Derecho.

“En la etapa de la preparatoria, antes nos ponían exámenes de preparación para ver qué carrera te convenía más estudiar y en la preparatoria 1 donde yo estuve nos pusieron los exámenes y me dijeron, usted puede ir a contador o puede ir a la Facultad de Derecho, porque usted maneja bien los problemas sociales y en base en eso yo me decidí por la Facultad de Derecho”.

“Yo ya tenia aptitudes para estudiar Derecho porque me gustaba lo social, aunque no lo había visto desde ese punto de vista, pero sí lo palpé, lo medité y pues en mi familia me dijeron, lo que tú quieras estudiar, nada más termina la carrera, entonces yo me tomé la batuta de estudiar la Facultad de Derecho, pero yo pienso que a lo mejor cuando era uno pequeño puedes pensar en estudiar otras cosas, pero no pensabas qué ibas a ser cuando fuera mayor”.

SUS PASOS

Así el juez se va forjando diversas expectativas de lo que era la carrera y lo que le deparaba el destino en su vida jurídica, pues nunca pensó de facto hacer carrera judicial, pues en primera instancia pensaba sólo litigar.

Pero por cuestiones de espacio, de aprendizaje, de tiempo y del mismo destino así lo fueron llevando hasta concretarse como un gran jurista del Poder Judicial del Estado de Nuevo león.

Digno representantes de las leyes, del Poder y quien a base de empeño y desarrollo profesional, ha logrado sobre salir junto con grandes compañeros de profesión.

“Yo para cuando entro a la Facultad , pues me identifico con la idea básica de tener un despacho y después buscar la superación personal, pero ya en el tercer año, que por cierto nosotros fuimos la última generación que estudiamos por años, me decidí y dije bueno a dónde voy a ir y me metí de meritorio en el Juzgado Tercero de lo Civil que estaba en Matamoros y Garibaldi, era un Juzgado Mixto, Civil y Familiar- y ahí estuve hasta un año y medio, después me dieron la oportunidad de ser escribiente en la materia civil, mercantil y familiar.

El Lic. Reynaldo I. Montemayor, en paz descanse fue el que me dio la oportunidad de ser escribiente, estaba el Lic. Julio Cesar Cantú Quiroga, estaba el Lic. Agustín Quiroga Villarreal y el Lic. Benito Guajardo”.

De ellos aprendió lo más elemental que debe conocer un jurista, la sensibilidad social y el trato para con las personas.

Por lo que Garza Leal adopta de ellos casi toda la esencia en su profesión y en cómo ejercer el Derecho.

Vaya, el ser siempre todo práctico y resolver los problemas y atender a la gente de inmediato, que no se te haga muy pesado que haya mucha gente en el juzgado.

Ellos mantenían siempre las puertas abiertas, desde el Licenciado Reynaldo I. Montemayor, quien era un juzgador que tenía tres puertas, en aquellos años, él tenia sus puertas abiertas y veía y decía pásale y el que sigue que traes y resolvía los problemas lo más pronto posible.

Entonces con base en ellos así ha ido forjando su carácter profesional en el ámbito de las leyes, ya que un buen jurista necesita de ese tacto para crecer en todos los sentidos.

“Todo buen abogado debe tener el principio de la honestidad y salir adelante con su trabajo, eso es muy importante muchas veces no piensas o no lo manejas de esa manera, pero teniendo honestidad y que te den la oportunidad de que te dejen ser juez y si tuviste un buen maestro con eso sales adelante”

“Después de con el Licenciado Reynaldo me salí a litigar, porque él sólo te daba un año de escribiente y después vámonos, nos motivaba y decía que en un año era suficiente para aprender y que ya te podías ir y pues ya en el 81 regreso con el Lic. Nicolás Díaz Obregón en un juzgado de lo familiar y luego nos fuimos a lo penal y seguimos con la misma trayectoria.

Puertas abiertas salía y hablaba con la gente, que quiere usted y a resolverlo, y eso también me motivo a salir adelante en mi trabajo”.

Es de citar que en esta etapa de su vida profesional, siendo todavía un prospecto de aprendiz, es cuando Garza Leal reconoce que ya sabía que su vida en el ámbito de las leyes habría de ser en la carrera judicial.

“Si ya definitivamente en el 81 me dije no pues me voy a meter me dio la oportunidad el Lic Benito Morales y era presidente del Tribunal y me dio la oportunidad de ser secretario de un juzgado y ahí empecé y retome la carrera judicial y pues haciendo tu trabajo y con honestidad con capacidad y estudio pues en el poder judicial no te causa una extrañeza que te vayas hacia arriba”.

EL BUEN JUEZ

Para ser un buen jurista hay que amar la profesión, pero para poder amarla hay que ser sumamente empático, por lo cual ahora que es juez, lo hace de manera eficiente y es bueno en lo que hace, porque siempre antepone el sentido común a lo que sucede en la realidad jurídica.

Entonces el juez tiene que ser siempre una persona de ojos muy abiertos y de una conducta siempre abierta ante la comunidad, para que esta se sienta a gusto de que él desempeñará su mejor esfuerzo al frente de un juzgado.

“A mí siempre me ha dado buenos resultados (el ser abierto), el abogado se va a pelear pero con el proceso que ellos vean que tu eres imparcial, tanto un abogado como un ministerio publico en el caso de la materia penal, que ellos vean que tu no tienes ninguna preferencia para un lado u otro, que ellos vean que vas a decidir conforma derecho y eso es lo que le gusta a los compañeros abogados.

Y pues eso me ha dado resultados, yo los recibo me dan su conclusiones del caso, me lo platican a su manera y bueno déjenme el caso y yo en sentencia voy a resolver y la gente se va tranquila pues ya los escuchaste, inclusive a los familiares del reo o del acusado, del ofendido, los recibes platican con ellos y te exponen sus ideas y así uno tiene un panorama mas fácil para resolver la sentencia”.

Y esto lo recuerda porque cuando trabajó en el despacho del Licenciado Manuel García Cirilo, que era de hipotecaria Bancomer y manejaban puros juicios ejecutivos mercantiles sobre hipoteca, se dio cuenta del trato digno que se debe tener para con el justiciable.

Ya que a su paso fue interventor oficial de esta compañía en Parras, Coahuila donde conoció de la compañía Vinícola Márquez de Aguayo y en donde el contacto directo con la gente viera esta necesidad.

Así es que al regresar de esta faceta de su vida profesional e incursionar ya directamente en el Poder Judicial asume esta sencillez en el trato y por lo cual no ha batallado para nada en ejercer libremente el derecho.

Buscando por cierto ahora un sueño digno de concretar como lo es el buscar ser Magistrado, que es una ilusión que muchos juristas desean alcanzar.

“Soy juez penal y estoy esperando que me hagan magistrado en mi tiempo si se da la oportunidad, esa es la finalidad que piensa uno en esta vida, por eso venimos a los cursos, y tratamos de tener una vida correcta no meterse en problemas y es que la finalidad de todo compañero Juez es ser magistrado y ser presidente, pero se puede dar el caso”.

Por lo cual cree en la capacitación constante del jurista, de ir creciendo cada vez más en el ámbito profesional y no dejar para después el tomar cursos y desarrollar su talento legal.

“Definitivamente usted esta viendo que el derecho es muy cambiante y cada rato están reformas y mas reformas que se están dando y necesitamos estar estudiando todo lo que sale cada rato, tenemos reformas a diario, cada semana de los delitos penales que tenemos que estarlos adecuando a la s necesidades ahorita.

En todos lados esta así”.

“Porque lo que pasa es que el Derecho es una norma que se debe de acatar para llevar una sociedad sana y limpia, para poder convivir en sociedad que es lo que necesitamos.

El hombre es un ser social por naturaleza y necesitamos tener reglas para poder vivir dentro de esa sociedad y el der es importantísimo para poder generar lo limites de la conducta de las personas”.

Por lo cual ve con mucho agrado los avances en el Derecho, con los cambios sustentables que le dan mayor certeza a la comunidad como lo es la oralidad y métodos alternos de justicia.

“Para mi es muy importante que se llegue a la oralidad total, ahorita tenemos 4 años en materia de oralidad y ya se necesita que se incrementen mas los delitos, ya tenemos muchos delitos de manera oral pero aún faltas, esto definitivamente ayudará a adelgazar y las salidas alternas son muy buenas, el juicio de acepta tu responsabilidad ese es uno e inmediatamente en tres semanas resuelves el caso donde aceptas tu responsabilidad.

En el otro la suspensión del procedimiento a prueba, un convenio y pa afuera (reparación del daño) todo involucra y es muy bueno porque no te llegan mas que el 15 o 20% de los casos que te llegaban antes del 100%”.

Es también de citar que recuerda con sumo agrado a grandes maestros como al Licenciado Reynaldo I. Montemayor, por su rectitud, su honestidad, mucho tacto para tratar a las gentes.

Así como al Licenciado Benito Morales quien le diera la oportunidad de reingresar al Poder Judicial y su maestro Nicolás Díaz Obregón, que fue quien le impulsara a estudiar la materia penal.

Fuente: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=403912

En la renovación del consejo directivo del Colegio de Abogados de León, la nueva presidenta Rosa María Reyes Nicasio, convocó a los litigantes a atacar la corrupción jurídica.

“Tenemos que trabajar con eficiencia y calidad en nuestro colegio, para mejorar la cultura jurídica, a favor de nuestro estado y nuestro país, hay que ser un servidor de la justicia, con apego a los principios de honradez, ética, rectitud e igualdad. Con el principal interés de dignificar nuestra imagen.

“Hoy en día existe un gran reto. Ya que existe tanta corrupción en el país, y los abogados tenemos una cuota de responsabilidad y luchar por desterrar la corrupción jurídica, si todos somos concientes y comenzamos por limpiar nuestra casa, y así tendríamos otro país”, señaló ayer durante la posesión del cargo.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Raquel Barajas Monjaraz, exhortó al Colegio de Abogados a mantenerse en un trabajo constante por la superación.

“Tengo la certeza de que de este Colegio saldrán ideas concretas para el desempeño del servicio a la sociedad”, dijo.

Reyes Nicasio, señaló que uno de los problemas que enfrenta el gremio de abogados es la falta de actualización de los nuevos temas del ámbito jurídico.

“Hay que superarnos y estar actualizados en el escenario que ha cambiado, buscamos posicionar al Colegio de Abogados, en un estado de derecho”, mencionó la nueva presidenta del organismo colegiado.

La secretaria del Ayuntamiento, Mayra Enríquez Vanderkam, señaló que este colegio ha trabajado fuerte pero dijo que ante todo debe de dominar el servicio social.

“Celebro que haya ética y un ejercicio profesional serio, representa la unión el Colegio de Abogados, de un gremio libre y basado en el trabajo. Es importante que cada quien contribuya al estado de derecho, en la administración pública municipal espera una relación armoniosa, señaló Enríquez.

Uno de los retos principales que asumió Reyes Nicasio es la capacitación constante y la actualización de los temas que debe de haber para los afiliados al Colegio de Abogados.

El presidente saliente del cargo, es Luis Gerardo Gutiérrez Chico.

Fuente: http://www.milenio.com/node/463453

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, anunció que para el siguiente periodo de sesiones, enviarán al Congreso un proyecto de reforma para la quiebra de bancos insolventes.

Durante la inauguración del seminario La función de la banca para la estabilidad y el crecimiento, el funcionario dijo que este proyecto culmina la última etapa del marco legal sobre resoluciones bancarias.

“Su objetivo es crear un proceso eficiente que permita minimizar el costo fiscal y mejorar las posibilidades de recuperación de sus activos en un entorno de mayor certidumbre jurídica”, dijo.

Mencionó que se trata de una ley muy relevante porque pone orden a posibles instituciones bancarias que tengan problemas de solvencia, lo cual ayudaría a resolverlos con el menor costo fiscal posible y en el menor tiempo porque “una quiebra bancaria siempre son complicados”.

Fuente: http://www.milenio.com/node/462595

El presidente del Senado y coordinador del PRD, Carlos Navarrete, confirmó que ese órgano decidió retirar un pronunciamiento firmado por el director Jurídico de la cámara alta, en que pidió a un juzgado de distrito rechazar el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

En dicho documento el Senado rechazó también una posible irregularidad del Poder Legislativo, e incluso pidió "sobreseer", es decir cancelar, la demanda.

El pasado viernes 28 de mayo EL UNIVERSAL reveló en exclusiva para sus lectores la existencia de dicho documento, en la que el Senado emitió un pronunciamiento contra el SME.

Hoy, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, y coordinador del PRD, confirmó que decidieron retirar el documento.

"Fue retirado por el Senado de la República", informó.

Aseguró que la juez de distrito, que negó el amparo al SME en diciembre de 2009, emitió su resolución sin tomar en cuenta el documento del Senado.

Navarrete reveló que en acuerdo con Martín Esparza, dirigente del SME, se acordó el retiro formal de dicho documento.

El informe

EL UNIVERSAL tiene en su poder un informe oficial del departamento Jurídico del Senado, enviado al juez primero de Distrito, con el número DGAJA/DAY/0000-02/09 en torno al expediente de amparo 2962/2009, que además valida la extinción por parte del gobierno de LyFC.

En torno al amparo que ese juzgado le negó al SME, el Senado descartó que en su ámbito exista algún elemento para dar el amparo; consideró que el SME carece de "interés jurídico", en torno a la ley de paraestatales y sostiene que organismos descentralizados, como LyFC, están a cargo del Ejecutivo y le corresponde establecer su creación y extinción, por lo que el Congreso de la Unión no tuvo nada que ver en su desaparición.

El jurídico del Senado aclaró al juez que el daño que reclamaba el SME, es decir la extinción de LyFC, fue posterior a la aprobación de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, por tanto es totalmente independiente del Poder Legislativo, con lo que el Senado se deslinda del juicio.

"Debe estimarse que el daño que reclama la parte impetrante (el SME) del amparo se atribuye a un acto de ejecución posterior, mismo que no es propio y es totalmente independiente del ámbito de facultades y atribuciones de esta autoridad del Poder Legislativo Federal, por lo que deberá negarse el beneficio del amparo y protección Constitucional a favor del promotor del amparo", dice la respuesta de la cámara alta al juez.

En el documento, el titular de la dirección general de Asuntos Jurídicos del Senado, Carlos Cravioto Cortés, respondió al juez primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y a nombre del Senado emitió un "informe justificado" el 23 de noviembre de 2009.

En 12 hojas reconoció como "ciertos" los actos reclamados en cuanto a la participación del Senado en la discusión, votación, aprobación y expedición de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de mayo de 1986, así como la reforma realizada al artículo 16 de esa Ley publicada en ese mismo diario el 24 de julio de 1992.

Cravioto afirmó que los señalamientos del SME contra el Senado son falsos, imprecisos, "y saturados de posicionamientos personales y subjetivos del quejoso". Debe estimarse -dijo- "que el daño que reclama la parte impetrante del amparo se atribuye a un acto de ejecución posterior" totalmente independiente del Legislativo Federal.

Aclaró que el proceso para aprobar la ley siempre se apegó "a derecho, tanto en procedimientos como en forma legislativa" y no deriva en un perjuicio contra el SME.

Sostuvo que la aprobación de la ley  "no causa afectación alguna en los intereses jurídicos de la parte quejosa", por lo que pidió "sobreseer" el juicio.

Uno de los principales argumentos del Senado fue que el SME carece de "interés jurídico", ante la ley de paraestatales que establece bases para el funcionamiento de organismos paraestatales, "no así para agrupaciones o personas físicas por lo que el quejoso no se encuentra dentro de los parámetros".

El Senado sostuvo que la aprobación de la ley, en el contexto del acto reclamado, "no causa afectación alguna en los intereses jurídicos de la parte quejosa", por lo que pide "sobreseer" el juicio.

En el segundo argumento el Jurídico de la cámara alta dijo que el Congreso tiene la facultad exclusiva de legislar en toda la República sobre energía eléctrica, además de que los organismos descentralizados, como LyFC, están a cargo del Ejecutivo y le corresponde establecer su creación y extinción.

Destacó que la parte quejosa es un particular al cual no se  le dirigió especialmente el texto de la ley que pretende impugnar.

El jurídico reiteró que la ley aprobada por el Senado y el Congreso es totalmente valida, de acuerdo con el artículo 72 Constitucional.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/notas/686543.html

La Secretaría de la Función Pública (SFP) denunció penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) a cinco ex servidores públicos de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) por un daño patrimonial que suma más de mil 800 millones de pesos, ilícito por el que podrían alcanzar hasta siete años de prisión.

“La secretaría sancionó a estos ex servidores públicos con la inhabilitación de 11 hasta 15 años para trabajar en el servicio público, pero mantiene abiertos expedientes de responsabilidades administrativas adicionales que probablemente deriven en sanciones económicas y que pueden ser de hasta tres veces el monto del daño ocasionado.

“El material vendido de manera ilegal es equivalente a tres veces la red del Metro de la ciudad de México o siete veces el acero de la Torre Eiffel”, subrayó el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.

En conferencia de prensa, el funcionario informó que en la denuncia penal están involucradas presuntamente cuatro empresas por actos ilícitos realizados a partir de 2003 y hasta 2008, cuando los ex servidores públicos entregaron a dichas empresas vías férreas y accesorios.

“Los involucrados carecían de facultades legales, además de que no dieron aviso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni solicitaron autorización a la Función Pública”, explicó Vega Casillas.

Comentó que hasta el momento no están relacionados representantes del Sindicato Ferrocarrilero, pero, “quiero insistir que tenemos todavía algunos procesos adicionales de responsabilidades en investigación”.

Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), organismo en liquidación, realizó cuatro licitaciones entre 2003 y 2005 para vender chatarra mediante subasta pública, pero no entregó todos los bienes licitados, considerados chatarra, a cuatro empresas adjudicadas, lo que generó un adeudo de 10 millones de pesos de aquel tiempo.

Los involucrados

Los funcionarios involucrados son el delegado fiduciario especial de Banobras y encargado de la liquidación, Enrique Alejandro Rivas; el subdirector general Jurídico, Efrén Alejandro del Pozo; el subgerente de Servicios Especiales, Antonio Paredes; el jefe de área de la Subdirección General Jurídica, Saúl Román Tiburcio y el jefe de área “C” de la Subgerencia de Servicios Especiales, Pedro Rodolfo Muriel.

Estos ex funcionarios recibieron inhabilitaciones para trabajar en el servicio público que van de 11 a 15 años, además de la responsabilidad para la reparación del daño económico por haber incumplido con la entrega de chatarra que generó un adeudo de 10.3 millones de pesos con las empresas adjudicadas.

“Estamos con otro proceso de responsabilidades en donde estamos determinando la parte de las sanciones económicas en estos casos. También tenemos en proceso todo lo que son las investigaciones patrimoniales de los ex funcionarios públicos que han sido mencionados”, detalló el secretario Vega Casillas.

Todos ellos habían sido sancionados con anterioridad, como Paredes, quien fue destituido e inhabilitado por seis meses en marzo de 2009 por violaciones en el proceso de contratación, o Muriel, quien había sido sancionado en noviembre de 2009 con la destitución e inhabilitación por seis meses por no cumplir con la normatividad en los procedimientos de contratación.

52 mil toneladas de vías

Vega Casillas explicó que mediante auditorías a Ferrocarriles Nacionales de México se detectaron las irregularidades, “al disponer de bienes sujetos al régimen de dominio público que son propiedad de la Federación, como son las vías férreas”.

“Es decir, que dispusieron de bienes que no son sujetos de comercio, además, no cumplieron con los requisitos legales para desincorporar dichos activos, como lo establece la Ley General de Bienes Nacionales”, indicó.

Explicó que dichas vías férreas tenían una extensión de más de 590 kilómetros, con un peso aproximado de 52 mil toneladas de acero de la más alta calidad, instaladas en cinco entidades: Chihuahua, Michoacán, Durango, Jalisco y Puebla.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/178253.html

Las dos innovaciones institucionales más importantes que sucedieron en el sexenio de Vicente Fox fueron la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Aunque ambos esfuerzos fueron producto de una intensa movilización ciudadana, lo cierto es que en ambos casos el correspondiente procedimiento legislativo tuvo como uno de sus orígenes sendas iniciativas del Presidente entonces en funciones.

Es una lástima que el Presidente Calderón no haya decidido seguir esa senda de compromiso con las mejores causas ciudadanas, íntimamente vinculadas con la extensión de derechos fundamentales y con el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas.

No solamente no ha habido iniciativas en esos y otros campos cruciales por parte del Ejecutivo Federal, sino que desde las más altas instancias del gobierno se han promovido cambios regresivos y peligrosos. Eso demuestra que algunos funcionarios se sienten muy cómodos viviendo en la opacidad y preservando el sigilo en el ejercicio de sus funciones.

Durante este sexenio se aprobó una modificación legislativa que permite mantener bajo secreto las averiguaciones previas federales ya terminadas, con lo cual se fortalece la desconfianza en la PGR y se debilita la rendición de cuentas a la que deberían estar obligados todos los órganos del Estado mexicano.

La falta de compromiso de la administración de Calderón con la transparencia se demuestra por acción y por omisión. Por acción al impulsar iniciativas regresivas y perjudiciales. Por omisión al no comprometerse con iniciativas garantistas y de avanzada. Hace varios años que deberíamos haber tenido una nueva ley federal de transparencia, pero el Ejecutivo no parece estar preocupado por ello, al grado que no ha presentado ninguna iniciativa al respecto, ni en materia de acceso a la información ni en materia de protección de datos personales.

Un caso emblemático del nivel crítico en el que estamos instalados se observa en la resistencia de Hacienda, sin duda por instrucciones del Presidente, de negarse por todos los medios a cumplir con un mandato del IFAI para entregar información sobre créditos fiscales “perdonados”, cuyo monto supera los 70 mil millones de pesos, nada menos. Se ha recurrido a todo tipo de estrategias para evitar cumplir con lo señalado por el IFAI: amparos, recursos administrativos, quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una batería de argucias para dejar de cumplir la ley. Por si todo eso fuera poco, se acaba de lanzar un duro golpe contra la transparencia por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que acaba de entender en el Juicio de Nulidad 826/08-17-10-2 que las autoridades tienen una especie de “derecho” a no entregar información pública y que para hacerlo valer pueden acudir ante esa instancia. Lo curioso de esa decisión es que es contraria a varias normas jurídicas, pero sobre todo a la interpretación que ya han hecho varios tribunales colegiados de circuito (por ejemplo en el Amparo Directo 78/2007 y en el Amparo en Revisión 458/2004).

El contexto, en suma, no permite en modo alguno al optimismo sobre el futuro de la transparencia y del derecho de acceso a la información. La única esperanza reside en la posibilidad de que la opinión pública reaccione frente a una cadena de burlas y desprecio hacia sus derechos. La transparencia ha sido, desde su inicio, un tema de la sociedad civil que siempre le ha resultado incómodo a los funcionarios. Si por ellos fueran el secreto absoluto sería la regla permanente en la administración pública.

El avance de los derechos fundamentales y su garantía efectiva es una tarea democratizadora, pero sobre todo civilizatoria. No podemos dar pasos hacia atrás, porque de esa manera estaríamos saboteando nuestro presente y nuestro futuro. Ojalá que en la última parte del sexenio de Calderón pueda revertirse las malas cuentas que llevan hasta hoy. México lo merece.

www.miguelcarbonell.com twitter: miguelcarbonell

Investigador del IIJ-UNAM

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48579.html

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro y Castro, aclaró que no fue consultado por el Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) sobre el caso del candidato a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez.

“Se trata de una opinión personal publicada en su página en una red social  (Facebook)”, señaló en un comunicado difundido por la Cámara de Diputados.

El martes pasado, el coordinador del DIA, Manuel Camacho Solís –quien estaba acompañado por los dirigentes del PRD, Jesús Ortega; PT, Alberto Anaya, y Convergencia, Luis Walton--, dijo que habían consultado a Castro y Castro sobre el caso de Gregorio Sánchez y que éste les había respondido con una carta firmada por el exministro.

Castro y Castro dijo que no participará en la defensa jurídica de Sánchez Martínez, y señaló que sólo daría su “opinión jurídica y únicamente en determinados aspectos”.

Afirmó que no conoce a Gregorio Sánchez ni a su equipo jurídico, encabezado por Gonzalo Aguilar Zinser.

“Aceptaría un trato de profesionistas, colegas y, por supuesto, me pondría a disposición de ellos en lo personal y en lo profesional y en las cuestiones que pueda decir: en esto opino y en esto otro no opino nada”, añadió.

Para evitar “confusiones”, Castro y Castro dijo que hará otro comentario en su página de Facebook para aclarar que no es abogado ni asesor de Sánchez Martínez, actualmente preso en un penal federal en Tepic, Nayarit, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Por otro parte, el dirigente del PRD, Jesús Ortega Martínez rechazó las acusaciones en su contra que le hizo el gobernador de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto, en el sentido de que se tomarían instalaciones y se bloquearían vías de comunicación como parte de la defensa de Gregorio Sánchez.

Por medio de un comunicado, Ortega afirmó que eso es “falso”.

Señaló que el PRD no realizará ninguna movilización que afecte al municipio de Benito Juárez, donde se asienta Cancún. “Nuestra defensa se apegará al marco de la ley. Estamos seguros de que, por esta vía, lograremos que nuestro candidato sea absuelto de los cargos que injustamente le atribuye la PGR”, añadió.

Reitera su preocupación sobre la postura del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de aceptar juicios de nulidad contra las resoluciones del organismo cuando por mandato de ley el tribunal no tiene facultades

Los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que preside Jacqueline Peschard, se reunirán este viernes con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para buscar un pronunciamiento claro a favor de la transparencia, por el caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que ha aceptado juicios de nulidad en contra de las resoluciones del Instituto.

"Nosotros estamos esperando un pronunciamiento muy claro de la Secretaría de Gobernación, del gobierno, de que no hay intenciones de darle marcha atrás a lo que hemos ganado en (materia de) transparencia", dijo Peschard.

La comisionada presidenta comentó que en su encuentro en Gobernación van a reiterar la preocupación del IFAI sobre la postura del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de aceptar juicios de nulidad contra las resoluciones del organismo cuando por mandato de ley el tribunal no tiene facultades.

Peschard Mariscal confió en que sea la vía jurídica la que resuelva este obstáculo en contra del derecho a la información y la transparencia, pero dijo que quieren buscar la "vía política" por medio del secretario de Gobernación.

"Para nosotros es muy importante ver al secretario de Gobernación como encargado de la política interior, el Tribunal depende del Poder Ejecutivo Federal, que está para vigilar las acciones de las distintas dependencias del Ejecutivo.

"Lo que a nosotros nos importa es que el tribunal se declare incompetente, eso es lo que queremos, que quede claro cuáles son las atribuciones del tribunal con relación al IFAI. El gobierno federal debe hacer un pronunciamiento muy claro como lo hizo a principio de año cuando dijo que no había ninguna intención de hacer una reforma en la Ley Federal de Transparencia para ponerle un tribunal encina (de las resoluciones) del IFAI", resaltó.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/notas/685034.html

La muerte del connacional Anastasio Hernández Rojas, quien fue víctima de una brutal agresión de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, generó severas reacciones en México. La cancillería expresó su condena y solicitó a las autoridades de aquel país se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos ocurridos el pasado viernes en San Diego, California.

La Conferencia del Episcopado Mexicano se sumó a esta exigencia y precisó que situaciones como esta propician los ambientes racistas y leyes como la SB 1070 de Arizona. “Animan la inquina en contra de los migrantes hispanos y la existencia de un clima de violencia bajo la errónea idea de que se está invadiendo sus territorios y restando oportunidades a los locales”, señaló Manuel Corral, secretario ejecutivo de relaciones públicas e institucionales de la CEM.

Dijo que la carencia de documentos que acrediten la estancia legal en un país no debe ser motivo para que prevalezca la agresión ni tampoco la impunidad.

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su indignación y condena por los hechos que provocaron la muerte de Hernández Rojas. Informó que a través del consulado general de México en San Diego se continuará brindando todo el apoyo necesario a los familiares del connacional –incluyendo asesoría jurídica– a fin de definir los mecanismos legales que lleven a un pleno esclarecimiento de las causas de la muerte de Anastasio y, en su caso, fincar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

En Mexicali, integrantes del Frente Cívico Mexicalense bloquearon la línea internacional entre México y Estados Unidos por espacio de cinco minutos en protesta por la brutalidad policiaca en contra de Anastasio Hernández.

La noche del pasado viernes, Anastasio Hernández fue objeto de una golpiza en la garita de San Ysidro por una veintena de agentes de la Patrulla Fronteriza, momentos antes de ser deportado de San Diego a Tijuana. A consecuencia de las lesiones sufridas, el migrante tuvo que ser ingresado en un hospital de Chula Vista, California. El personal médico determinó un día después que el paciente, originario de San Luis Potosí y avecindado en Estados Unidos desde hace 20 años, tenía muerte cerebral. Finalmente falleció el pasado lunes a causa de un paro respiratorio.

Anastasio trabajaba de limpiador de piscinas para mantener a sus cinco hijos, todos de nacionalidad estadunidense. La agencia Afp recuperó el testimonio de Martín Hernández, hermano de la víctima, quien indicó que inicialmente los agentes lo golpearon a él, aunque ya se encontraba en el piso y con las manos esposadas.

En seguida, Anastasio les gritó a los agentes que dejaran de golpear a Martín, pero la reacción de los agentes fue más violenta.

El dirigente de la agrupación, Sergio Tamay, condenó los abusos de autoridades estadunidenses en contra de migrantes que buscan mejores condiciones de vida, y tras demandar justicia por la muerte de Anastasio señaló que se realizan gestiones para la creación de un frente común de organizaciones civiles del sur de California y de Baja California para exigir un mejor trato a los connacionales, independientemente de su condición migratoria.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/06/02/index.php?section=politica&article=017n1pol

Autoridades gubernamentales y judiciales presentaron hoy una propuesta de reformas a la Ley de Extinción de Domino del Distrito Federal, encaminadas a eficientar este instrumento, que permite el aseguramiento de bienes inmuebles relacionados con la delincuencia organizada.

El documento se hizo público en el marco del foro denominado “Por una ciudad con leyes de vanguardia: Reformas a la Ley de Extinción de Dominio”, organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En entrevista, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF) Édgar Elías Azar, subrayó la importancia de fortalecer un instrumento como la extinción de dominio, cuyo objetivo es mermar la estructura económica de los delincuentes.

Destacó que desde noviembre del 2008, fecha en que se aprobó esta normativa en la capital del país, se han reunido experiencias en la práctica que arrojan la necesidad de plantear mejoras y reformas qur fortalezcan el proceso de la extinción.

Azar destacó que resulta imperante la construcción de al menos un juzgado y una Sala Penal especializada en la materia de Extinción de Dominio, con la finalidad de que atiendan de manera más expedita y con mayor profundidad los juicios en estos casos.

El procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, señaló por su parte la necesidad de que se eficiente el mecanismo de reparación de daño a las víctimas mediante los bienes que resulten asegurados de manera definitiva tras el juicio de extinción.

“Lo que queremos es que se analicen los mecanismos de distribución una vez que se aseguran los inmuebles, a fin de priorizar y darle una mayor capacidad de respuesta al fondo de atención a víctima, y que éstas se vean beneficiadas” añadió.

También se plantean reformar para fortalecer la figura del abandono de bienes, que permita un aseguramiento mucho más expedito de objetos y artículos relacionados con actividades delincuenciales, sin necesidad de esperar los tiempos procesales que requiere un juicio de extinción.

“De igual forma queremos darle mayor impulso procesal a otras figuras como lo que tiene que ver con el encubrimiento por receptación, pues eso nos daría mayor solidez jurídica al combate del robo de autopartes por ejemplo”, agregó.

Cabe señalar que las propuestas de reformar planteadas, serán discutidas y analizadas por los diputados locales que conforman la Comisión de  administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa. (Con información de Notimex/TPC)

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=265580&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC

Antes de terminar el primer bimestre de 2011 se estarán celebrando juicios orales integralmente en materia de justicia para adolescentes, así lo manifestó Edgar Elías Azar, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), ante su homólogo chileno, el Ministro Presidente Milton Juica Arancibia, en un intercambio de experiencias hacia la reforma penal mexicana propuesta antes de 2016.

"Estructurar un sistema acusatorio en los juicios penales, que deje atrás el tradicional sistema mixto y que imponga la oralidad, la imprescindible inmediatez procesal, exige un cambio  radical que abarca no sólo la parte legal sino también la  práctica y cultura jurídicas", manifestó el presidente del TSJDF.

Se trata de un cambio de 180 grados, que va de la formación de juristas hasta la investigación confiable y oportuna del delito, sin olvidar a las ciencias forenses y a la policía científica, dijo.

Ante el Pleno de Magistrados del TSJDF y con motivo de la visita de la delegación del Poder Judicial de Chile, que encabeza el Ministro Presidente Milton Juica Arancibia, Elías Azar subrayó que la Ciudad de México es la gran capital de la República, que cuenta con una población superior a los 10 millones de habitantes y una población flotante similar, visitantes que residen en los municipios conurbados del Estado de México y que conviven diariamente con los capitalinos.

Subrayó: "Nuestro Pleno de Magistrados revela esa circunstancia: el TSJDF es uno de los tribunales más grandes del mundo y con mayor número de asuntos por resolver".

Ante la delegación chilena, el titular del TSJDF resaltó que el monto de los recursos que se requieren en el Distrito Federal para establecer el nuevo sistema de justicia desborda toda previsión presupuestal utilizada para otros casos y experiencias.

Para atender debidamente la reforma de justicia penal, afirmó Elías Azar, se deben evitar simulaciones o respuestas que dejan una reforma inacabada.

"Por apresuramientos, por llenar páginas de discursos políticos, se anunciaron con mucha antelación implementaciones del nuevo sistema judicial acusatorio y oral y hoy día se cae en la cuenta de la simulación, pues todo se cambió para que nada se cambiara; un gatopardismo judicial verdaderamente imperdonable y siempre cuestionable", agregó.

Reiteró que toda norma jurídica que se expide para regular nuestra vida institucional debe estar acompañada de su respectivo estudio de impacto financiero. Las cosas deben hacerse como se debe y en el caso del Distrito Federal se requieren cálculos dignos, a la altura de esta macrourbe.

Aclaró: "No es lo mismo trabajar para resolver problemas donde residen tres millones de personas que donde lo hacen 20 millones".

El Ministro Presidente de la Corte Suprema de Chile, Milton Juica Arancibia, precisó que la reforma al sistema procesal chileno inició en el año 2000.

"En el Poder Judicial chileno estamos convencidos de que un Estado democrático exigía un cambio radical  en nuestro sistema procesal que se encontraba desfasado. En nuestro país se integró un gran foro para aprender, como lo están haciendo los mexicanos. Del caso argentino, de las experiencias española y alemana; así nos empapamos de la oralidad, del sistema acusatorio y ahora estamos convencidos, los jueces, de que el cambio era inevitable", expuso.

Luego de resaltar las diferencias entre Chile y México, entre una República unitaria y una República Federal, Juica Arancibia indicó que la sociedad chilena requería de transparencia en materia procesal penal, y que la reforma correspondiente avanzó a partir de un acuerdo social amplio. Mediante el consenso se creó un Ministerio Público absolutamente independiente y autónomo, se consolidó una Defensoría Penal pública y se cambió la mentalidad de los abogados, de quienes imparten derecho en las universidades.

Tenemos, aseguró, una experiencia que deseamos compartir, hemos avanzado y quiero agradecer a este honorable tribunal la generosidad con que nos reciben y reitero que estamos dispuestos para contribuir de alguna manera en el mejoramiento de su modelo de justicia. El perfeccionamiento de justicia no es para nosotros, sino para los justiciables.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/notas/684440.html

De aprobarse la reforma laboral que se discute en el Congreso de la Unión, los juicios en la materia podrían reducirse notablemente en tiempo y costo para las partes, aseguró la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Como parte de la difusión sobre las ventajas de la iniciativa de reforma, la dependencia federal detalló en un comunicado que con las modificaciones planteadas se permitirían llevar a cabo procedimientos sumarios en 56 por ciento de los juicios laborales.

Específicamente se establecería el procedimiento sumario para juicios que demanden prestaciones de previsión y seguridad social, en particular las de riesgos de trabajo y enfermedades generales, expuso.

Además refirió que para asegurar la agilidad en los procesos, la reforma propone incrementar las multas por medidas disciplinarias y apremio ante incumplimiento de las partes en los procedimientos.

Según la dependencia, el hecho de exigir que los representantes de las partes tengan títulos profesionales de licenciados en Derecho, dará certeza jurídica y evitará el 'coyotaje'.

Otra de las propuestas incluidas es establecer el Servicio Profesional de Carrera en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, esquema que podría adoptarse también en las Juntas Locales.

Ello permitiría establecer reglas claras y adecuadas para ingreso, promoción, permanencia, evaluación de desempeño, separación y retiro de los funcionarios públicos.

En aras de agilizar los procesos y adecuarse al avance tecnológico, la reforma propone igualmente desahogar pruebas por medios electrónicos y recibir como válidas grabaciones de audio y video, correos electrónicos y cotejar documentos vía internet.

La idea es agilizar en lo posible los procedimientos, para reducir tiempo y costos tanto para las empresas como para los patrones, señaló la Secretaría del Trabajo.

En cuanto a las negociaciones de carácter colectivo, la reforma establece ciertos requisitos para el emplazamiento a huelga, evitar los 'contratos de protección' y 'evitar los emplazamientos a huelga para extorsionar empresas'.

Asimismo, propone que el incumplimiento de los sindicatos a sus propias normas pueda ser considerado como causal de inexistencia de la huelga.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/notas/684218.html

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió de seis sesiones para confirmar la constitucionalidad de la norma oficial mexicana (NOM-046-SSA2-2005) que obliga a los servicios de salud de todo el país, públicos y privados, a proporcionar la pastilla del día siguiente a las mujeres que sean víctima de un ataque sexual.

Diez ministros avalaron la constitucionalidad de la norma y sólo Sergio Salvador Aguirre Anguiano votó totalmente en contra del dictamen, por considerar que dicha pastilla es abortiva.

Con la decisión, el pleno declaró infundada la controversia constitucional que presentó el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, contra la disposición federal que protege a las mujeres víctimas de violación.

En la sesión en la que Aguirre intentó, sin éxito, alargar el debate rebatiendo cada argumento y comentario que hacían sus compañeros, quienes optaron por no seguirle el juego para no postergar más la decisión, la Corte dejó en claro que de acuerdo con la Constitución, este asunto está relacionado con la salubridad general, y no con el ámbito penal, por tanto se trata de una disposición federal que deben acatar los estados.

Las instituciones de atención médica del país deberán, aplicar u ofrecer de inmediato, y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el ataque sexual, la anticoncepción de emergencia; previa información completa a la víctima sobre la utilización del método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada.

A pesar de que durante las cinco sesiones previas, los ministros habían prácticamente agotado la discusión, ayer Aguirre insistió en que la NOM era inconstitucional, porque permite aplicar métodos abortivos en casos de violación, cuando esto contradice la Constitución de Jalisco, la cual en una reforma reciente (2009) reconoció y garantizó el derecho a la vida de todo ser humano, considerado como tal desde la fecundación hasta su muerte natural.

Aseguró que el ofrecimiento de la anticoncepción de emergencia en caso de violación implicará, en un número indeterminado de casos, la práctica del aborto químico por parte de las instalaciones de salud, y añadió que esto generará un estado de inseguridad jurídica en la entidad.

Cuidadoso para no abrir una rendija nueva al debate, Luis María